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Red Internacional

The Economist. De la inflación a la insurrección

Tiempo estimado 20:11 min


Los alimentos y la energía costosos están fomentando el malestar mundial Muchos gobiernos están demasiado endeudados para amortiguar el golpe al nivel de vida.

Jueves 23 de junio | 22:08

Esta nota fue publicada originalmente por el diario financiero The Economist, y puede ser de interés para las y los lectores de La Izquierda Diario ante la posibilidad de rebeliones producto de la inflación que se está dando a nivel internacional.

“El dinero ya no tenía ningún valor en Estambul”, lamenta el narrador de “Mi nombre es rojo”, una novela de Orhan Pamuk ambientada en el siglo XVI. “Las panaderías que antes vendían grandes… cantidades de pan por una moneda de plata, ahora hornean panes de la mitad del tamaño por el mismo precio”. La casa de la moneda real estaba reduciendo de forma encubierta la cantidad de plata (metal) en cada moneda. Cuando los Jenízaros - Janissaries (una fuerza militar de élite) descubrieron que sus salarios habían sido degradados, “se amotinaron y sitiaron el palacio de Nuestro Sultán como si fuera una fortaleza enemiga”.

La inflación galopante vuelve a afligir hoy a Turquía. Oficialmente es del 73%, pero todo el mundo sospecha que es superior. Pamuk, premio Nobel de literatura, dice que "nunca había visto un aumento tan dramático en los precios". No hace predicciones sobre cuáles podrían ser las consecuencias políticas. Criticar al sultán moderno de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, sería arriesgado. Pero desde su departamento lleno de libros con vista al Bósforo, Pamuk observa que sus compatriotas están reaccionando con “conmoción, sorpresa e ira”.

Una visita a un mercado callejero sugiere que el novelista tiene razón. Un vendedor de hojas de vid se queja de que ha tenido que triplicar sus precios desde el año pasado. “La gente solía comprar 5 kilos. a la vez y guardarlos para el invierno. Ahora solo pueden permitirse 300 gramos”. Un abuelo se queja de que su pensión ha disminuido tanto que no ha comido carne este año.

“El gobierno es responsable, ¿quién más?” él dice. Votó por el partido de Erdogan en las elecciones más recientes, en 2019, pero no volverá a hacerlo. “La solución es cambiar de gobierno”, dice el vendedor de hojas de parra. “Quiero irme del país”, dice su hermano menor. “Limpiaré los baños en Europa si es necesario”.

En todo el mundo, la inflación está aplastando los niveles de vida, avivando la furia y fomentando la agitación. La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin ha disparado los precios de los alimentos y el combustible. A muchos gobiernos les gustaría amortiguar el golpe. Pero, habiendo pedido grandes préstamos durante la pandemia y con el aumento de las tasas de interés, muchos no pueden hacerlo. Todo esto está agravando las tensiones preexistentes en muchos países y haciendo que los disturbios sean más probables, dice Steve Killelea del Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un grupo de expertos australiano.

El predictor más fuerte de inestabilidad futura es la inestabilidad pasada, según un artículo de próxima publicación de Sandile Hlatshwayo y Chris Redl del FMI. Históricamente, la probabilidad de que un país experimente un malestar social severo en un mes determinado es solo del 1%, pero se cuadruplica si lo ha sufrido en los seis meses anteriores y se duplica si lo ha experimentado un país vecino, calculan. Es más probable que los manifestantes salgan a las calles si creen que otros se unirán a ellos.

Estas son malas noticias, ya que los disturbios se han estado acumulando durante años. El IEP calcula que 84 países se han vuelto menos pacíficos desde el año 2008 y sólo 77 han mejorado. Las protestas violentas aumentaron en un 50% durante el mismo período. Usando un método diferente, contando las menciones en los medios de comunicación de palabras asociadas con disturbios en 130 países, el FMI estimó en mayo que la agitación social estaba cerca de su nivel más altos desde que comenzó la pandemia.

The Economist ha construido un modelo estadístico para evaluar la relación entre la inflación y los precios de los alimentos y los combustibles, y el malestar. Usamos datos de ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), un proyecto de investigación global, sobre “eventos causados por el malestar” (es decir, protestas masivas, violencia política y disturbios) desde 1997. Descubrimos que los aumentos en los precios de los alimentos y el combustible eran un fuerte presagio de inestabilidad política, incluso los controles demográficos y los cambios en el PBI .

También encontramos motivos de alarma para los próximos meses. Está previsto que aumente el gasto en importaciones de alimentos y combustible, especialmente en los países pobres (véase el gráfico 1). Las deudas de los países pobres también han aumentado (ver gráfico 2). El país promedio de bajos ingresos tiene una relación deuda pública/ PBI de 69,9%, según estimaciones del FMI.

Esto también aumentará y superará el promedio (no ponderado) de los países ricos este año. Dado que los países pobres normalmente tienen que pagar tasas de interés mucho más altas, muchas de sus deudas parecen insostenibles. El FMI dice que 41 países, hogar del 7% de la población mundial, están o tienen un alto riesgo de “sobreendeudamiento”. Algunos, como Laos, están al borde del incumplimiento. Nuestro modelo sugiere que muchos países verán una duplicación del número de “eventos de disturbios” en el próximo año (ver mapa).

Los lugares que antes eran precarios pueden llegar a tener una precariedad extrema. En Turquía, por ejemplo, a la la interrupción de las importaciones de alimentos y combustibles de Ucrania y Rusia se suma el daño que ya está causando la política monetaria desquiciada. Erdogan cree que las altas tasas de interés causan inflación, en lugar de frenarla. Así que ha ordenado que se reduzcan las tasas incluso cuando los precios se han descontrolado.

Para defender la lira turca, Erdogan ha instado desde finales de 2021 a las personas a depositar su dinero en cuentas especiales a prueba de depreciación. El estado se compromete a compensar la diferencia si estos depósitos pierden valor frente al dólar, como lo ha estado haciendo. La lira ya ha caído casi un 25% este año. No es de extrañar que más de 960.000 millones de liras (55.000 millones de dólares, o el 7% del PBI) hayan permanecido en las cuentas por seis meses, creando una gran responsabilidad para el gobierno.

“Es la dinamita bajo el sistema”, dice Garo Paylan, un diputado de la oposición. Probablemente explotará antes de las próximas elecciones, dentro de un año. Se espera que Erdogan pierda a menos que haga algo drástico, por lo que podría hacer algo drástico. Podría comenzar una nueva guerra en Siria contra el PKK (un grupo kurdo que el gobierno llama terroristas) o prohibir la política a sus opositores más fuertes, especula Behlul Ozkan de la Universidad de Marmara. En resumen, la crisis económica podría llevar a Turquía a expulsar a un hombre fuerte errático que ha gobernado durante casi dos décadas, o el hombre fuerte podría estrangular lo que queda de la democracia turca. La tranquilidad parece el escenario menos probable.

La tormenta económica mundial ha exacerbado los problemas subyacentes país tras país. Tomemos como ejemplo a Pakistán, donde los reducidos niveles de vida ayudan a explicar por qué en abril el parlamento derrocó al primer ministro, Imran Khan, con el visto bueno del ejército. Desde entonces, ha liderado concentraciones masivas para recuperar su trabajo. En India estallaron disturbios contra un plan para reducir el número de puestos de trabajo vitalicios en el ejército. (Cuando los tiempos son difíciles, las personas anhelan especialmente la seguridad laboral).

Sri Lanka da una idea de lo rápido que las cosas pueden salirse de control. El presidente Gotabaya Rajapaksa prohibió los agroquímicos el año pasado y les dijo a los agricultores que, en su lugar, fueran orgánicos. Las cosechas se hundieron. Seis meses más tarde levantó la prohibición pero, para entonces, gracias a otras políticas necias, había muy poca moneda fuerte para importar suficiente fertilizante químico. Se predice que la próxima cosecha será miserable. Sri Lanka necesita alimentos y combustible, pero no puede permitirse importarlos.

El 9 de mayo los manifestantes se enfrentaron con una manifestación progubernamental. Empujaron autobuses a lagos o les prendieron fuego. Atacaron a los partidarios del gobierno con postes; su corresponsal también vio algunos palos de hockey en mano. Quemaron las casas de los políticos y destrozaron un museo dedicado a la familia Rajapaksa. Las tropas dispersaron a los manifestantes que irrumpieron en la residencia del primer ministro. El presidente trató de calmar a la multitud expulsando al primer ministro (su hermano).

Pero los habitantes de Sri Lanka todavía están furiosos. Los estantes de las tiendas están vacíos, incluso para lo básico, y la gente hace cola durante horas para comprar gasolina. Las escuelas y las oficinas gubernamentales están cerradas temporalmente. El gobierno ha dejado de pagar sus deudas. El 20 de junio han llegado a Colombo, la capital, funcionarios del FMI para discutir un rescate.

Prediciendo la catástrofe

Nadie puede estar seguro de qué país o región explotará a continuación. El señor Killelea se preocupa por el Sahel, que ha visto cinco golpes en los últimos dos años. Otros apuntan a Kazajstán, donde el gobierno llamó a las tropas rusas para ayudar a reprimir los disturbios civiles en enero, o Kirguistán, que depende del trigo y las remesas de Rusia y ha derrocado a tres presidentes desde el año 2005.

Un país con casi todos los presagios del caos es Túnez. Tiene un historial de levantamientos. Hace casi 12 años, un vendedor de frutas tunecino, Muhammad Bouazizi, se prendió fuego después de que la policía lo perturbara constantemente. Su muerte desencadenó la primavera árabe, una ola de protestas que barrió el Medio Oriente y derrocó a cuatro presidentes. La revolución democrática de Túnez inicialmente salió bien. Pero el año pasado el presidente, Kais Saied, asumió poderes autocráticos. La caída del nivel de vida ha vuelto a convertir al país en un polvorín.

La mitad de la población tiene menos de 30 años y un tercio de los hombres jóvenes están desempleados. En los barrios marginales alrededor de Túnez, la capital, merodean por las esquinas de las calles, fumando y lamentándose. “Los jóvenes aquí no tienen nada que perder. Se unirán a algún levantamiento solo por la oportunidad de robar teléfonos y asaltar tiendas”, dice Muhammad, un joven de 23 años que vende marihuana en la calle.

“Siempre estoy enojado, desde el comienzo del día hasta el final”, dice Meher el Horchem, que trabaja en un café en Goubellat, un pequeño pueblo. El negocio ha bajado entre un 70 y un 80 % en los últimos meses, reconoce: “Nadie puede darse el lujo de salir”. Agita un billete de 20 dinares ($6,40) en el aire. Es el salario de su día. “Entras en una tienda con esto y sales sin nada”, se queja.

Tiene 30 años y vive con sus padres. “Por supuesto que quiero casarme. Todo el mundo lo hace”, dice. Pero no puede permitírselo con sus salarios reducidos por la inflación. “No puedo tener una vida”, se enfurece y agrega: “Todos los jóvenes están enojados con el sistema. Espero que Dios no conduzca a una guerra civil”.

Hasta ahora, no lo ha hecho. Pero una huelga general el 16 de junio detuvo autobuses y trenes. El gobierno está tratando de llegar a un acuerdo con el FMI, pero un importante sindicato se opone a sus condiciones, que incluyen la reducción de los salarios del sector público. El presidente Saied está tratando de reforzar su propio poder: el 25 de julio los tunecinos votarán una nueva constitución, cuyo texto aún no les ha mostrado.

Los tunecinos comunes anhelan las calorías, no la reforma constitucional. Pero las políticas destinadas a saciar su hambre tienen consecuencias perversas. Como muchos países, Túnez fija el precio de un alimento básico (en este caso, el pan). Los subsidios al pan cuestan más a medida que aumentan los precios del trigo; esta es una de las razones por las que el gobierno necesita un rescate del FMI.

Mientras tanto, los agricultores deben vender su grano al estado a un precio fijo y bajo, lo cual desalienta la producción. En un campo cerca de Goubellat un grupo de trabajadores comparten el almuerzo. “La tierra en este país es buena”, dice Neji Maroui, su gerente. Hay un montón de tierra libre. Si pudieran ganar al precio de mercado por su trigo, plantarían más, dice. Pero reciben menos de una quinta parte del precio internacional, así que no lo hacen.

La inflación estimula la corrupción, argumenta Youssef Cherif del Centro Global de Columbia en Túnez. En los países pobres, cada funcionario suele mantener una gran familia extendida. Las facturas de los comestibles han subido. Los salarios no han seguido el ritmo. “Eso crea un incentivo para exigir más sobornos”.

A su vez, esto hace mucho más probable eventuales disturbios. A medida que se intensifican los sobornos, las posibilidades de que otra víctima frustrada como Muhammad Bouazizi organice una gran protesta en algún lugar seguramente deben aumentar. En Goubellat, Rafika Trabelsi está llena de rabia mientras corta patatas. Quería expandir su quiosco al borde de la carretera y vender una gama más amplia de bebidas y refrigerios. Pero los funcionarios locales le negaron el permiso y demolieron su pequeña extensión. Otras personas obtuvieron permisos porque pagaron sobornos, dice ella.

Aunque Putin es responsable de una gran parte de la inflación global, la gente tiende a culpar a sus propios gobiernos. En Perú, Pedro Castillo llegó al poder el año pasado con el lema “no más pobres en un país rico”. El covid-19 lo hizo más difícil: ha sido más mortal en Perú que en casi cualquier otro país, según el rastreador de exceso de muertes de The Economist . Y justo cuando la economía se estaba recuperando, la guerra de Putin cortó el suministro de fertilizantes. Perú había dependido de Rusia para el 70% de sus importaciones de urea, el tipo más utilizado. Ahora los granjeros luchan por poder abastecerse y están furiosos.

En abril bloquearon rutas para protestar contra la inflación. Se quemaron las cabinas de peaje; las tiendas fueron saqueadas. Castillo entró en pánico y trató de imponer un nuevo bloqueo al estilo de una pandemia en Lima, la capital. Los críticos lo tildaron de “autócrata”. Él cedió.

El índice de aprobación del presidente es ahora de alrededor del 20%. “Pensábamos que era como nosotros”, dice Gricelda Huaman, madre de tres hijos en un barrio pobre en las afueras de Lima, pero “se olvidó de nosotros”. A menudo se salta las comidas para que sus hijos puedan comer más. A veces no puede pagar las pastillas para el lupus, una enfermedad autoinmune. Sin su medicación, ella no puede caminar.

A menos que Perú obtenga más fertilizantes, la próxima cosecha podría reducirse drásticamente, dice Eduardo Zegarra de grado, un grupo de expertos local. Castillo ha estado distribuyendo guano, un fertilizante tradicional que Perú alguna vez produjo en grandes cantidades. Recientemente les dijo a los agricultores que “solo los perezosos” pasarían hambre. No están impresionados. “Si no vemos pronto acciones concretas a favor de los campesinos, nos tendrá en las calles”, dice Arnulfo Adrianzén, que cultiva arroz. Perú ha tenido cinco presidentes en los últimos cinco años. Puede que no pase mucho tiempo antes de que otro se ponga la cada vez más incómoda faja del cargo.

Algunos regímenes controlarán los disturbios a través de la fuerza. Nadie espera que las protestas se salgan de control en China, por ejemplo. En Turkmenistán, donde la escasez de alimentos ha sido generalizada durante mucho tiempo debido a una economía mal administrada, cualquiera que compre más pan de lo que le corresponde se enfrenta a 15 días de cárcel. Los egipcios son muy cuidadosos a la hora de hablar. Las últimas protestas masivas, en 2013, terminaron cuando el régimen masacró a unas 1.000 personas.

En Uganda, el presidente Yoweri Museveni le ha dicho a su pueblo que coma mandioca si no hay pan. Un líder de la oposición los ha instado a salir a las calles. Kizza Besigye, ex candidata presidencial, encabezó protestas durante el gran pico inflacionario anterior, en 2011. Esta vez, el estado no quiere correr riesgos. El Dr. Besigye ha sido encerrado.

Es poco probable que las protestas en Uganda tengan éxito. Como en Egipto, el estado no tiene reparos en disparar a los manifestantes. Además, muchos ugandeses viven al día, lo que hace que la protesta sea difícil de sostener: si la gente no trabaja, no come. Aun así, la frustración va en aumento. Los ugandeses gastan el 43 % de sus ingresos en alimentos, por lo que las subidas de precios los perjudican.

Los regímenes autoritarios como el de Uganda enfrentan un dilema. Para aplastar la disidencia, deben desviar cada vez más recursos a las fuerzas de seguridad y el patrocinio, reduciendo su capacidad para responder a las crisis económicas. El Dr. Besigye dice que “el aparato represivo” en Uganda es más fuerte que nunca. Pero al derrochar tanto dinero en el ejército, añade, Museveni ha “intensificado las condiciones para el descontento”.

Protestas ante la recesión

El malestar global podría obstaculizar el crecimiento. Los inversores se asustan cuando las turbas queman fábricas o derrocan gobiernos. Un documento de trabajo de Metodij Hadzi-Vaskov y Luca Ricci del fmi y Samuel Pienknagura del Banco Mundial encuentra que los grandes brotes de disturbios son seguidos en promedio por una reducción de un punto porcentual en el PIB, en relación con la línea de base anterior, un año y medio después. En teoría, esto podría deberse a que, digamos, una política anterior de austeridad fiscal condujo tanto a la ira popular como a un menor crecimiento. Pero los autores encuentran que el vínculo es cierto independientemente de si los disturbios están precedidos por la austeridad fiscal o el bajo crecimiento. Llegan a la conclusión de que los disturbios de hecho dañan las economías.

También encuentran que los disturbios motivados por factores socioeconómicos (como la inflación) se asocian con contracciones más severas que los disturbios provocados por factores políticos (como una boleta electoral disputada). Cuando el malestar tiene motivaciones tanto políticas como socioeconómicas, el daño al PBI es el peor de todos. Un buen ejemplo fueron los disturbios que sacudieron Sudáfrica en 2021, cuando el covid-19 estaba causando dificultades económicas y un expresidente rebelde instó a sus partidarios a protestar contra un juicio que se llevaba en su contra por corrupción. En el trimestre en que se produjeron los saqueos, el PBI se contrajo un 1,5%.

Un hallazgo final e intrigante es que, aunque los disturbios generalmente provocan la caída de los mercados bursátiles, este efecto históricamente ha sido insignificante en países con instituciones más abiertas y democráticas. Esto implica que las sociedades se enfrentan mejor a la agitación cuando tienen buenas instituciones y el estado de derecho.

Lo que los manifestantes de todo el mundo exigen con tanta frecuencia (un gobierno mejor y más limpio) es exactamente lo que necesitan sus países. Pero se necesita tiempo y estabilidad para poder construir. El corto plazo será turbulento.

Traducción: Gloria Grinberg





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