El presidente Morales sufrió una seria derrota política en el referéndum del domingo 29 de febrero, con el que esperaba modificar un artículo de la Constitución para candidatearse a una nueva reelección en 2020, que eventualmente le hubiera permitido continuar en el poder 18 años ininterrumpidos. Se impuso el NO con un 51,35 % de los votos, con porcentajes mayores en las ciudades, mientras el voto rural favorable al MAS apenas permitió achicar la diferencia.
Miércoles 2 de marzo de 2016 | Edición del día
Fotografía:EFE
Evo se jugó a un plebiscito pero chocó con el desgaste de su prestigio, salpicado por el escándalo de los contratos con una empresa china en la que es gerenta una ex pareja suya, además del incendio de la Alcaldía de El Alto que dejó varios muertos días antes del referéndum. Si bien el gobierno conserva un importante apoyo social y político, el fracaso abre una crisis y lo debilita ante un horizonte de crecientes dificultades económicas y tensiones sociales.
La campaña por el NO, hegemonizada por la derecha, sumó fuerzas heterogéneas, incluso disidentes del MAS y parte de la izquierda. El gobernador cruceño Costa, el empresario Doria Medina y otros reaccionarios esperan del resultado un nuevo aliento para una derecha dividida, con escasa base social y sin nuevas figuras. Pero el NO manifestó también la insatisfacción con la situación económica y el rumbo autoritario del “Jefazo”, en sectores de trabajadores y del pueblo que no comulgan con el programa de la reacción. A esto se sumó un minoritario voto blanco y nulo, como posición independiente al que llamaron nuestros compañeros de la LOR-CI y otros.
Desaceleración económica y decadencia del “proceso de cambio”
Bolivia está lejos de la crítica situación económica de Venezuela o las recesiones de Brasil o Argentina, pero también se desacelera con la baja de los precios del gas, minerales y soja, según un “modelo extractivista” y dependiente del capital extranjero que desmiente el discurso nacionalista y de “defensa de la Pachamama”.
El levantamiento de la “guerra del Gas” en 2003 fue canalizado a la vía de las reformas con la llegada de Evo al gobierno en 2006. El gobierno del MAS renegoció los contratos petroleros en un marco de precios en alza y con ello pudo financiar ampliamente la obra pública y políticas sociales para paliar la pobreza. La nueva Constitución del Estado Plurinacional, modificada en 2008 en un pacto con los partidos neoliberales, reconoce a los pueblos originarios, pero sin introducir cambios sustantivos.
Esas bases de la estabilización en que se apoyó el gobierno de Evo se están debilitando. La crisis internacional desplomó los ingresos: en 2015, el valor de las ventas al exterior cayó un 30%. En este marco, mientras las transnacionales que hicieron enormes ganancias, plantean nuevas exigencias, las necesidades populares son postergadas y el gobierno se endurece con los reclamos obreros, de regiones como Potosí y de sectores originarios -como los que rechazaron el paso de una ruta a través del parque nacional del TIPNIS. En setiembre pasado Evo ya adelantó que habría “alguna política de austeridad para el próximo año […] hay que amarrarse el cinturón”.
El papel del “Jefazo”
Esto pone en juego el rol personal de Evo como el “árbitro” indiscutido, que pretende conciliar intereses antagónicos, entre la nación oprimida y el capital extranjero, entre los poseedores y los explotados y oprimidos, como si estuviera por encima de las clases sociales, apoyándose en el aparato del Estado y la cooptación de la COB y los “movimientos sociales”. Las tendencias autoritarias -que los marxistas llamamos bonapartistas-, surgen de la administración del Estado burgués (desde cuyos cargos la dirigencia del MAS entrelazó intereses con la burguesía). En un contexto de crisis, son reforzadas por la necesidad de endurecer el arbitraje, y para eso, el “Jefazo” debía relegitimar su papel, esta es la clave política de la jugada reeleccionista.
El referéndum ¿método democrático?
El MAS presentó el referéndum como muestra de “democracia participativa y directa”, pero es muy poco democrático, acotado a votar sí o no, sin posibilidad de debatir alternativas para tomar decisiones colectivas por el pueblo trabajador. Esta es otra muestra de los límites de la mentada “revolución democrática y cultural”. El MAS proclamó que “descolonizaría el poder”, pero la Constitución Política del Estado Plurinacional mantiene instituciones retrógradas típicas en las repúblicas latinoamericanas desde los tiempos de la oligarquía, como el fuerte presidencialismo o el Senado. Preserva la gran propiedad agraria y las autonomías indígenas están estrechamente recortadas. La opresión de género es naturalizada en la figura patriarcal de la familia y los derechos de la mujer que expresa la Constitución. Este aspecto reaccionario se expresa en las recurrentes declaraciones machistas y homofóbicas del presidente, el vicepresidente, funcionarios del MAS y de la derecha, que no pueden ocultar su concepción conservadora y patriarcal.
Más libertades democráticas, no menos
Evo tantea cómo recuperarse, culpa a las “redes sociales”, y endurece un discurso que ya tiene antecedentes de represión a protestas populares y persecución a luchadores sindicales y de izquierda. Esos métodos le facilitan el trabajo a la derecha que despliega la demagogia “republicana”. Apoyar políticamente a Evo como el “mal menor”, como pretenden los kirchneristas y cierta izquierda “independiente”, es justificar una política que aporta agua al molino de la reacción.
El pueblo debe poder debatir y hacer pesar su voluntad sin restricciones. Esto exige la radical ampliación de sus derechos políticos, perforando el “blindaje” institucional republicano. Por eso, hay que plantear la abolición del Senado, de las circunscripciones uninominales en la elección de diputados y de la institución presidencial con sus poderes excepcionales, terminar con la casta judicial, pleno derecho a la autonomía de los pueblos originarios, desmantelar la legislación conservadora, para asegurar plenamente los derechos de las mujeres, incluso el de abortar, y de la población LGTTB, entre otras.
Las consignas democrático-radicales, articuladas en un programa de acción para que la crisis la paguen los capitalistas, pueden ser un poderoso motor para movilizar y acelerar la experiencia de las masas con la democracia burguesa en sus variantes “populista” o “republicana”, facilitando que el pueblo trabajador haga suya una conclusión revolucionaria: la única forma de ejercer su voluntad efectivamente es imponer un poder obrero, campesino y popular.
