Pobreza y desocupación

La ministra "progre": Frederic a cargo de la represión a los trabajadores

La represión a los trabajadores de la salud comandada por una funcionaria “progre”. Ante esta política de Estado no hay grieta entre Frederic y Berni. El Puente Pueyrredón, uno de los escenarios de la lucha de clases desde, por lo menos, en los últimos 20 años.

Rosa D'Alesio

@rosaquiara

Sábado 19 de junio

Hace un año y medio, primeros días de diciembre de 2019, se conocía que Alberto Fernández había designado al frente de un ministerio de la represión a una académica con perfil progre -aunque es un concepto muy ambiguo-.

Advertimos, cuando se conoció su nombramiento, que era cuanto menos ingenuo pensar que Frederic, antropóloga y con una trayectoria docente, al mando del aparato represivo del Estado, no haría uso de estas contra la protesta social.

Frederic: una ministra progre al mando de una cartera represiva

En plena pandemia, fuerzas federales descargan sus cartuchos contra trabajadores esenciales que salen a reclamar mejoras en sus condiciones laborales y salariales. Este viernes, en el Puente Pueyrredón personal de la salud fue brutalmente reprimido por la Prefectura Naval. Las órdenes las dio la ministra Sabina Frederic.

Nicolás del Caño, dirigente del PTS-FIT, a través de su cuenta de Twitter fue contundente a la hora de denunciar esta política del Gobierno nacional: “De la demagogia de los aplausos a los palos. Trabajadoras y trabajadores de salud protestan en Puente Pueyrredón cansados del maltrato. Salarios de hambre, precarización laboral, falta de insumos, compañeros muertos por el Covid y encima el gobierno les manda la Prefectura”.

Los trabajadores de la salud del AMBA no estaban solos. Acompañados por estudiantes de distintas carreras de salud, de trabajadores en lucha contra los despidos de las tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra, entre otros, sortearon la represión del gobierno nacional y de Larreta.

Una de los protagonistas, en medio de la movilización, denunció ante La Izquierda Diario que: “Mientras dicen que no tienen plata para salud, los diputados aumentan su dieta alcanzando un sueldo de 300 mil pesos, y esto genera mucha bronca entre los trabajadores que desde el día uno de la pandemia están peleando contra una enfermedad desconocida”, y subraya que “es inaceptable la paritaria que establece un aumento salarial del 34 %, porque nos sigue condenando a vivir bajo la línea de la pobreza y a tener dos o tres trabajos mal pagos y precarizados que, además, resulta un riesgo mayor para el contagio”.

Para hacer frente a la pandemia, 600 trabajadores de la salud perdieron la vida. Las siluetas que recordaban sus nombres, también fueron atacadas por fuerzas federales en la mañana de este viernes.

Una semana antes, también sobre el emblemático Puente Pueyrredón, un corredor que une el sur bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires, la ministra Frederic ordenaba la represión contra trabajadores que reclaman derechos perdidos durante la pandemia. Bajo el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

La represión como respuesta del Gobierno al aumento de la pobreza

Se trataba de una jornada de lucha por trabajo, salario, techo y vivienda, por el pase a planta, contra la precarización y los despidos. Reunía a trabajadores de las tercerizadas ferroviarias (MCM, Líderes, Comahue), eléctricas (EMA, ArgenCobra), despidos ferroviarios, LATAM, familias que pelean por vivienda y de la primera línea de salud, entre otros. Una acción unitaria que también reclamó vacunas para todos.

Mientras los de siempre se la siguen llevando en pala, un 42 % de la población cayó en la pobreza. Se quedaron sin IFE porque el FMI reclama un ajuste fiscal que aplica el gobierno del Frente de Todos. Mientras las jubilaciones mínimas se encuentran en $ 23.000.

Ante la represión social, no hay grieta entre Berni y Frederic

El nombramiento de Sabina Frederic había despertado el entusiasmo de quienes, con razón, rechazaban continuar con la doctrina Chocobar. La actual ministra, antes de asumir la cartera de Seguridad, sostenía que no aplicaría este protocolo. Así lo hizo a poco de asumir.

Acá tenemos que aclarar que sin este protocolo, las fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales, desde 1983 aplican el gatillo fácil. Desde que asumió la ministra -hasta noviembre de 2020-, a nivel nacional 411 personas perdieron la vida en manos de las fuerzas represivas, nacionales y provinciales. Es decir que la política de Estado no cambió en lo sustancial. Además, continúa el encubrimiento a los responsables de los crímenes. La desaparición seguida de muerte de Facundo Castro lo confirma.

Matías Aufieri, abogado y miembro del Centro de Profesionales de Derechos Humanos (CeProDH) que preside Myriam Bregman, cuestionó la “Ley integral contra la Violencia Institucional”, que diputados del Frente de Todos presentaron en abril de este año. Aufieri sostiene que las propuestas de este nuevo proyecto, "son en mayor medida una reproducción de la Resolución 210 de 2011 dictada por la entonces ministra de Seguridad Nilda Garré, que establecía ’criterios mínimos’ para la actuación de las fuerzas federales de seguridad en manifestaciones públicas”.

El abogado del CeProDH recuerda que “las regulaciones establecidas por aquel protocolo, eran violadas e ignoradas por el mismo gobierno que lo dictó y por sus fuerzas federales en cada protesta de trabajadores ocupados o desocupados”.

El diputado del FIT Nicolás del Caño lo recordó en la audiencia donde se presentó ese proyecto. Él mismo fue brutalmente reprimido, cuando acompañaba el extenso conflicto de los trabajadores de la autopartista Lear. Al frente de esas represiones se encontraba la Gendarmería que cumplía las órdenes de Sergio Berni. Esa misma fuerza llegó al extremo de llevar un micro entero con familias desocupadas, mujeres y niños detenidos a una dependencia militar de Campo de Mayo por reclamar ayuda social en la Panamericana.

Bajo ese protocolo -durante la gestión de Nilda Garré-, Myriam Bregman denunció el Proyecto X: la infiltración de Gendarmería Nacional y el espionaje en todas y cada una de las protestas que se producían en las rutas y las calles del país.

Hace pocos días, un bailarín de Marcelo Tinelli contó a boca de jarro, como lo más natural, que integró un cuerpo de espías. Rodrigo Jara participa del certamen que tiene lugar en el programa que se emite por Canal 13. En una entrevista con Ángel de Brito habló de su pasado como agente de inteligencia de la Policía Bonaerense.

Proyecto oficial contra la violencia policial ¿limitar con leyes vigentes a las fuerzas empoderadas?

“Cuando entré a trabajar en la policía, había explotado el tema de los piquetes, en 2006. Uno de los trabajos que teníamos era infiltrarnos en las manifestaciones para ver qué era lo que querían y cuánto tiempo se iban a quedar, si se iban a ir a otro lado y quién encabezaba la marcha. Eso lo informábamos a La Plata, a la superintendencia. El tema era que nadie podía saber que era policía”, contó durante la entrevista.

Jara ingresó a la Bonaerense en los tiempos en que Felipe Solá era el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, y el aparato de espionaje se infiltraban entre las organizaciones piqueteras. Así es que en el Puente Pueyrredón, una represión conjunta entre distintas fuerzas policiales, asesina a Kosteki y Santillán. Previamente, los agentes de los servicios de inteligencias se infiltraron entre los organizaciones de desocupados que resolvieron el corte de aquel día, bajo la excusa que estaba en curso un golpe contra el entonces presidente Eduardo Duhalde.

Jara continuó en función bajo la gestión de Daniel Scioli, durante la presidencia de Néstor Kirchner.

Entre los casos en los que le tocó intervenir se encuentra el de la segunda desaparición de Jorge Julio López, uno de los testigos más importantes contra el genocida Etchecolatz. Como afirmó Myriam Bregman, abogada de López, a través de sus redes sociales, Jara perteneció "a la fuerza que estaba sospechada de complicidad con la desaparición de Julio López".

La desaparición de Julio López es uno de los casos que muestran la impunidad con la que actuaron sectores de las mismas fuerzas represivas en aquellos años de mandato de Néstor Kirchner. Mostró la continuidad del aparato represivo desde el fin de la dictadura hasta hoy.

Algo más, las declaraciones de Jara muestran, si hiciera falta, que la represión estatal contra la protesta social, incluye al aparato de espionaje.

Como se demostró en el largo conflicto de Lear, en el que echaron a uno de los buchones que intentó infiltrarse, la organización de los trabajadores y los sectores populares es la salida para fortalecer las luchas y enfrentar el aparato represivo del Estado. También este conflicto confirmó la importancia de tener diputados y militantes de derechos humanos independiente del gobierno de turno.

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