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Paro médico y ley de emergencia sanitaria: es necesario reorientar el debate a la nacionalización de la salud privada

El Consejo Nacional de Salud de Bolivia (Conasa) ha iniciado un paro general movilizado, que se extenderá hasta el 28 de febrero, contra la reciente promulgación de la Ley 1359 de “Emergencia Sanitaria”. En las últimas horas, médicos anuncian predisposición de diálogo con el Gobierno. Las y los trabajadores debemos exigir la nacionalización sin indemnización de la salud privada y el pase a la Ley General del Trabajo de todas las enfermeras y personal de salud.

Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Domingo 21 de febrero | 12:56

Foto: Juan Karita/AP (publicada en DW)

El Gobierno del MAS promulgó el 17 de febrero la Ley 1359 de Emergencia Sanitaria tras semanas de negociación entre el ministerio de Salud y el Colegio Médico de Bolivia. El sector señaló que se habían iniciado negociaciones pero que había al menos 3 artículos en los que no existía acuerdo y pese a ello el Gobierno terminó promulgando esta ley en el momento en el que ya habríamos alcanzado la meseta del segundo rebrote del Covid-19.

Uno de los artículos rechazados por las dirigencias médicas es sobre la regulación de precios máximos por parte del Estado para la venta de medicamentos e insumos médicos así como el establecimiento de un tarifario básico a los costos de internación y tratamiento en las clínicas privadas. Con este rechazo, las dirigencias médicas salen en defensa de los especuladores y mercaderes de la salud que quieren seguir llenándose los bolsillos y lucrando aprovechando la pandemia.

Recordemos que los precios se dispararon al punto de que la Ivermectina cuyo precio rondaba los Bs. 2 llegó a costar hasta Bs. 40 ($us. 6 aproximadamente). Es el caso también del Remdesivir que según declaraciones del viceministro de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Álvaro Terrazas, en una entrevista para La Razón a raíz de una importación de medicamentos desde la India que el Gobierno hizo para distribuir a hospitales, habría llegado a costar hasta Bs. 5000 ($us. 720 aproximadamente). Y, ni hablar de las tarifas de las clínicas privadas donde ante el desborde y carencia de los hospitales públicos muchas personas tuvieron que acudir ahí. Recién se supo del caso de un hombre venezolano que internó a su padre en una clínica privada donde falleció y se quedó con una deuda de $us. 19000 que no puede pagar y fue retenido ilegalmente por los médicos y dueños de la clínica hasta que la Defensoría del Pueblo intervino para que sea liberado. Si no te mata el virus te matan los precios de estos mercenarios de la salud.

Otro de los artículos que rechazan las dirigencias médicas es el que dispone la contratación de personal médico que puede ser nacional o extranjero, porque para las dirigencias médicas significaría "el retorno al país de brigadas de médicos cubanos" que fueron expulsados por el Gobierno de facto de Áñez. Este rechazo expresa un comportamiento chauvinista y xenófobo.

Muy probablemente el único punto legítimo del reclamo tiene que ver con la prohibición del derecho a la protesta, ya que uno de los artículos de la Ley establece la prohibición de la “suspensión de atención de servicios de salud durante el tiempo de vigencia de la declaratoria de emergencia”. Con este artículo el MAS intenta violentar el básico derecho a la huelga y a la protesta, algo que hizo de manera recurrente en sus años de Gobierno.

Es en este escenario que el Consejo Nacional de Salud de Bolivia (Conasa) instruyó a todos los colegios médicos del país a acatar un paro general exigiendo la abrogación de la Ley. Por su lado, el ministro de Salud, Jeyson Auza, señaló que se pueden resolver las observaciones de las dirigencias médicas y que por ese motivo sean parte de la redacción de la reglamentación de dicha ley.

Con estas declaraciones y en medio del tira y afloje entre las dirigencias médicas y el Gobierno, el MAS trata de abrir el espacio a negociar para que ese tibio intento de controlar un poquito los negocios de las clínicas y hospitales privados que vienen haciendo millonarios negocios desde que inició la pandemia, así como de los laboratorios y farmacéuticas que no han dejado de lucrar con los exorbitantes precios de los test y medicamentos, se mantenga intacto.

Aunque hoy, sobre la base de los datos oficiales, Bolivia estaría considerado como un país intermedio en el nivel de muertes y contagios por Covid-19, tomando datos acumulados desde que inició la pandemia con 241.000 casos y 11.390 muertes (noveno lugar en muertes –detrás de Ecuador- en Amérca Latina y el Caribe) , el desborde y precariedad de los centros de salud, la baja de personal médico por contagios y muertes, el que sigan en manos privadas las escasos UTI no ha cambiado. Y, pese a que se habla de que ya habríamos llegado a la meseta del segundo rebrote por lo que ahora lo que se espera es poder “controlar” la posible llegada de una tercera ola, lo cierto es que sigue primando el “sálvese quien pueda” combinado con innumerables y desesperadas cadenas de pedidos de ayuda para acceder a medicamentos, salas de internación, donación de dinero, etc., mientras los avisos necrológicos inundaban las redes.

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El Gobierno del MAS continúa negándose a la discusión planteada ya por diversas organizaciones, el año pasado, sobre la urgente necesidad de la nacionalización del sistema de salud privada, sin indemnización y administrado por sus trabajadores.

Mientras miles han muerto, tanto los empresarios de la salud ligados a las dirigencias médicas y a los golpistas, como también desde el Gobierno, los personeros del MAS, se enfrascan en una disputa que no resuelve los graves problemas que plantea la pandemia y que la sufren fundamentalmente las y los trabajadores y el pueblo que son quienes no pueden pagar las tarifas que exigen lo privados y que el Gobierno solo pretende moderar.

De la misma manera, ante el criminal monopolio de las grandes empresas capitalistas de las vacunas, hasta el momento el Gobierno de Arce ni siquiera se ha pronunciado para exigir el fin de las patentes para poder garantizar vacunas gratuitas y de distribución masiva para toda la población. No puede ser que países como Canadá ya tengan garantizadas vacunas que abastecen 4 veces su población mientras la gran mayoría de países del llamado “sur global”, entre los que se encuentra Bolivia, dependen por un lado de compras de vacunas a precios reservados y, por otro lado, de donaciones.

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La precariedad del sistema de salud pública al servicio de la convivencia entre el MAS y los empresarios de la salud privada

Es indudable que la gestión criminal de la pandemia de Jeanine Áñez y su gabinete fue uno de los factores que allanó a un nuevo gobierno del MAS. Pero no hay que olvidar que fue los 2/3 del Parlamento, controlados por el MAS, que barnizó de legalidad al autonombrado Gobierno transitorio avalando así todas sus medidas represivas y los negocios obscenos que hicieron aprovechando la pandemia.

Lo anterior significó un salto en la precarización de las condiciones de vida de cientos de familias trabajadoras pero también, en las condiciones de un sistema de salud público que ya venía siendo desmantelado tras décadas de gobiernos neoliberales y que el MAS no solo que preservó sino que continuó mientras se avanzaba en la privatización de este derecho humano fundamental.

Hace unos días el Diario Página Siete informaba que 600 trabajadores de la salud sufren las secuelas del Covid-19 y que un 20% quedaron tan afectados que se ven obligados a adelantar su jubilación. Pese a esto el Gobierno continúa mezquinando la entrega de ítems además de mantener a las enfermeras y a la gran mayoría de las y los trabajadores del sector en condiciones de trabajo absolutamente precarias.

Es inconcebible que estos trabajadores que han sido calificados como héroes por estar en la primera línea enfrentando la pandemia, sigan trabajando sin siquiera tener los derechos básicos que un trabajador asalariado tiene con la Ley General del Trabajo. Todo esto sin mencionar la precariedad, la falta de equipamiento e infraestructura en los hospitales así como la todavía insuficiente dotación de insumos, materiales y equipos para que las enfermeras y todos los trabajadores de la salud puedan estar menos expuestos al contagio.

Por todo esto es urgente poner fin al lucro de la salud, exigiendo la nacionalización de todo el sistema de salud, sin indemnización, y que su funcionamiento y control pase a manos de las y los trabajadores que son quienes pueden garantizar que todos los recursos sean puestos al servicio de salvar vidas.

No puede ser que las mayorías trabajadoras tengan que esperar a que lleguen las vacunas cuando probablemente no solo que llegue la tercera ola sino que con la velocidad en que va mutando el virus éstas ya no sirvan. Por todo esto, las organizaciones sindicales, las organizaciones campesinas e indígenas, el movimiento de mujeres y la juventud trabajadora debemos exigir y movilizarnos para imponer la nacionalización sin indemnización de todo el sistema de salud. Solo así y desde abajo podremos ir construyendo un sistema de salud único, público, universal y gratuito.






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