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Red Internacional

A PROPÓSITO DE UNA CRÍTICA MAL HECHA. Política Obrera desde Argentina embellece el punitivismo sanitario del MAS en Bolivia

Albert Malaj, miembro del grupo Política Obrera dirigido por Jorge Altamira en Argentina, intentó polemizar, por medio de un artículo publicado en su página web, con la declaración de nuestra organización ante las medidas adoptadas por el gobierno de Arce frente a un nuevo rebrote de la pandemia. Aquí nuestra respuesta.

Viernes 14 de enero | 17:31 | Edición del día

Albert Malaj, miembro del grupo Política Obrera dirigido por Jorge Altamira en Argentina, intentó polemizar, por medio de un artículo publicado en su página web, con la declaración de nuestra organización ante las medidas adoptadas por el gobierno de Arce frente a un nuevo rebrote de la pandemia.

Medidas que desde la LOR-CI, organización que impulsa La Izquierda Diario en Bolivia y organización hermana del PTS, calificamos como parte del punitivismo sanitario con el que se empieza a hacer frente la pandemia, no solo en Bolivia, sino en la región y a nivel global, más allá del signo político de los gobiernos. Las medidas impulsadas por el Gobierno de Arce consisten en exigir el carnet de vacunación, o en su defecto pruebas PCR con 48 horas de vigencia, para que las personas puedan ingresar a entidades públicas o privadas (por ejemplo para trabajar).

Todos los gobiernos, alentados por las cámaras empresariales, están implementando medidas punitivistas mientras intentan flexibilizar las condiciones de bioseguridad en los lugares de trabajo ya sea acortando los días de aislamiento o incluso, como en el Estado Español, barajando la posibilidad de declarar al SARS-CoV-2 como una enfermedad endémica. El punto es que de conjunto lo que se evidencia con todas estas medidas es que están al servicio de no afectar las ganancias de los capitalistas y descargando los costos y riesgos de la pandemia sobre las mayorías trabajadoras. En última instancia, más bien, los argumentos de Malaj son funcionales o están al servicio del punitivismo sanitario que hoy despliegan los gobiernos.

Malaj, lejos de respetar las reglas mínimas para una polémica que permita, a las y los lectores, comprender los ejes del debate, solo se ha limitado a falsificar groseramente lo publicado por nuestra organización. Tan burda es la falsificación, que cualquier lector honesto y despojado de animadversión puede encontrar en nuestra declaración las respuestas anticipadas a lo esgrimido por Malaj, lo que pone en evidencia que se trata de un trabajo para “consumo interno” para “vacunar” a sus seguidores de un eventual intento de pensar críticamente.

Sin embargo, el mérito del mal artículo de Malaj es que revela sus propias inconsistencias, llegando a calificar a los decretos de Arce como “en defensa de la salud pública”. De esta manera embellece al MAS y a la oposición derechista, ya que ambos coinciden en sostener estas rígidas medidas mientras preservan la precariedad de la salud pública en el país.

El problema de la crítica de Malaj a nuestra posición puede deberse a un serio problema de lectura comprensiva aunque sabemos bien que el asunto es político y es ahí donde se exhibe su charlatanería a partir de “sacar de los pelos” citas cortadas que falsean nuestros argumentos.

A lo largo de la declaración de la LOR-CI, se puede evidenciar que el centro del artículo es cuestionar el conjunto de la política de salud sostenida desde el gobierno que ha llevado a que hoy, el llamado “sistema mixto de salud” continuado por el MAS y establecido en los 90 con las reformas neoliberales, ha evidenciado un enriquecimiento acelerado por la pandemia de todo el sector privado de salud y el colapso y precariedad del sector público. Sin embargo, para Malaj, el MAS actúa en defensa “de la salud pública”. Malaj, intenta polemizar afirmando que desde la LORCI hacemos una reivindicación de los derechos individuales sobre los colectivos. Afirma que “coqueteamos” con el pedido de organizaciones campesinas de “certificar la medicina tradicional” y de hacer unidad con antivacunas y derechistas como Trump, Bolsonaro, Milei, etc.

Para que las y los lectores puedan hacerse una idea del nivel de falsificación que realiza Malaj, y donde incluso evita referirse a párrafos que literalmente niegan sus afirmaciones, invitamos a leer la declaración de la LOR-CI, en la que la descripción de la situación objetiva es usada por este polemista para atribuir a la LOR-CI lo que su imaginación le dicta.

Declaración de la LOR-CI: El gobierno del MAS adopta el punitivismo sanitario ante un nuevo rebrote de la pandemia

La crítica de Malaj desnuda su desprecio e incomprensión de las demandas culturales y democráticas de los pueblos indígenas, a los que su organización históricamente calificó como una moda. Afirma que “coqueteamos” con el pedido de organizaciones indígenas de “certificación de la medicina tradicional”. Aquí también se equivoca. La LOR-CI, no coquetea, sino que defiende decididamente el derecho democrático de los pueblos y comunidades indígenas a preservar su cultura y hasta su derecho a la autodeterminación, si fuera el caso.

Malaj probablemente desconoce que la medicina tradicional de los pueblos indígenas viene siendo un soporte para el desarrollo farmacéutico moderno. Desde la Cumbre de Río en 1992, el interés por parte de los grandes laboratorios, sobre los recursos genéticos y conocimientos de estos pueblos, les viene permitiendo ahorrar decenas de miles de pruebas de laboratorios para encontrar los principios activos que son los que luego serán utilizados para el desarrollo de diversas medicinas. La demanda de certificación de la medicina tradicional (una demanda democrático-cultural), no puede subestimarse menos en un país cuya población mayoritaria es indígena-mestiza, particularmente, las clases trabajadoras. Seguramente nuestro polemista también desconoce que la desconfianza de los pueblos indígenas, y de amplios sectores populares y campesinos, a los sistemas de salud es el resultado de una prolongada experiencia de abusos y discriminación. Por mencionar solo algunos: la esterilización forzada realizada en los años 60 a miles de mujeres bajo las banderas del desarrollo y de la ciencia; o más recientemente, las experiencias durante el golpe de Estado del 2019 donde los colegios médicos, dirigidos por empresarios de la salud, promovieron, en la ciudad de El Alto, la negativa a atender a los heridos de la brutal represión militar y policial, llegando incluso muchos a ser agredidos físicamente en las salas de emergencia. Todas estas son expresiones de un maltrato y discriminación étnica sistemática que trabajadores y trabajadoras humildes, de las periferias y del campo, enfrentan a la hora de acceder a los servicios de salud.

Muy probablemente Malaj y su organización desconocen todo esto producto de su desprecio de la elaboración teórica y de una concepción sindicalista que les ha impedido comprender la importancia de las demandas étnicas, de la misma manera que han expresado su desprecio por las demandas de género y del movimiento de mujeres y de las diversidades y disidencias sexo-genéricas.

Finalmente llama la atención la defensa de los decretos punitivos del MAS cuando su organización se ha manifestado rechazando el “pase sanitario” en Argentina cuyo alcance es “tímido”, por decirlo de algún modo, con las medidas adoptadas en Bolivia. Esto revela, una vez más, lo errático e inconsistente de su política.


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