Géneros y Sexualidades

BOLIVIA

La pandemia dentro de la pandemia: violencia machista, precariedad e impunidad

Desde inicios de este año, cuando alegre y demagógicamente Áñez declaró el año de “lucha contra la violencia”, se han registrado 63 feminicidios, 33 infanticidios y 325 casos de violaciones a menores. Las condiciones de vida de miles de mujeres se han agravado con la crisis sanitaria, dentro y fuera de sus hogares, ¿podemos buscar soluciones fuera del punitivismo y la revictimización?

Dalila Fabreger

Militante de Pan y Rosas

Martes 21 de julio de 2020 | 11:08

Foto: Juan Mabromata / AFP

Según Naciones Unidas, cada día mueren en el mundo 137 mujeres en manos de su pareja o un miembro de su familia, la pandemia histórica del machismo golpea sin tregua y, unida a la actual pandemia por el COVID-19, parece agravarse. Aunque quizás no es que se agrave, sino que, al igual que muchos otros problemas estructurales que han quedado develados por esta crisis, se visibiliza con mayor crudeza la situación de vulnerabilidad y la impunidad a la que la gran mayoría de mujeres y niñes nos vemos enfrentadas.

Pero nos encontramos ante un momento histórico en el que ya no basta solamente la indignación, el lamento y ni tan siquiera la ingenuidad de creer que podemos seguir exigiendo justicia a los garantes, precisamente, de la injusticia. Es momento de comenzar a creer en la posibilidad de tumbar de una vez y para siempre este sistema capitalista y patriarcal que nos ha legado una vida de miserias a las grandes mayorías de la humanidad, un sistema donde justamente, son las mujeres y les niñes quienes sufren las peores consecuencias de un mundo pensado y construido para el “hombre capitalista”.

Los últimos casos de violencia machista de los que hemos escuchado las últimas semanas nos muestran claramente que, más allá de individuos concretos, hay una serie de condiciones materiales que posibilitan que estos aberrantes hechos tengan lugar, tomemos solo algunos ejemplos para ver esto.

• El caso de Esther, una niña de 9 años, violada y asesinada en El Alto, es uno de los sucesos que más nos ha movilizado las últimas semanas. Esther fue asesinada por un individuo: Zenón M. J., pero fue abandonada y condenada por el Estado desde mucho antes. Esther es una víctima más de la situación de millones de mujeres, agravada por la pandemia, que deben salir a trabajar precariamente, dejando a sus niños y niñas en sus hogares ante la imposibilidad de llevarlos con ellas todo el día. No existe ninguna política por parte del Estado para aliviar la situación de millones de madres, que cargan con múltiples jornadas de explotación y que muchas veces se ven obligadas a dejar a sus hijas solas, ante el cierre de los colegios, sin poder pagar cuidados particulares, porque es un privilegio de pocos.

• El caso de una niña de 8 años violada en la Comunidad de Peña en Santa Cruz, devela nuevamente la precarización de las vidas de la mayoría de las niñas y niños en nuestro país. La pequeña fue violada (aún se encuentra en proceso de investigación si fue una sola vez o varias) en el momento en que su padre salía a buscar trabajo para llevar alimento a sus hijos. Vivían (y aún viven) en una situación de extrema pobreza y precariedad, nuevamente, como en el caso de Esther, el Estado es el principal responsable de esta situación.

Habitación en la que vivía la niña junto a sus hermanos y papá. Foto: defensoría de la niñez de Santa Cruz

• Igualmente, en los pasados días se supo de la violación a otra niña en Viacha, la que se produjo cuando ella salió a vender helados para contribuir a la economía de su hogar, y es que la pandemia ha agudizado de tal manera la precariedad económica de la mayoría de las familias, que la “opción” de quedarse en casa es inviable para la mayoría de las personas. Una niña debe salir a trabajar, aunque eso le cueste un contagio de COVID o un abuso, como sucedió en este caso.

Esto son solo los últimos casos de una serie de hechos de violencia que van en aumento año tras año, aún a pesar de la ley 348 los niveles de impunidad siguen siendo altos. Según un estudio de la Alianza Libre sin Violencia, de los casos denunciados sólo el 23% ha sido resuelto y el 1% llegó a sentencia, y eso es justamente porque la ley funciona dentro de un sistema judicial corrupto y servil a los intereses de un poder de turno a los que responde de manera directa. La justicia dentro de este sistema solo es ciega para los pobres y la verdadera ley es la impunidad.

¿Cómo debemos afrontar esta situación? ¿Cómo buscamos abolir la estructura patriarcal de esta sociedad capitalista? ¿vamos a confiarle al sistema judicial, tal como se nos presenta, esta tarea? Lo primero que debemos tener claro es que no es un individuo, es todo un sistema -que legitima las desigualdades- el culpable de la violencia machista. Que la bronca no nos impida ver que los sujetos individuales que realizan estos actos son resultado de la podredumbre de las relaciones sociales de desigualdad, discriminación, subordinación y opresión, de un sistema que termina creando monstruos, por eso se ha hecho habitual decir que estos hechos no son cometidos por personas “enfermas” o “trastornadas”, sino por “sanos hijos del patriarcado”.

Nosotras creemos que las víctimas o sus familiares están en todo el derecho a exigir justicia, y que necesitan apoyo y contención en la búsqueda de esta, pero sabemos también que no debemos caer en la trampa del Estado burgués de lavarse la cara y quitarse la responsabilidad de encima enjuiciando a individuos particulares.

El feminicidio, la violación, los extremos, en fin, de la violencia machista, son el último eslabón de una larga cadena de violencias que sufrimos las mujeres desde niñas, muchas de las cuales son reproducidas y alentadas por el mismo Estado, en connivencia con las iglesias, sectores conservadores y fuerzas represivas. El Estado busca quitarse la culpa de encima y aprovecha el dolor de los familiares de las víctimas para ejercer un rol más punitivo. El caso de Esther es, justamente, un ejemplo de eso. Se vuelve a hablar de castigos más duros, como la castración química, condenas más extensas e, incluso, desde sectores más radicales se habla de pena de muerte. ¿Es esta la solución al problema realmente? ¿Exigirle al Estado – garante de injusticia e impunidad- que ejerza mayores castigos individuales, no es legitimar justamente este aparato en su costado más represor?

El movimiento feminista debe considerar todas estas cosas a la hora de plantear sus exigencias, caso contrario caemos en el juego mismo del Estado burgués de lavarle la cara a todas esas instituciones que no cumplen su trabajo e incluso a aquellas que son cómplices directas de la perpetuación de la violencia machista, como es la policía. ¿Qué pasa cuando es un menor de edad el que perpetra un abuso o un feminicidio? La opinión general, en su mayoría, coincide en que se lo juzgue de igual manera que a un adulto, alegando que tiene consciencia de sus actos, y si, puede que esto sea cierto y merezcan, efectivamente, un castigo por sus actos, pero ¿esto se soluciona limpiamente engrosando las filas del sistema carcelario de nuestro país?, ¿dónde no existe ningún plan de reinserción social, donde las cárceles revientan sin condiciones mínimas para los presos?, ¿y luego qué? ¿nos desentendemos de ellos para siempre?, la cárcel es una escuela, sí, pero de deshumanización.

¿Existe algún índice que demuestre que el refuerzo del punitivismo tiene efectos positivos en la reducción de los casos de violencia?

El sistema judicial limita naturalmente el problema, lo que nosotras buscamos es derribar el sistema de opresiones patriarcales que se legitiman y reproducen desde el mismo Estado y sus instituciones, pero éste no puede juzgar más que un individuo a la vez, y esto nos lleva a creer que, en la imposición de castigos individuales, cada vez más duros, está la solución al problema, cuando este es muchísimo más profundo. Y esto, de cierta manera, lo sabemos todas y todos. La justicia en nuestro país siempre actúa tarde, ya ante el hecho consumado (feminicidio, violación, etc), y dentro de nosotras sabemos que la verdadera justicia sería que esto nunca haya sucedido. Cómo está planteada la justicia nos lleva a desenfocarnos de la raíz del problema para enfocarnos en qué castigo se debe aplicar una vez que el hecho ya fue consumado. Es imperioso darnos cuenta de esta trampa.

Este es el primer paso, pero ahora ¿Qué debemos hacer? El sistema nos quiere víctimas, víctimas además impotentes. En el mejor de los casos, en constante resistencia. Pero ante la oleada machista que nos golpea de manera brutal, debemos imponer una salida ofensiva. Porque no negamos que es necesario acompañar a las víctimas en su petición de justicia y exigir junto con ellas y todas los derechos más mínimos que se nos debe para, como dice Andrea D’atri, hacer menos insoportable la vida que nos toca vivir bajo este sistema cruel y criminal; denunciar y exigir al Estado que implemente políticas preventivas, denunciar la revictimización que se hace continuamente en juzgados y estaciones policiales, exigir la legislación de derechos elementales como el del aborto libre, legal, seguro y gratuito, etc. Pero nuestra lucha no muere, ni debe morir ahí, porque nos lleva a chocarnos nuevamente con la impotencia.

Desde Pan y Rosas creemos que es imposible reformar el Estado burgués que se ampara en el sistema capitalista, que es el mismo que ampara las formas más cruentas de la violencia machista, como las redes de trata, el narcotráfico, o que protege a los altos mandos eclesiásticos y con ellos encubre una larga lista de vejámenes cometidos por los curas, o nos relega a ser ciudadanas de segunda y no poder decidir por nuestros cuerpos. No, no hay reforma posible a este sistema y sus instituciones con una pizca de “perspectiva de género” en unas cuantas sesiones de capacitación.

Leé también Alertas de género, una solución que queda pequeña ante un problema estructural

Proponemos la organización de comisiones de mujeres en todos los lugares de trabajo, en los centros de estudiantes y los sindicatos, y que se pueda intervenir en cualquiera de estos sectores en caso de que exista una situación de violencia. Exigimos que los jueces sean elegidos democráticamente y no puestos a dedo por el ejecutivo.

Ante la actual crisis sanitaria que agrava la situación de vida de las mujeres y niñas, no solo en el ámbito doméstico, donde efectivamente se han incrementado los abusos, sino también en el ámbito público y del trabajo, volvemos a llamar a la acción colectiva y a la unión de las y los explotados, junto a todos los agraviados y oprimidos por este sistema a pelear por nuestros derechos fundamentales y por una nueva sociedad más justa donde se eliminen las opresiones de género, raciales, sexuales y de clase. Un nuevo mundo creado desde la igualdad.






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