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Red Internacional

CRISIS EN LA EDUCACIÓN PÚBLICA. Maestros y maestras siguen en pie de lucha

El martes 8 de marzo, la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) realizó marchas de protesta en los diferentes departamentos del país por el incumplimiento a sus demandas como la dotación de más ítems, la aprobación de un incremento salarial y la entrega de insumos de bioseguridad. Para esta semana anuncian movilizaciones y paro, mientras el Gobierno instruye clases presenciales.

Martes 15 de marzo | 11:09 | Edición del día
Foto: El Deber

La semana pasada, el 8 de marzo, las y los maestros de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB) realizaron marchas de protesta, en los diferentes departamentos del país, exigiendo al Gobierno que cumpla su pliego de demandas entre las que se encuentran la exigencia de más ítems, la aprobación de un incremento salarial y que se les entregue insumos de bioseguridad.

El jueves 9, los representantes de la Confederación y del ministerio de Educación establecieron una mesa de diálogo, con el propósito de llegar a acuerdos. Sin embargo, ésta no prosperó debido a que la demanda de la CTEUB es de al menos 13 mil ítems de nueva creación y el Gobierno solamente ha asignado 3.300 ítems al magisterio. Frente a esto los representantes de la Confederación señalaron que los ítems entregados por el gobierno no abastecen las necesidades que tiene la educación en Bolivia.

En este marco, el viernes 10, la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia (CMUB) instruyó el repliegue de sus bases a sus regiones para organizar protestas para esta semana contra el Gobierno. “Todas las delegaciones del interior del país están retornando nuevamente a La Paz. Las 31 federaciones, bajo el liderazgo de La Paz, realizaremos una gran marcha el día miércoles (16 de marzo, NdR). Y el viernes (18 de marzo, NdR) haremos un paro movilizado de 24 horas”, señaló el ejecutivo de los maestros urbanos, Álex Morales.

Mientras miles de estudiantes vuelven a las clases presenciales luego de dos años a causa de la pandemia, el magisterio urbano y el Gobierno no han llegado a ningún acuerdo. En este sentido, la presidenta del magisterio urbano de Cochabamba, Gricelda Torrez, manifestó que “Hasta hoy, los padres de familia han cubierto los gastos extra y los maestros han trabajado horas ad honorem. Estamos exigiendo mayor presupuesto para la educación, ítems de nueva creación, medidas de bioseguridad para las clases semipresenciales y presenciales, y que se frene el plan de reordenamiento y optimización”. Por su parte, el ministro de Educación, Édgar Pary Chambi, sostuvo que “Analizando el comportamiento de este movimiento, creemos que estamos en una pugna política. La federación de La Paz está a puertas de sus elecciones. Creo que en este momento está motivada para buscar popularidad para ratificarse como federación”.

Como resultado de las marchas y de acuerdo al informe de Rolando Reynoso, dirigente de la Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia (CMUB), hubo “ocho heridos por golpes en la espalda, brazos y manos, y otros se torcieron el tobillo al escapar de la persecución policial” y algunos detenidos por las fuerzas policiales.

Las exigencias de los maestros y maestras son justas y reales: el presupuesto para educación no llega ni al 10%. Existe una gran demanda de ítems de nueva creación para empezar a garantizar mejores condiciones de trabajo para las y los maestros lo que al mismo tiempo permitiría empezar a avanzar hacia una educación de calidad. Es urgente también presupuesto para infraestructura ya que las y los estudiantes pasan clases en condiciones de hacinamiento y en espacios precarios y deteriorados, y, ni hablar de las medidas de bioseguridad que son absolutamente insuficientes.

Es frente a esta situación y por estas demandas que se hace necesario fundir la lucha de los y las maestras con otros sectores en lucha para vencer. El Gobierno dice que no hay presupuesto y de manera recurrente lo que están dispuestos a destinar para educación son migajas pero sí tienen recursos para financiar a los aparatos represivos del Estado que garantizaron el golpe de Estado del 2019.




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