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Red Internacional

Reproducimos el pronunciamiento de la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco que exige la nulidad del juicio a Santiago Goodman, ex dirigente de la ATECh, condenado a tres años por los incidentes en la legislatura de la provincia de Chubut durante el conflicto de 2019.

Miércoles 28 de septiembre | Edición del día

“CRIMININALIZACION DE LOS/AS TRABAJADORES/AS DEL CHUBUT. RECOLECCIÓN DE PRUEBAS EN EL MARCO DE ACTUACIONES ILEGALES E IRREGULARES”

Esta Cátedra quiere manifestarse y repudiar las actuaciones que viene llevando a cabo el sistema de justicia penal en la provincia de Chubut, precisamente en los procesos de investigación, y puntualmente, aquellas investigaciones que realiza la Procuración Fiscal, toda vez que la misma ha aceptado pruebas de tipo irregulares y violatorias en el marco ilegal de las Fuerzas Públicas, perjudicando en la sentencia, al dirigente gremial Santiago Goodman.

Estas pruebas obtenidas por las Fuerzas de Seguridad se han basado en distintas formas de espionaje ilegal, mediante métodos que vienen utilizando y que han sido denunciadas por Organizaciones Sociales y esta Cátedra de Derechos Humanos, tanto en el presente conflicto laboral como en otros procesos, en los que claramente desde los Poderes del Estado se intenta la represión y criminalización de la protesta social.

Estas consisten en tomar fotografías, y filmar con dispositivos celulares, de manera encubierta y sin identificarse como parte de fuerzas policiales o judiciales; obteniendo fotos y videos que son recolectados como elementos de tipo probatorios, las que terminan siendo autorizadas por la Procuración General, y utilizadas por las Fiscalías para fundar acusación en los juicios y posteriores sentencias.

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Así se sostienen las acusaciones, por medios de estas pruebas que fueron obtenidas vulnerando la Ley Nacional Nª 25.250 que, entre otros considerandos, dice: “De Inteligencia Nacional prohíbe “Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o adhesión o pertenecía a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales etc.

Sostenemos que estas conductas violentas utilizadas por las Fuerzas de Seguridad y el Ministerio Público Fiscal son Violencia Institucional, esgrimida contra integrantes de la sociedad, ya sean Trabajadores/as o manifestantes que participan de una protesta; y que posteriormente, permite judicializar y criminalizar a los mismos, por parte del Estado. Estas prácticas no deberían ser toleradas por el Sistema de Justicia, más precisamente respecto a las concernientes a las Instituciones, que investigan los hechos.

Por otro lado, observamos con preocupación, que, si bien el Poder Judicial posee herramientas para abordar e intervenir desde la lógica, la mirada, desde los derechos humanos de los/as ciudadanos, como las 100 Reglas de Brasilia, utiliza el resultado de espionaje como prueba; siendo que debería declarar su nulidad absoluta y del proceso judicial que se base en ellas.

El Estado nos coloca frente al dilema “seguridad o libertad” para justificar sus actividades de persecución política, espionaje ilegal e indiscriminado, convirtiendo a todos/as en presuntos delincuentes y a nuestras actividades en sospechosas. No olvidamos que esta forma de actuar del Estado es una reproducción de prácticas de la dictadura militar. Estas acciones de vigilancia son ilegales según las leyes internacionales de los derechos humanos, vulneran los derechos a la privacidad, libertad de expresión, información, y la protección de la dignidad humana.

Por lo expuesto SOLICITAMOS, se Declare la Nulidad de lo actuado respecto al dirigente gremial Santiago Goodman, se haga lugar a la impugnación solicitada, oportunamente por la Defensa, toda vez que las pruebas, recolectadas por los Funcionarios Policiales, fueron realizadas violando la Ley Nacional Nª 25.250 y Tratados de Derechos Humanos, entre ellos el Derecho a Expresarse, el sencillo Derecho a la Protesta.
Asimismo, solicitamos se investigue la actuación de las/os funcionarias/os que introdujeron y admitieron en proceso penal la prueba ilegal que denunciamos .

Para adherir, enviar correo a Cátedra Libre de Derechos Humanos UNPSJB: [email protected]


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