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Red Internacional

Aumento de combustibles. Paro de transportistas en el Estado español: una posición desde la izquierda y la independencia de clase

El paro es una de las primeras expresiones sociales de las consecuencias de la guerra en Ucrania. Plantear un programa que dé respuesta a las demandas de los asalariados y autónomos es clave para combatir la demagogia de la extrema derecha. Ligar este combate a la lucha contra la guerra y la escalada del imperialismo europeo es fundamental para enfrentar la barbarie a la que nos conduce el capitalismo y sus gobiernos.

Miércoles 23 de marzo | Edición del día

Una semana del conflicto del transporte está dejando estanterías vacías y empresas de la alimentación o el automóvil paralizadas. Las grandes empresas ya anuncian Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) masivos. Unas suspensiones que pueden mandar a casa a miles de trabajadores a cargo a las arcas públicas y con sólo el 70% del salario en medio de la mayor subida de precios desde los años ’70. Un golpe a los trabajadores para salvar sus beneficios que tiene la marca de Podemos. Se realizará mediante la aplicación masiva de los ERTE del Mecanismo RED de la reforma laboral de Yolanda Díaz, actual Vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social.

Este paro es una consecuencia directa de la vertiginosa subida de los carburantes tras la reaccionaria invasión rusa de Ucrania y la guerra económica impulsada por el imperialismo europeo y norteamericano.

El Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y la prensa afín tachan la propuesta como una maniobra de la extrema derecha. Responden con 15 mil antidisturbios en carreteras y autopistas y han detenido ya a más de 50 transportistas. La derecha aprovecha para intentar desgastar al Gobierno por el caos generado y de paso pide, junto a la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), más mano dura. Alberto Núñez Feijóo, Presidente de la Junta de Galicia y jefe del derechista Partido Popular, ha llegado a solicitar que se saque al Ejército a las calles. La extrema derecha de Vox se mete en el conflicto apoyando demagógicamente el paro para tratar de capitalizar el descontento y promover un programa reaccionario.

El transporte de mercancías: el reino de la subcontratación y la precariedad

¿Quiénes están parando? ¿Son patrones? ¿Asalariados y autónomos? ¿Qué reivindican? Despejemos un poco estos interrogantes para poder entender qué es lo que realmente está pasando en las carreteras y almacenes estos días.

En el Estado español hay medio millón de camioneros y más de 100 mil empresas de transporte. Esto da una media de 5 conductores por empresa. Por lo tanto, la mayor parte del sector son asalariados de pequeñas y medianas empresas o autónomos, a veces con algunos asalariados a su cargo, que trabajan para éstas o los gigantes de la distribución.

El régimen laboral es de una enorme flexibilización y precariedad por medio de una subcontratación sin límites. Una tupida red de empresas comisionistas subcontratan una y otra vez los portes, quedándose con hasta dos tercios de la tarifa. Estos intermediarios incluyen también a las principales empresas del transporte y las del sector de la distribución, agrupadas en la Asociación de Cargadores de España, donde están Mercadona, Coca-Cola la Caixa o El Corte Inglés, entre otras.

Se trata de un perverso sistema que hace que la subida de los precios del combustible recaiga sistemáticamente en el último eslabón de la cadena. El camionero ve cómo su margen se queda en el surtidor, mientras que los de los comisionistas quedan protegidos por los contratos de subcontratación. Este es el trasfondo del malestar que ha terminado estallando con la última escalada de precios del gasoil que roza ya los 2 euros el litro.

Un gobierno al servicio de las grandes patronales

La Plataforma para la Defensa del Sector del Transporte de Mercancías por Carretera, convocante del actual paro, agrupa, según sus portavoces, a 7000 transportistas. Entre ellos hay autónomos, asalariados de pequeñas empresas y también patrones de esas mismas PYMES.

Cuando en las vísperas de Navidad las patronales de las grandes empresas del gremio -agrupadas en el Comité Nacional del Transporte por Carretera y la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España- amenazaron con la convocatoria de un paro patronal; la Plataforma no se sumó.

Las reivindicaciones de ambas patronales buscaban ayudas directas a las grandes empresas, las comisionistas. Finalmente, el paro no se llevó adelante. El gobierno había cedido aprobando un Real Decreto por el que se repercutía en la factura los gastos del viaje ocasionados por los carburantes y la publicación semanal del índice del precio del gasoil.

Con la escalada de precios posterior al inicio de la guerra en Ucrania los márgenes de cada porte se han visto reducidos al mínimo. Esto asfixia por completo al último eslabón de la cadena, el que asume el costo del combustible, pero mantiene mucho más a salvo las ganancias de los comisionistas.

Por eso ni el CNTC ni la FNATE se sumaron al paro. Además, la Plataforma incluye en sus demandas (aparte de la rebaja del precio del gasoil), la jubilación a los 60 años, el reconocimiento de todos los accidentes laborales sucedidos en periodos de trabajo y disponibilidad, el fin de modelos de falso autónomo como las cooperativas fraudulentas, limitar la cadena de subcontratación o un convenio único estatal para los asalariados de obligado cumplimiento para las empresas.

La ayuda anunciada por el gobierno de 500 millones de euros para el sector no convence a la Plataforma que considera que se irá directa al bolsillo de las grandes transportistas y distribuidoras, y que no se recogen el resto de demandas.

El sesgo proempresarial de las propuestas del gobierno se corrobora con la resolución del Ministerio de Transporte que ha autorizado que los trabajadores asalariados puedan trabajar hasta 11 horas al día para aminorar los efectos del paro. Si se suman los tiempos de presencia esto suponen jornadas semanales de hasta 60 en la carretera.

El régimen de subcontratación sin límites, que es la razón estructural de la penosa situación de miles de camioneros, tampoco se cuestiona por el gobierno. La reforma laboral de Yolanda Díaz no la reguló ni limitó. Tampoco la Ley Rider afecta a los miles de falsos autónomos del transporte por carretera.

La burocracia sindical de CCOO y UGT es también cómplice de esta situación. Llevan años avalando y firmando convenios en los que se recogen dobles tablas salariales y se avala el modelo de subcontratación para abaratar costes. Ahora han decidido ponerse de costado, o más bien hacer frente junto al Gobierno sumándose a la campaña de descalificación de los camioneros.

La dirección del conflicto por la Plataforma, supone también un enorme límite para que las reivindicaciones de asalariados y falsos autónomos puedan conseguirse. Se trata de una asociación corporativa que agrupa a su vez a estos sectores con empresarios pequeños o medianos que imponen las mismas condiciones de explotación que las grandes empresas, o a veces incluso más duras.

Es imprescindible que los trabajadores y falsos autónomos se agrupen de forma independiente, y busquen la solidaridad y coordinación con otros sectores de trabajadores golpeados por el descargué de esta crisis. Si no, antes o después, sus demandas serán entregadas a cambio de ayudas a las PYMEs y su lucha subordinada a la de la gran patronal.

¿Está la extrema derecha detrás del conflicto? ¿Dónde están la izquierda y los sindicatos?

Buena parte de la “progresía”, reproduciendo el argumentario del Palacio de la Moncloa, tacha el paro como una maniobra de la extrema derecha. El peligro de que Vox capitalice este malestar es real. La extrema derecha se está metiendo y mucho. Se presenta demagógicamente como la defensora del camionero, el agricultor o el ganadero. Todo a pesar de que su programa es el de rebajar los impuestos a las grandes empresas que les explotan y desregularizar aún más las condiciones laborales y de subcontratación.

Pero si la demagogia de Abascal puede tener auditorio en parte de los camioneros, como también entre los pequeños productores agrarios o ganaderos, es en gran medida responsabilidad directa del rol de la “izquierda” que gobierna con políticas de derecha y la burocracia sindical que da la espalda a las reivindicaciones de los asalariados y autónomos del sector.

La cantinela de que todos los camioneros son “ultras” y que por eso hay que hacer frente junto al gobierno, como plantean periodistas como Antonio Maestre, no hace más que allanar el camino aún más a que Vox gane auditorio entre sectores obreros y populares. El único dique realista a este peligroso avance de la extrema derecha es precisamente todo lo contrario: levantar una alternativa que resuelva los problemas sociales de fondo de estos sectores asalariados ultra explotados o intermedios arruinados.

Por un programa que haga pagar a los gigantes del sector esta crisis

La crisis energética que recorre Europa y el mundo parece que solo acaba de empezar. La Comisión Europea discutirá este fin de semana el paquete de medidas compensatorias. Pero todo apunta a que, como vimos en la crisis de la covid-19, las recetas apuntarán a rescatar a las grandes empresas a costa de mayor flexibilidad y nuevos paquetes de rescate empresarial a costa de miles de millones de dinero público.

Las propuestas de ayudas directas a las grandes empresas o eliminación de cargas fiscales para su actividad -como forma de rebajar el precio del carburante-, que son las propuestas del Gobierno “progresista”, no son más que otra socialización de las pérdidas empresariales.

Desde la CRT (Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras, impulsora de La Izquierda Diario) pensamos que la izquierda independiente de este gobierno y las organizaciones sindicales, tanto de la izquierda sindical como de los llamados sindicatos mayoritarios, deberían en primer lugar apoyar todas las reivindicaciones del paro que apuntan contra la precariedad y la subcontratación. La jubilación a los 60 años para todos los camioneros con el 100% de la pensión, un aumento de salarios, una reducción de las jornadas, la prohibición de la cadena de subcontratación y las falsas cooperativas y un convenio estatal único donde se recojan estas y otras mejoras, deben ser respaldadas de inmediato.

A su vez hay que exigir a las centrales sindicales un verdadero plan de lucha para oponerse a los ERTEs y suspensiones, que los salarios sean garantizados con los beneficios empresariales que batieron récord en 2021 y que peleen por la indexación automática del IPC (Índice de Precios de Consumo), cláusulas de revisión salarial mensuales y la congelación y rebaja de alquileres.

Pero junto con éstas demandas de emergencia hay que plantear otras más de fondo, que tienen que tocar necesariamente los intereses de las grandes empresas del sector y los gigantes de los hidrocarburos.

Multinacionales como Repsol o Naturgy, que han tenido beneficios récord -de 2500 y 1200 millones respectivamente en 2021-, esperan seguir enriqueciéndose con el gas y el petróleo por las nubes. Es necesaria la incautación de sus beneficios, así como su nacionalización bajo control de sus trabajadores y usuarios para intervenir y controlar los precios de la energía.

Lo mismo con las grandes empresas del transporte y la distribución. Estos comisionistas sin escrúpulos esperan enriquecerse de los aumentos de precios que están carcomiendo los salarios de millones. Ellas también deben ser consideradas un sector estratégico y pelear por su inmediata intervención en la perspectiva de su nacionalización sin indemnización. Esta sería la base para establecer una empresa pública de transporte y distribución, bajo el control de sus trabajadores, que garantice condiciones de trabajo dignas para los camioneros, retribuciones justas para los pequeños productores agrarios y ganaderos, y precios asequibles para combatir el aumento súbito de la pobreza en millones de hogares.

Además, la izquierda y las organizaciones obreras deben pelear por un programa que dé respuesta a la situación de ruina a la que se verán abocados millones de autónomos y pequeños productores. Para que no terminen siendo la base de maniobra de la gran patronal y la derecha, hay que oponer a su programa reaccionario de rescate empresarial, el de pelear por impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales -solo el IBEX35 acumuló en 2021 60 mil millones- y por la nacionalización de la banca para garantizar créditos baratos y condonación de deudas o intereses a los sectores medios arruinados.

Este programa contra la crisis económica y social no puede separarse de la necesidad de combatir contra la causa de fondo: la reaccionaria invasión rusa de Ucrania y la escalada belicista y de sanciones del imperialismo europeo es el motor de esta catástrofe.

La izquierda y el movimiento obrero no podemos limitar nuestra pelea a luchar en el terreno nacional para que esta crisis la paguen nuestros capitalistas patrios. Es urgente enfrentar a nuestros gobiernos y frenar esta escalada que amenaza con empobrecernos, matar de hambre a millones de seres humanos en muchos países semicoloniales y abocarnos a escenarios de barbarie como los que vivimos en el siglo XX.

Unificar a la clase trabajadora junto a otros sectores populares detrás de un programa anticapitalista contra la crisis y una perspectiva antiimperialista e internacionalista contra la guerra en Ucrania y contra la ofensiva de la OTAN y la UE, se torna una cuestión urgente para enfrentar el ascenso se las corrientes más reaccionarias y detener una maquinaria que pone en riesgo la supervivencia misma de la humanidad.


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