Política Bolivia

CORONAVIRUS Y GOLPISMO EN BOLIVIA

Presentan nuevo calendario electoral, mientras continua campaña por cierre de la Asamblea Lesgislativa Plurinacional

La crisis socio-sanitaria del Covid-19 alienta a los golpistas a ahondar el estado de excepción. El Tribunal Supremo Electoral presentó proyecto de ley con nuevo calendario electoral. Partes del espectro golpista sugieren postergar indefinidamente elecciones mientras otros quieren el cierre de la Asamblea Legislativa Plurinacional. La persecución política no se detiene.

Javo Ferreira

Militante de la LOR-CI

Domingo 26 de abril | 18:28

Foto: El País de Tarija

El jueves 23 de abril, Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), presentó un nuevo cronograma electoral para que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) pueda determinar la nueva fecha de las elecciones, que de mantener el fin de la cuarentena este 30 de abril, cuestión poco probable, podrían realizarse entre el 28 de junio y el 27 de septiembre.

Esta nueva propuesta de calendario electoral se da con motivo de la pandemia que impulsó al actual Gobierno a adoptar como una política “sanitaria” el aislamiento masivo con ayuda de las fuerzas policiales y militares, buscando fortalecer el proyecto político de la Áñez, JUNTOS, así como ir consolidando el golpe de noviembre y su gestión con un protagonismo exclusivo de las instituciones armadas.

Este virtual Estado de Excepción, está permitiendo a los ministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Fernando López, avanzar en la persecución política de los opositores, fundamentalmente al MAS, criminalizando a sectores populares e indígenas como sucedió con el abandono de cientos de migrantes en la frontera de Pisiga. así como alentar la militarización y aislamiento del trópico cochabambino, amenazando no solo con el “encapsulamiento” –nueva terminología para dar cuenta de un agravamiento del control militar de ciudades y localidades- del territorio sino también con el eventual uso de la fuerza aérea en la región bajo el pretexto de la “lucha contra el narcotráfico”. En días pasados se pudo observar la detención y allanamiento de domicilio de la alcaldesa de Vinto en Cochabamba, Patricia Arce, sin ninguna orden judicial y en flagrante violación de sus derechos constitucionales.

Romero afirmó que el nuevo calendario electoral propuesto obedece a la necesidad de brindar certeza y confiabilidad a la población sobre la continuidad del proceso electoral. Sin embargo, importantes sectores de las clases medias, vinculadas al golpe de Estado, ven como una buena oportunidad postergar las elecciones indefinidamente ante el temor de que el MAS pueda volver a ganar las elecciones.

Evo Morales desde su exilio en Buenos Aires ya había denunciado la semana pasada por su cuenta de twitter que la llegada del coronavirus “le habría venido como anillo al dedo” a los golpistas para postergar las elecciones que deberían haberse realizado el próximo 3 de mayo. Diputados del MAS estudian el proyecto enviado por el TSE con la aspiración de reanudar lo más rápidamente posible el calendario electoral, situación que es compartida con Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana al afirmar que la gravedad del escenario económico y social post pandemia necesitará un Gobierno con respaldo y legitimidad de las urnas para afrontar la crisis mediante una política de “unidad nacional”.

Por otro lado, representantes del bloque electoral CREEMOS, encabezado por los derechistas Camacho-Pumari, afirmaron a medios de prensa mediante su vocera, Roxana Lizárraga (ex ministra de Comunicación de Áñez), que “No nos afligen las elecciones, a nosotros nos está afligiendo la vida de los bolivianos y el cómo combatir el Covid-19 que ha llegado a nuestro país. Nosotros no estamos en la posición de fijar fecha para las elecciones, nuestra prioridad es otra”, en una orientación que bajo el paraguas de “defensa de la vida” pretende evitar la realización de las elecciones.

Cabe recordar que estos mismos voceros justificaron y fueron artífices centrales del golpe que terminó asesinando a casi 40 trabajadores de las barriadas populares de Ovejuyo, Sacaba y Senkata, así como las torturas realizadas a cientos de detenidos durante las primeras jornadas del golpe, seguramente también “en defensa de la vida”. Así mismo Ruth Nina, representante de las esposas de los policías y candidata de PAN-BOL (Partido de Acción Nacional Boliviano), afirmó no estar preocupada por las elecciones manifestando que esto puede esperar y que lo central hoy es resolver el problema de la pandemia del COVID-19.

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Golpistas levantan la voz exigiendo el cierre del parlamento

En las últimas semanas se ha evidenciado, fundamentalmente en redes sociales, una campaña impulsada por diversos integrantes del golpismo exigiendo el cierre del congreso, al que califican de “inconstitucional”. Esta situación se agravó luego de que la Asamblea Legislativa Plurinacional, controlada en sus dos tercios por el MAS, aprobó en diputados el proyecto de Ley 595 que limita el accionar de las FF.AA y de la policía durante la cuarentena, y que incluso establecería sanaciones a militares y policías que vulneren la dignidad y derechos humanos de cientos de personas que son regularmente detenidas por intentar procurarse alimentos rompiendo la cuarentena obligatoria. Ese proyecto de ley ha sido rotundamente cuestionado por funcionarios del órgano ejecutivo y ha levantado polvareda en amplios sectores de derecha que exigen la radicalización del control policial y militar de la cuarentena.

Los comités cívicos más importantes del país, quienes impulsaron y fueron cabeza del movimiento cívico, clerical, empresarial y policial de noviembre, se sumaron a estas exigencias. Plantean que las dietas que reciben asambleístas podrían destinarse a salud y subsidios si se cierra el congreso, al que calificaron de “facto”.

En esta línea se pronunciaron dirigentes del MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario) como Erik Sandoval que junto a algunos colegios profesionales y juntas vecinales han insistido en el cierre del parlamento. De mas esta decir, que esta campaña tiene el objetivo de avanzar y profundizar el carácter golpista del nuevo régimen, no tanto porque el MAS se haya convertido en un obstáculo absoluto a los objetivos reaccionarios de la vieja derecha neoliberal, sino más bien por la necesidad interna del nuevo régimen de consolidar el control del aparato estatal removiendo los obstáculos sobrantes del régimen de Morales y que se vieron en la necesidad de preservar para poder mantener el barniz democrático y constitucional con el que quisieron disimular el golpe de Estado y las masacres que le sucedieron.

Un eventual cierre del parlamento tendría como consecuencias inmediatas el fortalecimiento del rol bonapartista policial del Gobierno de Áñez, pudiendo gobernar por decreto y evitando la necesidad de negociar de forma permanente con la bancada dirigida por Eva Copa y el MAS.

Desde la LOR-CI repudiamos esta campaña que pretende profundizar el golpismo reforzando al Gobierno autoproclamado de Áñez, amenazando cada vez más los derechos a la organización y movilización de las y los trabajadores, única forma de defender eficazmente los derechos humanos y laborales amenazados por la creciente crisis económica y que los empresarios intentarán descargar sobre las espaldas de las mayorías trabajadoras.






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