Política Bolivia

ALTO A LA PERSECUCIÓN POLÍTICA CONTRA LOS MÉDICOS

Gobierno usa la persecución penal a dirigentes y a la burocracia sindical para sofocar las movilizaciones médicas

El gobierno de Evo Morales emitió órdenes de arresto contra el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, y el ejecutivo del Sindicato de Ramas Médicas de Salud (Sirmes), Fernando Romero, tras el paro de 48 horas de la semana pasada. La COB amenaza despedir personal de salud en la CNS.

Danica Chungara

Militante de Pan y Rosas

Miércoles 24 de julio

Foto: ANF

El 18 de julio en pleno paro médico, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, amenazó a los médicos con despidos e intervención de los centros hospitalarios. Así mismo, el gobierno, trata de ampararse en la Acción Popular impulsada por David Ticona exigiendo el cumplimiento de derechos y garantías constitucionales para la no interrupción de los servicios de salud, para impedir las movilizaciones del sector médico, amenazando a los representantes del Colegio Médico de La Paz y al Sindicato al Ministerio de Salud (SIRMES) con una acción penal. El representante de los galenos, Romero, declaró que “el sistema judicial demuestra una vez más estar a favor de los intereses y decisiones del gobierno nacional”. Por lo que los médicos declararon que en caso de procesos empezarían una huelga.

Los médicos que se encontraban en paro, además de exigir mejores condiciones de trabajo en momentos en que se está discutiendo los riesgos de una epidemia de fiebre hemorrágica, entre sus peticiones también demandan la abrogación de la Ley de Prioridad Nacional de Desarrollo y Crecimiento de la Caja Nacional de Salud (Nro 1189). Igualmente, piden la destitución del Director de la CNS, Juan Carlos Meneses, pues como denuncia la Federación de Sindicatos Médicos y Ramas Afines de la Caja Nacional de Salud (FESIMRAS) el director “incrementó los contratos temporales a 4000 en todo el país”.

Este conflicto, visibiliza que 4000 trabajadores de las ramas médicas a nivel nacional trabajan para la CNS sin acceso a derechos laborales porque sus contratos son temporales, es decir, no gozan de estabilidad laboral. Sin embargo, Huarachi, representante de la COB, instancia que en teoría debería defender los derechos laborales, atenta otra vez contra las y los trabajadores y se coloca del lado del gobierno. Además, actúa como policía sindical tratando de imponer control sobre los trabajadores que se movilizan. El ejecutivo de la COB planteó que “si hay necesidad de hacer una evaluación en cada hospital, para evaluar asignación de ítems a quienes están incitando al conflicto, a estos paros, si hay necesidad de expulsarlos, pues lo vamos hacer”.

De esta forma, son diversos los mecanismos que trata de usar el gobierno para atentar contra el derecho a la protesta y los derechos laborales. En primer lugar, por medio de un sistema de justicia que demuestra constantemente que está a su disposición como ha actuado con la detención de Franklin Gutiérrez, presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca, o el caso de los procesos iniciados contra 11 dirigentes del Sindicato de Trabajadores de SABSA (Sitrasabsa) por exigir el correspondiente aumento salarial aprobado el 1ro de mayo y que hasta la fecha no se efectivizó así como la persecución contra los dirigentes del sindicato de la hidroeléctrica Yanacachi, sólo por nombrar algunos casos.

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Otro mecanismo utilizado por el gobierno es la Central Obrera Boliviana, cuyo rol en la actualidad, es atentar contra la estabilidad laboral, contra la organización de los trabajadores y los derechos laborales, utilizando amenazas hacia los sectores que se supone debería defender. Además, tratándose de un paro que exige al gobierno atención inmediata para resolver los diversos problemas que está atravesando el intento de implementación del Seguro Universal de Salud (SUS) a falta de equipos, medicamentos, recursos, personal, infraestructura, entre otras que no son cuestionadas por la COB.

En este contexto, se hace más necesaria la unidad de las y los trabajadores para combatir con la fuerza de la clase obrera la persecución judicial a la que se ven sometidos los sectores que se movilizan. Además, surge la necesidad de esta unión para recuperar la independencia de clase de las organizaciones y ponerla al servicio de las luchas sociales.






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