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Red Internacional

El juez Calcagno ordenó la acción represiva para el jueves 23, en vísperas de la navidad. Aún no aparece el expediente según el cual el gobierno cedió las tierras al empresario Rocco, denunciante de la lof. Con la complicidad del gobierno nacional, las gobernaciones sostienen el plan extractivista con represión y hostigamiento a los pueblos originarios.

Sábado 18 de diciembre de 2021 | Edición del día

El jueves 16 el juez Ricardo Calcagno dispuso el desalojo forzoso de cuatro integrantes de la comunidad Quemquemtrew, en Cuesta del Ternero, para el 23 de Diciembre. El magistrado hizo lugar a la medida solicitada por Ernesto Saavedra, abogado de Rolando Rocco, y dispuso una semana para que los imputados se retiren voluntariamente. Si no se retiran por sus medios, según el juez, se procederá al desalojo “mediante la fuerza pública a cargo del Ministerio Público Fiscal”.

"Dictar un desalojo en el medio de la investigación para esclarecer el crimen de Elías Garay es una provocación" argumentó la abogada de la comunidad, Andrea Reile, en una audiencia que duró casi dos horas. Además agregó que Martín Feilberg, imputado por el homicidio del joven mapuche Elías Garay, reconoció ser socio y trabajador de Rocco. "No es un dato menor que quien pide el desalojo de una comunidad es socio directo de quien está acusado de homicidio de Garay e intento de homicidio de Gonzalo Cabrera”.

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Mientras esto sucede están presos los asesinos confesos de Elías Garay y que hirieron a Gonzalo Cabrera. Los asesinos también declararon el interés directo como socios de Rocco. Todo indica que tienen que ser condenados por alevosía a una pena alta. Esto preocupa al poder que dicta el desalojo forzado.

Fuentes ligadas a la comunidad mapuche indicaron a este medio que los abogados que defienden a la lof van a apelar el lunes o martes la decisión del juez, e incluso están evaluando recusarlo por ordenar el desalojo con total irregularidad. Es que además de echar nafta al fuego contra la lof a la que pertenecía el joven Elías, el juez dice que la Policía deberá sacar del lugar a cuatro personas sobre las que ni siquiera tiene conocimiento de que estén efectivamente ahí. Sin saber quiénes están en el territorio, el juez Calcagno está a punto de provocar otra masacre.

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Mauro Millán, longko de la comunidad Pillán Mahuiza, nos comentaba sobre este fallo:

  •  “Se fue configurando un mensaje, no solo en Río Negro sino en Chubut y Neuquén. Se ocuparon de crear la figura del enemigo interno para politizarlo. Eso lo hicieron Patricia Bullrich, Miguel Pichetto, y también sus operadores mediáticos como Lanata cuyo resultado es un nuevo asesinato: el de Elías Garay, a sangre fría, con el peñi Gonzalo que quedó herido. La noticia duró pocos días en los medios nacionales, y ya este caso quiere ser olvidado de manera intencional".
  •  "No hubo nunca la intención de llegar a algún tipo de diálogo, hubo un muerto. Y ni siquiera luego de estos hechos el poder político se hizo cargo de esta situación. Amortiguaron un asesinato, en términos políticos. Están tratando de que la gente naturalice la persecución y la muerte en el pueblo Mapuche-Tehuelche".
  •  "Ahora sale el juez Calcagno con una medida de un grado de perversidad que supera lo imaginado. Y para esto no están solos, lo hacen con la complicidad del aparato judicial, los privados y la propia gobernadora. Ordenando un desalojo en vísperas de Navidad, para que muchos no puedan ir a llevar solidaridad a la lof. Hay una convocatoria en marcha para el día 21, en la que se va a pedir intervención de otros organismos y organizaciones, para frenar este desalojo".
  •  "La avanzada represiva sobre el territorio tiene que ver lisa y llanamente con lo que está molestando al sistema: un pueblo que le está poniendo límites al extractivismo y a la concentración del territorio".
    Plaza de Mayo 11/12 #NOalFMI. Romina del plá, Myriam Bregman, Nicolas del Caño, Alejandro Vilca y Celeste Fierro
    Plaza de Mayo 11/12 #NOalFMI. Romina del plá, Myriam Bregman, Nicolas del Caño, Alejandro Vilca y Celeste Fierro

    Mientras gran parte del arco político levanta un discurso racista, en el que criminaliza al pueblo mapuche, otra parte simplemente apoya tácitamente su persecución. En el caso del gobierno nacional, no hubo ni un comunicado desde que la gobernadora Arabela Carreras envió al grupo COER a cercar a la comunidad. Muy por el contrario, a pesar de las idas y vueltas entre Aníbal Fernández y la gobernadora rionegrina, fueron enviados refuerzos de Gendarmería a una zona que ya estaba militarizada.




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