“Hoy se inicia un nuevo camino para la libertad de mi padre. Abrigo la esperanza que se hará justicia”, indicó una beneficiada más por la “caja 2” de Odebrecht, que apela a la ley burguesa para liberar a un corrupto dictador.
Lunes 22 de mayo de 2017 | Edición del día
La máxima líder del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, informó en las últimas horas que ha presentado un hábeas corpus ante el Poder Judicial buscando la libertad de su padre, el ex presidente, Alberto Fujimori.
Un juego de palabras: “La tesis de mi clienta es que estas sentencias no son jurídicas, son políticas. En la política nos podemos dar el lujo de especular, en el otro ámbito no”, dijo la abogada de Keiko Fujimori, Liza Ramos Dávila, en el programa de TV “Beto a saber”, mostrando como la justicia burguesa desarrolla vericuetos absurdos para mantenerse lo más impune posible como clase.
Mientras tanto, los largos tentáculos del caso Odebrecht alcanzan también a la hija del ex mandatario. Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, días atrás afirmó, ante fiscales peruanos, que la empresa brasileña también dio su apoyo a Keiko y a la candidata aprista (fuerza política de Alan García), Mercedes Aráoz, actual segunda vicepresidenta de la República, sin embargo aclaró que el ex directivo ejecutivo de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, "era el único que podía probarlo".
La aparente y falsa igualdad de la justicia burguesa
Así como la justicia en Argentina se expresa otorgando 2x1 a los genocidas, es decir que reduce a la mitad el cumplimiento de la condena, liberando de la prisión a los represores responsables de atrocidades. Temmer, en Brasil, gobierna pendiendo de un hilo, rodeado de videos y escuchas que lo descalifican totalmente para estar en el cargo. El “efectivísimo” poder judicial burgués permite exigir la libertad de un ex presidente condenado a 25 años de prisión -por una larga lista de crímenes a su nombre: como las matanzas en los barrios de Barrios Altos, en 1991, y La Cantuta, en 1992, cometidas por un escuadrón del ejército conocido como el grupo Colina, así como del secuestro de un empresario y un periodista, y demás delitos-.
Una vez más, se muestra así la peor desigualdad social bajo la apariencia de “igualdad ante la ley” más allá del sector social al que pertenezcamos. Porque quienes sean las máximas autoridades jurídicas, son una y otra vez colocados por el poder Ejecutivo. El Estado burgués es el reflejo de la dominación de esta clase sobre la clase trabajadora. Es la misma división de poderes republicana la que favorece los actos de corrupción de los funcionarios públicos, sumado a sus irrisorios e inflados salarios.
Las únicas leyes que podrán favorecer a las y los trabajadores son las que dicten ellos de puño y letra.
