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Red Internacional

Derechos democráticos en Cuba. Parlamento cubano aprueba matrimonio igualitario y convoca referéndum para su ratificación

La Asamblea Nacional aprobó la reforma del Código de las Familias y convocó a un referéndum vinculante que debe ratificarla o rechazarla para que entre en vigor. La nueva normativa introduciría cambios significativos en los derechos democráticos elementales para la mujer y la comunidad LGTBI de Cuba.

Viernes 29 de julio | Edición del día

La Asamblea Nacional de Cuba aprobó el pasado 22 de julio la nueva versión de la Reforma del Código de las Familias, que busca modificar el código vigente desde 1975. Uno de los cambios fundamentales que introduce es el matrimonio igualitario. Esta demanda es el resultado de una pelea de décadas y responde a una larga reivindicación del movimiento LGTBI y de la juventud en el país caribeño, tras sufrir durante décadas represión, miedo, persecución y negación de derechos y libertades.

Antes de entrar en vigor, el nuevo código que impulsa el gobierno de Miguel Díaz-Canel deberá ser sometido a un referéndum popular de carácter vinculante, que fue convocado por la propia AN para el próximo 25 de septiembre.

Matrimonio igualitario y otros derechos reconocidos

Uno de los principales avances que se reconocen es en la definición de matrimonio, donde se elimina toda mención a la distinción entre géneros y se define como “la unión voluntariamente concertada de dos personas con aptitud legal para ello”. La eliminación de la familia heterosexual como única legalmente reconocida como familia no sólo se extendería al matrimonio sino a todo tipo de filiación posible.

Esto implicaría la igualdad de condiciones entre parejas heterosexuales, homosexuales o monoparentales, a las retribuciones económicas y a las obligaciones y derechos familiares. La ley incluye una declaración contra la discriminación en el ámbito familiar por razones de identidad de género u orientación sexual, asegurando que se garantiza "el desarrollo pleno de los derechos sexuales y reproductivos en el entorno familiar".

Además, la ratificación de este proyecto plantearía sobre la mesa la cuestión de la multiparentalidad y nuevas definiciones de parentesco, habilitando la posibilidad de modificar las filiaciones y las potestades familiares, incluyendo no solo a familiares, sino a personas allegadas u otros casos, donde la voluntad y las circunstancias predominan sobre los vínculos de sangre. Este modelo por tanto avanzaría en la aceptación, normalización y mejora de las condiciones de la gran mayoría de familias que carecen de la estructura "tradicional” de familia.

Al mismo tiempo, supone avances legislativos en materia de igualdad de género. En la línea de las declaraciones no concretas dentro de la ley queda también no sólo la igualdad plena entre hombres y mujeres, sino la distribución equitativa del tiempo destinado al ámbito doméstico y de cuidado familiar. Aparece además la violencia de género dentro de la legislación al tener en cuenta la violencia familiar, si bien no aparece ninguna distinción legal y solo aparece como especificidad.

El diario oficial Granma informó que la versión aprobada por la AN fue producto de una consulta popular en la que participó "el 75,93 %, de un total de 8 535 742 electores que debieron hacerlo, se realizaron 79 192 reuniones, de ellas 1 159 en el exterior, y fueron procesadas 434 860 propuestas" y que "la versión 25 es el resultado de la modificación del 49,15 % de todo el contenido del proyecto anterior".

Esta reforma está principalmente impulsada por Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) e hija de Raúl Castro, quien viene promoviendo la construcción de un marco legal contra la discriminación y ha encausado parte del movimiento por estos derechos democráticos elementales. En este sentido la reforma puede verse como un intento de relegitimar el régimen y aparentar una cierta democratización en temas que hacen a las libertades personales de cada individuo.

Sin embargo, no implica ningún cambio de fondo. Por el contrario, sucede al mismo tiempo que el régimen viene reforzando su carácter represivo a partir de las masivas protestas ocurridas el 11 de julio de 2021. Cientos de manifestantes fueron detenidos, tanto en las protestas como días después en sus domicilios, y mantenidos en esa condición durante meses, sometidos a juicios arbitrarios sin las mínimas garantías democráticas y muchos de ellos condenados a penas burdamente excesivas con el objetivo de atemorizar a la población. Recientemente fue aprobado el nuevo Código Penal en Cuba, un hecho de enorme relevancia porque aumenta las penas que pueden ser utilizadas contra quienes se manifiesten.

¿Por qué este proyecto ahora?

Pese al avance que puede suponer en algunos derechos, no se olvida la dura represión y estigmatización que llevó la política castrista desde sus inicios, debido a la herencia estalinista. Desde 1965 a 1968 se enviaron a miles de homosexuales a las UMAP (Unidades Militares de Ayuda a la producción), campos de trabajos forzados que se abrieron con el propósito de abordar ese “problema social” y "reeducarlos". En 1971, el Congreso Nacional de Cultura y Educación declaró que la homosexualidad era una “desviación incompatible con la revolución”.

De esta forma, se les impedía la menor “intromisión” en la educación o en la cultura. Si bien en el año 1979 se despenalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, el legado homofóbico seguirá presente en el régimen político cubano.

Durante las discusiones por la reforma de constitucional de 2019 ya Mariela Castro Espín, también diputada nacional, había introducido una enmienda por el derecho al matrimonio igualitario en el proyecto de Constitución. Pero el lobby de las iglesias católica y evangélicas, que pudieron realizar una campaña militante activa en las calles con total libertad (lo que está prohibido para cualquier otro sector social), logró quitarlo y la AN acordó posponer su discusión para cuando se debatiera el Código de las Familias. Ahora vendrá una nueva y fuerte discusión ya que las iglesias volverán muy probablemente a la carga contra estos derechos básicos de cara al referéndum vinculante del 25 de septiembre.

Que esta reforma ahora llegue impulsada por el propio gobierno y el Partido Comunista de Cuba, no es casualidad. El país sufre una crisis política y económica histórica. En las últimas semanas, se sucedieron protestas en diferentes provincias y ciudades del país, como en Pinar del Río o en Santiago de Cuba. La desesperación ante los continuos cortes de luz o de agua, la enorme inflación o el desabastecimiento de productos y alimentos de primera necesidad llevan a las manifestaciones callejeras.

La juventud cubana, ante las perspectivas de emigrar (quienes tienen los medios de hacerlo) o permanecer en la situación actual, busca satisfacer demandas básicas tanto económicas como democráticas y el opresivo régimen de partido único viene respondiendo fundamentalmente con represión, lo que acrecienta la enorme pérdida de legitimidad ante la población.

El gobierno de Miguel Díaz-Canel, viene impulsando desde diciembre de 2020 un duro ajuste económico conocido como Tarea Ordenamiento (que motivó las mencionadas protestas del 11 de julio) y es consciente del descontento por el coste de la vida y la falta de libertades democráticas. Por este motivo impulsa la reforma del Código de las Familias, intentando dar un aire al régimen y mejorar la imagen de las principales figuras políticas. Aun pudiendo suponer esta reforma un avance en materia de algunos derechos fundamentales, su tardía puesta en marcha intenta contener voces críticas en uno de los sectores sociales más oprimidos históricamente en el país.




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