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Red Internacional

Cristina Fernández. En un juicio cuestionado, piden prisión e inhabilitación para la vicepresidenta argentina

El fiscal pidió, de hecho, una proscripción política para la ex presidenta argentina. Durante el desarrollo del juicio quedó en evidencia la cercanía de jueces y fiscales con el ex presidente Mauricio Macri, lo que pone en tela de juicio la supuesta imparcialidad del Poder Judicial.

Lunes 22 de agosto de 2022 | Edición del día

Este lunes por la tarde, el fiscal Diego Luciani finalizó su alegato pidiendo las condenas para los imputados en la llamada causa Vialidad, donde se juzgan las presuntas irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz.

Para Cristina Fernandez de Kirchner pidió 12 años de cárcel, acusándola de ser la jefa de una asociación ilícita y defraudar al Estado. Además pidió la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Esto último también fue solicitado para el resto de los acusados. También pidió la misma condena de prisión (12 años) para Lázaro Báez y solicitó 10 años para el ex ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación Julio De Vido, su segundo José López, ex secretario de Obras Públicas y el ex titular de Vialidad Nacional Néstor Periotti.

En el caso de Cristina Kirchner, el pedido implica una clara persecución política, que incluye un antidemocrático pedido de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Un pedido muy a tono con lo planteado en muchas ocasiones por sectores de la derecha y la gran corporación mediática.

Además, Luciani pidió que se decomise la suma de $ 5321 millones de pesos (unos U$D 36 millones) que, argumentan desde la Fiscalía, es el monto por el cual habría sido defraudado el Estado. En ese marco pidieron que se actualice el monto a su equivalente a la fecha, el cual deberá prorratearse entre los imputados según el grado de responsabilidad en los delitos. Esto incluye los bienes de Lázaro Báez y sus hijos. Luciani también agregó la solicitud de investigar posibles delitos cometidos por las empresas Petersen, Thiele y Cruz, Suco y Equimac por la eventual realización de maniobras en las licitaciones o en relación con otros funcionarios públicos de inspección.

La situación vuelve a dejar en evidencia que este Poder Judicial no puede investigarla corrupción que surge en los muchos negociados entre el Estado y los grandes capitalistas. En ese marco, como dijo la diputada nacional del PTS-Frente de Izquierda Unidad Myriam Bregman, "para no ser usadas como medio de persecución o proscripción, como vimos en Brasil, las acusaciones de corrupción en la obra pública deben ser juzgada por jurados populares".

Es que para fundamentar el juicio se recurrió a la figura de “asociación ilícita”, que es utilizada arbitrariamente por el Poder Judicial para perseguir sectores opositores y, muchas veces, contra el derecho a la protesta por organizaciones sociales.

Una causa con fuerte impronta política

En este juicio, una parte del Poder Judicial, con el respaldo de la oposición de derecha y la gran corporación mediática, busca una condena a Cristina Kirchner que la inhabilite y condicione políticamente a futuro. La vicepresidenta responde, junto a todo el kirchnerismo y el Frente de Todos, que la causa es una persecución política, armada sin fundamentos, un ejemplo más de “lawfare” en Argentina y de uso político de mecanismos judiciales.

Apenas conocido el pedido de Luciani, el oficialismo salió a mostrarse unido en defensa de CFK. La principal central sindical del país, la CGT -que se niega a convocar a un paro nacional contra el ajuste en curso- publicó un comunicado contra la causa. Minutos más tarde el presidente Alberto Fernández emitió una declaración directamente desde la Presidencia de la nación. Allí se condena “la tipificación abusiva de la figura de la asociación ilícita", como si esa figura no se hubiera mantenido durante los 12 años de Gobiernos kirchneristas.

Más tarde habló el actual ministro de Economía Sergio Massa, quien criticó que “es absurdo plantear que el Jefe de la Administración es responsable por cada uno de sus dependientes”. Sin embargo, aquí no se trataba de cualquier funcionario público, sino de varios de los más cercanos a la entonces presidenta, como Julio De Vido y José López.

Mientras el juicio copa los titulares de medios de comunicación a un lado y otro de la “grieta”, el ajuste que aplica el Gobierno del Frente de Todos -con medidas apoyadas por la oposición Juntos por el Cambio- y las consecuencias que sufren las grandes mayorías trabajadoras, quedan fuera de la agenda de las noticias.
Argentina hoy es un país con crecimiento económico pero con una inflación que muchos analistas calculan superará el 100% y casi un 40% de pobreza, donde incluso familias con trabajo formal y registrado no alcanzan a superar el valor de la canasta básica de alimentos y servicios.

Corrupción, obra pública y Poder Judicial

En este juicio hay dos cuestiones al menos que quedan claras. Por un lado, de dictarse sentencia acorde al pedido del fiscal -como todo pareciera indicarlo- estará teñida de la parcialidad por parte de jueces y fiscales amigos de la oposición macrista, que se han servido mecanismos propios de los servicios de inteligencia para juzgar a opositores. Ese uso político tiene, en ese caso, un claro fin persecutorio.

Por el otro, la innegable corrupción en la obra pública como parte estructural de la corrupción bajo los gobiernos capitalistas. Una relación que ha beneficiado a empresarios de todo signo político. Desde su fundación, el crecimiento del Grupo Macri estuvo ligado en múltiples formas a los negociados con el Estado en el terreno de la obra pública. Los años kirchneristas no fueron la excepción. En ese período no solo Lázaro Báez hizo grandes negocios. También lo hicieron empresarios cercanos al mismo macrismo, como Ángelo Calcaterra, el primo del ex presidente Mauricio Macri. En el caso de Báez, el crecimiento de su patrimonio y sus negocios resulta de imposible explicación. Y la relación con la obra pública en Santa Cruz aparece como ineludible.

Con las exposiciones quedó en evidencia el enriquecimiento obsceno de Lázaro Báez como empresario de la construcción gracias a la adjudicación preferencial de obras públicas, el arreglo en los procesos de licitación y otras maniobras posibles gracias a la complicidad de funcionarios públicos a cargo de las áreas que tomaban las decisiones sobre la adjudicación de fondos estatales.

La corrupción estatal no es otra cosa que expresión de un problema estructural del capitalismo y por eso atraviesa a gobiernos de distinto color político. Aunque sea innegable la relación del gobierno kirchnerista con estos negociados, no es su patrimonio exclusivo. El “clan Macri” por ejemplo amasó su fortuna gracias a una historia de negociados con el Estado: con los gobiernos dictatoriales de Onganía en los 60s y de Videla en los 70s, con la deuda millonaria al Estado por la privatización del Correo Argentino gracias a Menem durante los fatídicos años 90s, y también con enormes negocios de obra pública bajo los gobiernos kirchneristas. Cuando Mauricio Macri fue presidente endeudó al país de forma ilegal con el FMI por millones de dólares que fueron utilizados para la fuga de capitales.

Un Poder Judicial completamente parcial

La selección por parte de los jueces del Tribunal Supremo de Comodoro Py de a qué gobernantes enjuiciar por corrupción y defraudación al Estado y a quién no, marca los intereses de los responsables detrás del juicio de Vialidad.

La recusación realizada por CFK y otros acusados al juez Giménes Uriburu y al fiscal Luciani participar de torneos de fútbol organizados por Mauricio Macri, junto al pedido -rechazado también como la recusación- de ampliar su declaración por la introducción de nuevas pruebas en su contra de forma irregular, son señales de la parcialidad de los magistrados que realizan el proceso.

La utilización de mecanismos judiciales y mediáticos para la persecución de opositores políticos efectivamente es parte del juicio por Vialidad. Una condena será dictada por jueces y fiscales vinculados a Mauricio Macri, y será revisada (cuando se apele, como se espera en ese caso) por jueces acusados de ser miembros de la mesa judicial que visitaba al expresidente en la Residencia oficial de Olivos. Los vínculos estrechos de los magistrados con el expresidente enturbian cualquier resolución del juicio.

A esto se suma que la figura penal para buscar la condena de Cristina y sus funcionarios es la de la asociación ilícita: una figura de origen y utilización política, cuestionada por su indeterminación en cuánto a qué acciones y requisitos la configuran, fue hecha para perseguir originalmente organizaciones sindicales y ahora se usa con discrecionalidad para criminalizar la protesta social. Esto ha sido denunciando numerosas veces por el Frente de Izquierda.

La falta de imparcialidad en este juicio no niega la corrupción sistemática en la obra pública, ni confirma que Cristina Kirchner no tenga responsabilidad; simplemente significa que en este juicio la verdad va a estar ausente.


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