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Detuvieron al gasista por la explosión del edificio Salta 2141 en 2013

El único condenado por la explosión en el edificio céntrico donde fallecieron 22 personas y hubo más 60 heridos en 2013, fue detenido este jueves tras quedar firme el fallo de prisión efectiva por estrago culposo. La gerencia de Litoral Gas, los de inspectores de la empresa y los administradores de consorcio del edificio fueron absueltos durante el juicio en 2019 en un fallo vergonzoso.

Sábado 17 de abril | 13:20

Se ratificó la sentencia a cuatros años de prisión efectiva por estrago culposo para Carlos García, el gasista que fue el único condenado en el juicio de 2019, y detenido este jueves, a pesar de que el abogado defensor declaró que tiene 70 años y diabetes.

García fue condenado en 2019 a cuatro años de prisión por manipular el regulador de gas que generó la fuga masiva que produjo la explosión en la mañana del 6 de agosto de 2013 en el edificio de Salta 2141. Al mismo tiempo, los jueces Marcela Canavesio, Carlos Leiva y Rodolfo Zvala absolvieron a los tres administradores del consorcio, Mariela Calvillo, Norma Bauer y Carlos Repupilli; los tres reclamistas (empleados que concurren a solucionar reclamos) de Litoral Gas, Luis Curaba, Guillermo Oller y Gerardo Bolaño; el jefe de Mantenimiento de Redes de la empresa, Claudio Tonucci; y la gerenta técnica de la firma, Viviana Leegstra.

Uno de los fallos más vergonzosos de la historia para la justicia: ni la gerencia de Litoral Gas, ni el consorcio del edificio tuvieron algún tipo de responsabilidad sobre los 22 muertos y los más de 60 heridos que dejó la explosión. Sobre todo contando con el antecedente de que en 2014, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENERGAS) sancionó con una multa de 6,5 millones de pesos a Litoral Gas, por una investigación llevada a cabo tras la explosión, en la que hallaron 13 faltas graves en el manejo de la situación antes y después del 6 de agosto.

Además, durante el juicio, el perito Gabriel Omar, expuso ante el tribunal que la válvula que permitía el paso del gas estaba “abierta”, y que la pieza, que hubiera evitado una fuga era “inoperable”. Luego fue categórico: “la única autorizada para cerrar o abrir la válvula es la distribuidora” declaró en su momento.

La explosión de Salta 2141 no se trató de un accidente, fue un crimen social de las empresas privatizadas que en vez de brindar servicios públicos de calidad, tercerizan las tareas para bajar los costos, y del gobiernos nacionales, provinciales y municipales que no le imponen ningún tipo de control a estas empresas. Luego de la explosión no se puso en discusión si los servicios público deberían estar en manos estatales. Litoral Gas quedo impune por la justicia, y aumentando las tarifas sin haber mejorado el servicio.






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