Política Bolivia

REPUDIO A LA PERSECUCIÓN POLÍtICA Y SOLIDARIDAD CON PAtRICIA HERMOSA

Caso Patricia Hermosa: la aplicación de la teoría del Derecho Penal del Enemigo

El caso de la abogada Patricia Hermosa, sindicada de Terrorismo y Sedición, ambos delitos de carácter político, es una muestra material de la aplicación de la teoría del “Derecho penal del Enemigo”, doctrina que busca estigmatizar, castigar y suprimir derechos de ciertos sectores de la población, creando un enemigo ficticio para el mal llamado Estado democrático. Repudiamos la persecución política, su detención arbitraria cuando estaba en estado de gestación y que ocasionó que hoy haya perdido su embarazo.

Rodrigo Cuevas

Abogado y miembro del organismo de "Profesionales por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal" (ProDHCre)

Viernes 12 de junio | 09:31

Foto: redes sociales

Esta semana, el caso "Terrorismo- Sedición" contra Patricia Hermosa, ex jefa de gabinete de Evo Morales, nuevamente tomó protagonismo en las redes sociales y en los medios de comunicación alternativos, ante la negativa del Gobierno de “transición” de Áñez de permitirle recibir visitas para corroborar su estado de salud, toda vez que, sin duda, requiere de atención médica y también psicológica ante la pérdida de su embarazo tras estar recluida en celdas por varios meses.

Esto adquiere mayor relevancia luego de que incluso organismos de derechos humanos, de la ONU así como la CIDH, habían recomendado que Patricia Hermosa, que estaba embarazada, se defienda en libertad.

Recordemos que la abogada Patricia Hermosa fue detenida el pasado mes de diciembre, a pesar de su estado de gestación, y en fecha 31 de enero del presente año, fue nuevamente aprehendida por portar documentos de Morales para inscribirlo como primer senador para el Movimiento Al Socialismo (MAS) por Cochabamba. Sin embargo, estos hechos fueron suficientes para sindicarla de haber cometido los delitos de Terrorismo y Sedición, tipos penales que tienen una naturaleza política.

Así mismo, es importante mencionar que la exfuncionaria, no fue la única persona a quien se la procesó indebidamente, por los delitos antes mencionados, puesto que, los meses posteriores a la toma del poder de Áñez, el nuevo régimen además de imponerse violentamente por medio de los aparatos de represión, policía y FFAA, en las masacres de Senkata, Ovejuyo y Sacaba, se valió de la instrumentalización de la justicia, para perseguir y callar a todo aquel que levante su voz en contra del nuevo régimen.

Para este fin el autoproclamado Gobierno de transición tuvo que crear el prototipo ficticio del “Enemigo del Estado”, traducido en una figura, que le permita justificar todos los atropellos estatales como las detenciones arbitrarias, violación de DD.HH, persecución política y otras. Claro, este objetivo no se podía lograr sin la “desinteresada” colaboración de los medios de comunicación tradicionales, fundamentales para la estigmatización de los sectores más populares de la población.

No fue coincidencia que los calificativos vertidos por la ahora presidenta y la totalidad de sus ministros, fueron ampliamente replicados en los medios de comunicación y las redes sociales, que al unisono expresaban las cualidades que estos “enemigos ficticios” deberían tener, “salvajes”, “terroristas”, “desestabilizadores”, “indios”, fueron las palabras que iban configurando la imagen del sujeto con quien se enfrentaría el Estado. Materializando de esta forma la aplicación del “Derecho penal del Enemigo”, teoría elaborada por el penalista alemán Günter Jakobs en 1985.

Esta doctrina alcanzó una gran repercusión internacional en 2001, a raíz de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, cuando las personas que cometían determinados delitos, eran calificadas como terroristas, narcotraficantes o criminales altamente peligrosos, en fin, personas consideradas “enemigas del Estado” y de la “democracia”. En este sentido, lejos de convertirse en un paradigma para el derecho penal, esta teoría fue ampliamente cuestionada por una diversidad de doctrinarios del derecho, que la calificaban de “peligrosa”, ya que la misma se vale de la supresión de derechos y garantías constitucionales a los sectores a quienes se intentaría estigmatizar con fines políticos, bajo la justificación falsa, de enfrentarse a un Enemigo. Tal como lo hemos visto en nuestro país, donde por medio de este tipo de política criminal atrofiada, se tipifican delitos políticos de forma arbitraria, que supuestamente atentan contra los principios del Estado, dejando en indefensión a la población que está en contra de este régimen despótico.

El caso de Patricia Hermosa, es una muestra cabal de la aplicación de esta doctrina de persecución, contraria a los principios del derecho penal, de criminalización desproporcionada y oportunista, intencionalmente pensada como un medio para advertir a la población de la existencia de una autoridad estatal fuerte y decidida a actuar con firmeza en contra sus disidentes. A todo esto, se suma el trato inhumano contra esta ex funcionaria, que, a pesar de haber sufrido la pérdida de su embarazo, privada de libertad, no se le permitió ni siquiera recibir visitas que permitan verificar su verdadero estado de salud, inclusive a autoridades del legislativo.

Situación por la cual, no atravesó el ex ministro Navajas, procesado por el caso “Respiradores” con sobreprecio, que hoy goza de ciertas prerrogativas que le permiten cumplir su detención preventiva en un hospital privado, hasta ahora desconocido.

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En el caso de la abogada Hermosa, paralelamente a los padecimientos a los que fue sometida, el Gobierno de Áñez, en un tono machista y acosador, intentó vincularla sentimentalmente con el exmandatario Morales, a través de la publicación de los destinos del avión presidencial en la anterior gestión. No obstante, aunque parezca casualidad esta denuncia gubernamental se efectuó en medio de los cuestionamientos del uso de los aviones del Estado durante la crisis socio-sanitaria, los escandalosos casos de corrupción y uso de bienes del Estado, en los que estarían involucrados altos funcionarios del gobierno de Áñez.

De esta forma, se asientan las bases de un régimen autoritario, con comportamientos muy similares a los de las dictaduras militares de décadas pasadas, llevando la teoría a la práctica, en este caso la teoría del “Derecho penal del Enemigo”, en contra los sectores mas populares de la población, al servicio de una élite económica, buscando a través de medidas excepcionales se puedan dar figuras punitivas para mantener presos a aquellos “enemigos” que toquen los intereses de estas clases, que detentan el supuesto Estado Democrático.

Desde el organismo de profesionales y trabajadores por los "Derechos Humanos y contra la Represión Estatal" (ProDHCre) nos solidarizamos con Patricia Hermosa y repudiamos la persecución política de la que es víctima y la total vulneración de sus derechos humanos más básicos como el de no haber llevar adelante su embarazo.






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