El ministro de Gobierno, Carlos Romero, acompañado del alto mando policial, en conferencia de prensa reconoció que a Jonathan Quispe lo mató la policía. El imputado es el subteniente Cristian Casanova Condori. Con esto Romero se desdice de su primer informe en el que acusaba a los mismos estudiantes del asesinato. Un primer logro de la movilización estudiantil.
Jueves 31 de mayo de 2018 | 08:49 | Edición del día
El Gobierno del MAS no logró imponer una versión por demás sacada de los pelos. “No fue la canica, fue la policía”, es el cántico que se escuchó a viva voz durante la gran movilización del pasado 28 de mayo. Frente a la fuerte presión y masivo repudio por el asesinato de Jonathan Quispe, el Gobierno tuvo que reconocer lo que ya era obvio, que sí fue la policía, pero lo hace descargando su responsabilidad en un solo individuo, el subteniente Casanova.
Desde un inicio dijimos que sí había responsabilidad política de parte del Gobierno –más allá del perpetrador del disparo- porque se negó a atender la demanda de la UPEA por mayor presupuesto universitario y por desatar una brutal represión que luego intentó esconderla. Por eso el Gobierno fue y sigue siendo responsable político por el asesinato de Jonathan. Hoy queda además comprobado que también es el responsable material de este hecho.
Este jueves 31 de mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, salió en conferencia de prensa, acompañando de representantes de la Policía y Fiscalía, para declarar sobre un nuevo estudio técnico científico en el que esta vez de manera “objetiva” dieron con el responsable del disparo que produjo la muerte de Jonathan. El subteniente de la policía, Cristian Casanova Condori, sería quién habría disparado a Jonathan, al parecer -con pruebas filmadas y fotografías-, este subteniente habría portado un arma “no autorizada”.
Con esta nueva declaración el Gobierno tiene dos intensiones. La primera es que continúa buscando deslindarse de responsabilidad por el asesinato de Jonathan y hoy quiere mostrar ante toda la población que caerá con mano dura para procesar al perpetrador del disparo. De esta manera, descargan toda la responsabilidad en uno solo de los actores. Con ello deslindan responsabilidades desde Evo Morales pasando por Romero y toda la institucionalidad represora del Estado. La segunda intensión es que el Gobierno busca frenar las movilizaciones que se desataron durante estos días. No por nada, y en clara muestra de su nerviosismo, el mismo Romero salió a declarar que al que osara responsabilizar al Gobierno por la muerte de Jonathan sería procesado.
Con este nuevo informe también intentan “calmar” las exigencias y pedidos de renuncia y/o destitución de Romero, dejando así casi como único asunto pendiente negociar el presupuesto de la UPEA.
Hasta aquí y de conjunto, con la nueva declaración intentan cerrar la enorme crisis política abierta luego del asesinato. Entrevistado para la Izquierda Diario, Javo Ferreira, dirigente de la LOR-CI señaló:
Buscan frenar la movilización estudiantil y popular, reconocen que el asesinato es realizado por la policía, buscan salvar la responsabilidad de todo el Gobierno. Si cae Romero ¿quién entra?, ¿De La Quintana?. Una vez más ha quedado verificado que la policía y las FFAA están formados por elementos anti estudiantiles, anti obreros y anti populares. Por tal razón desde la LOR-CI exigimos la formación de una comisión investigadora independiente encabezada por los familiares, estudiantes, derechos humanos, etc., para lograr el juicio y castigo no sólo al autor material sino también a quiénes dieron las órdenes de la brutal represión. Esta comisión investigadora debe tener acceso al despacho y a las instructivas desde el presidente, sus ministros y hasta la cúpula policial. Sabemos que la única forma de terminar con estos abusos es la disolución de la policía y los cuerpos represivos para que las tareas de seguridad sean asumidas por los trabajadores y el pueblo. Como primer paso en este lucha hay que lograr la expulsión de la policía de las universidades.
¿Qué significaría la renuncia o destitución de Romero?
En el marco de las movilizaciones, una de las demandas que tomó fuerza, fue la de exigir la renuncia del ministro de Gobierno, Carlos Romero. El que renuncie Romero o sea destituido si bien sería consecuencia de la fuerte presión y movilización estudiantil y popular que se dio los últimos días, en los hechos, sin embargo, no resuelve nada. Pese a que es una demanda que canaliza el fuerte repudio y descontento de los sectores universitarios –que son quienes más se movilizaron-, no es una salida a la crisis de fondo ya que sólo lleva a que se ponga a un nuevo ministro de Gobierno que seguirá administrando la política crecientemente represiva del MAS. Es decir, con o sin Romero, lo cierto es que se evidencia el carácter crecientemente represivo y autoritario del actual régimen político.
