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La Izquierda Diario
7 de marzo de 2021 Faceboock

CRISIS POLÍTICA EN PERÚ
El Congreso de Perú derogó la ley agraria tras una semana de huelga y protestas

Tras un día de rumores y negociaciones parlamentarias, el Congreso de Perú finalmente aprobó por mayoría el viernes a la noche la derogación de la cuestionada ley agraria heredada del fujimorismo. La derogación llegó tras una semana de protestas de trabajadores agrícolas y represión policial que se cobró la vida de un manifestante.

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Tras un largo día de negociaciones e intrigas parlamentarias el Congreso de Perú aprobó en la noche del viernes la derogación de la cuestionada ley agraria. La votación tuvo lugar después de las masivas protestas de trabajadores agrícolas que desde la semana pasada comenzaron con huelgas y bloqueos en la región de Ica, para luego extenderse a otros puntos del país. El jueves por la noche uno de los manifestantes había sido asesinado por la represión policial, generando indignación y nacionalizando el conflicto.

La principal exigencia de los trabajadores agrícolas era la derogación de la Ley de Promoción Agraria nacida durante el Gobierno de Fujimori en 1993 y que permitía la precarización del trabajo agrario por medio de subcontrataciones, bajos salarios y la quita de derechos ya que los encuadraba en un convenio laboral particular totalmente flexibilizado.

La decisión fue tomada durante la noche del viernes con 114 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones del pleno del Legislativo que, de inmediato, la exoneró de la segunda votación que ordena la ley para que entre en vigencia.

El dictamen, que se elaboró como una propuesta consensuada de las comisiones legislativas Agraria y de Economía, planteó la derogación de la norma y la creación de una comisión especial que en un plazo de 15 días deberá proponer una nueva normativa para el sector.

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La derogación de la polémica ley, cuya vigencia fue prolongada por diez años en enero pasado por el Gobierno del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), era una de las exigencias de los agricultores, quienes también pidieron mejoras sustanciales en el pago diario que reciben, que bordea los 10 dólares, en promedio.

Expertos laboralistas remarcaron, además, que este régimen no establece la estabilidad de los trabajadores convocados para las campañas agrícolas anuales, que en su gran mayoría no reciben una indemnización por despido arbitrario, ya que el 90 % participa en actividades temporales.

Tras difundirse las condiciones de trabajo de los campesinos se inició una masiva campaña de apoyo a sus reclamos tanto a nivel social como político convirtiéndose en el primer conflicto de magnitud para el recién asumido Gobierno del centroderechista Francisco Sagasti. El jueves Sagasti había perdido al ministro del Interior en medio de estas protestas y de una extorsión de la cúpula policial que amenazó con una huelga en caso de que no le otorgaran impunidad por los asesinatos durante las protestas que tiraron al expresidente Manuel Merino. En ese contexto, y en el marco de la crisis política que atraviesa Perú y que acabó con dos presidentes en una sola semana, Sagasti anunció que plantearía que se modifique todo el capítulo laboral, tras fracasar mesas de diálogo con los manifestantes.

Miles de trabajadores de empresas agroindustriales de exportación mantuvieron este viernes el bloqueo de la carretera Panamericana tanto en Ica como en La Libertad, a la espera de la votación parlamentaria.

Tras conocerse la decisión del Congreso, los agricultores de Ica comenzaron a permitir durante la noche el paso de los cientos de automóviles, camiones y autobuses que permanecieron varados en la carretera.

Durante la última semana la protesta irrumpió dando a conocer la dura situación de los trabajadores agrarios, quienes realizan la recolección de diversos productos, muchos de ellos de exportación como los arándanos, espárragos o alcachofas.

Las agroexportaciones peruanas registraron en agosto último 664 millones de dólares, un 15,9 % más respecto al mismo mes de 2019, lo que hace prever que este año se superarán los 7.075 millones de dólares del año pasado, lo que representaría un récord histórico a pesar del impacto de la pandemia de la covid-19.

La ley heredada de la época de Fujimori y mantenida por todos los gobiernos que le siguieron, permitió ganancias récord para las empresas agroindustriales y penurias y explotación para los y las trabajadoras del sector. Este conflicto se cuela en medio de la crisis que vive el país y permite a los trabajadores conseguir este primer triunfo ante un Congreso desgastado y desacreditado a los ojos de la sociedad y una presidencia débil que depende de un acuerdo circunstancial de mayoría en ese mismo parlamento.

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El conflicto agrario concentra tres problemas para Sagasti. Por un lado, es el primer conflicto obrero de magnitud que hizo caer al ministro del Interior. Además tiene que lidiar con sectores burgueses de mucho peso en el país, como es la agroexportadora que viene ganando desde la época de Fujimori con esta ley, con lo cual deberá negociar algo a cambio. Y por último, la muerte del joven trabajador pone sobre la mesa el problema de la violencia policial, donde las cúpulas amenazaron con una huelga exigiendo impunidad por los asesinados en las protestas que voltearon a Merino.

Durante los debates se presentaron diferentes proyectos intentando hace modificaciones parciales que garanticen las superganancias de los empresarios, sin embargo la presión obligó a la derogatoria. Ahora habrá que esperar la nueva propuesta de la mesa que debe definir la normativa a futuro.

Pero este primer triunfo tiene la importancia de mostrar la fuerza de la protesta y de los trabajadores en sectores estratégicos, lo que podría alentar a otros sectores a salir a la lucha por sus reclamos, ante un Gobierno débil y un régimen político desprestigiado y agotado.

 
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