COVID-19 EN BOLIVIA. Para salvar vidas las enfermeras y demás trabajadores de salud deben tomar el control

Para el 31 de marzo Bolivia a pesar de los 107 casos registrados oficialmente llegó al índice de mortalidad de 6,5% (El Deber, 31/03/2020) posicionándose como el segundo país con más alta tasa de mortalidad por sobre los casos reportados en Latinoamérica.

Con cifras a las 05:22 GMT del 3 de abril de 2020. Fuente: Centro de Recursos sobre el Coronavirus, Johns Hopkins University y Banco Mundial.

Otro dato preocupante es el arrojado por el portal de estadísticas mundiales Worldometer, que utiliza información de fuentes oficiales -como la propia OMS- y de medios de comunicación de cada país para ir alimentando sus métricas y estadísticas en tiempo real. Según este portal para Bolivia se demuestra que a la fecha solo se han realizado 591 test. Según El Deber en 24 días de presencia del coronavirus en el territorio nacional, Bolivia ha hecho 1.153 pruebas en 24 días, es decir, un promedio de 48 test por día. Sin duda esto es absolutamente insuficiente. No sabemos la ruta del virus y esto puede ser una bomba de tiempo.

Fuente: www.worldometers.info

A pesar de que el 22 de marzo el autoproclamado Gobierno de transición de Áñez decretó “estado de emergencia sanitaria” a nivel nacional a través de la promulgación del Decreto Supremo 4200, son mínimas las medidas tomadas para fortalecer el sistema de salud. El régimen golpista ha priorizado la ayuda a las grandes empresas eximiéndolas del pago de impuestos a las utilidades, y a la banca, a través de la inyección de recursos económicos con fondos de las AFPs. Esto combinando con la militarización y el despliegue policial en los sectores populares y de las zonas más empobrecidas del país para imponer una cuarentena que con el paso del tiempo pareciera hacerse insostenible porque para miles de trabajadoras y trabajadores, mujeres, niñes y ancianos de zonas precarizadas en las ciudades y del campo que viven del día a día el hambre amenaza sus vidas más que el propio virus.

Los representantes del movimiento cívico, clerical, policial y militar que hoy administran el Estado han demostrado el profundo divorcio que tienen con estos sectores. Áñez ha dispuesto algunas medidas sociales pero que son insuficientes además de improvisadas. Pretenden aliviar la carga económica para 1.600.000 familias con la entrega de canastas familiares de 400bs (aproximadamente 60$us) que deben ser cobradas en los bancos generando largas filas en las personas humildes y sobretodo ancianos desde la madrugada están expuestos al frío, hambre y al riesgo de contagio en el intento de que el banco les atienda. Estas ayudas contrastan brutalmente con las ayudas otorgadas a las clases dominantes, además de preservar y mantener pese a la gravedad de la crisis, el sistema de salud privada, garantizando los negocios de un grupo reducido de mercaderes de la salud.

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Es evidente que la provisión de insumos de bioseguridad, así como de equipos de terapia intensiva y de todo lo necesario para combatir al virus es absolutamente ineficiente como lo desenmascaró el deceso del empresario Richard Sandoval, Gerente General de AXS. Según sus familiares falleció por falta de equipamiento médico en el Hospital La Portada, que había sido dispuesto como centro para la atención de casos de Covid-19 en La Paz según comunicó en fecha 13 de marzo el Alcalde Luis Revilla. Si esto sucede con un miembro de la clase dominante podemos imaginar cuál será el nivel –sin hablar del acceso a la salud- de atención de los sectores populares, de trabajadores, campesinos e indígenas del país.

Dada la tardía aceptación de insumos médicos donados por China y pese a la compra de 500 respiradores e insumos de bioseguridad por parte del Estado las condiciones para enfrentar esta pandemia son absolutamente insuficientes. Según un comunicado de prensa publicado el 2 de abril por Página Siete, Fernando Romero, ejecutivo del Sindicado de Ramas Médicas de Salud (Sirmes) de La Paz informó sobre la persistente situación de vulnerabilidad y precariedad en la que se encuentran las y los trabajadores de la salud:

Nos estamos protegiendo como podemos. Algunos estamos usando los lentes con los que van a la piscina, para cubrirse los ojos; otros usan los ponchos o parcas para la lluvia, se ponen dos capas al igual que los guantes normales, pues se colocan dos ya que no tienen los que se usa para el coronavirus ya que son especiales, de nitrilo.

Así también en Tarija, se evidencia la falta de reactivos y de testeos masivos. El primer paciente confirmado con Covid-19 estuvo en contacto con al menos 16 personas de forma directa y existen 446 sospechosos y sin embargo por falta de reactivos hasta hace un par de días solo se habían realizado 10 pruebas.

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Ante todo este panorama, recientemente mediante conferencia de prensa de fecha 31 de marzo el Alcalde de La Paz informó que planteará la unificación del sistema de salud. De la misma manera, en fuente proporcionada por Página Siete, el presidente del comité de Medicina Critica y Terapia Intensiva, Patricio Gutiérrez, señaló que “las unidades de UTI (Unidad de Terapia Intensiva) no están preparadas para la pandemia” y para ello sugirió que "se requiere una alianza de los sectores público, privado y de la seguridad a largo plazo para optimizar la atención en las pocas unidades que hay”. Hace días el ministro de Salud, Aníbal Cruz, dijo que eventualmente se plantearía esta posibilidad. Parece que toman tiempo para cálculos de cómo hacer nuevos negocios entre el Estado y las clínicas privadas con esta grave crisis socio-sanitaria.

Según datos de la Sociedad Boliviana de Medicina Crítica y Terapia Intensiva publicados por Página Siete, en Bolivia se cuenta apenas con 430 unidades de UTI [1] y apenas 190 especialistas; el 38% de lo mínimo requerido. La situación se agrava considerando que el 60% de esas capacidades pertenecen al negocio de la salud privada. La OMS recomienda que en promedio por cada 10.000 habitantes debe haber una cama de terapia intensiva. En el país se requieren al menos 1.163 unidades en este servicio. Incluso centralizando los sistemas de salud estamos muy lejos de ello.

La pandemia demuestra que de manera sistemática décadas de neoliberalismo han dejado la salud pública totalmente precarizada. Los 14 años del Gobierno del MAS no han cambiado esto y claramente para los golpistas la salud sigue siendo un negocio. El país enfrenta una crisis que pareciera todavía inicial en total indefensión.

La falta total de un verdadero plan de salud del autoproclamado Gobierno de transición muestra su verdadero rostro pro empresarial siempre al servicio de la clase dominante que ahora ve con temor la pandemia pero que aún así manda a cumplir horarios de producción a los trabajadores. Esto es una clara muestra de que lejos de sólo «improvisar medidas» el Gobierno golpista prioriza el interés de clase que lo llevó al poder.

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Es por eso necesario tomar medidas desde los trabajadores como:

#CentralizaciónDeTodosLosSistemasDeSalud nacionalizándolos y poniéndolos a funcionar bajo control de las enfermeras y de los demás trabajadores y trabajadoras del sector porque son quiénes conocen las necesidades y pueden garantizar que los recursos estén al servicio de salvar vidas y no de hacer negocios.

#MasivoPresupuestoParaSalud. El plan de endurecer las penas punitivizando la pobreza obedece al carácter antiobrero y antipopular de Áñez. Con un sistema de salud precario donde incluso centralizando los recursos existentes estamos lejos de abastecer las necesidades para enfrentar esta pandemia, es urgente exigir el recorte de los presupuestos de los aparatos represivos del Estado. Pero también imponer de forma inmediata la aplicación de impuestos progresivos a las grandes empresas, a la agroindustria y a la banca.

#PlanDeSaludALaCabezaDeLasyLosTrabajadores porque son los trabajadores desde Salud hasta de limpieza los que encuentran los métodos para afrontar esta pandemia con lo que tienen.

Solo expropiando los grandes recursos concentrados en pocas manos, que son aprovechados por una elite que lucra con la salud y que vive del trabajo de millones, y poniéndolos bajo control de las y los trabajadores podremos imponer:

#TestsMasivosYa única forma de identificar la gravedad del problema y empezar a realizar un verdadero plan de emergencia sanitaria, aislando a los casos comprobados y sumando todo el sistema de salud para tratarlos y evitar más contagios. Acompañado de la distribución masiva y gratuita por parde del Estado de los insumos de bioseguridad y de los reactivos necesarios para el testeo masivo.

#ControlObrero en fábricas para reconvertir las capacidades productivas y ponerlas al servicio de producir y dotar de manera masiva insumos de bioseguridad; esto lo lograremos recuperando los sindicatos y demás organizaciones de las y los trabajadores.

Nota:

[1] Aunque estos datos parecen no considerar la terapia intensiva pediátrica que en otros países llega a ser habilitada para atender adultos ante la emergencia, lo claro sin duda es la insifuciencia del sistema de salud público.