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Barcos, genocidios y pueblos indígenas: reflexiones sobre las declaraciones de Fernández

Los dichos de Fernández forman parte de un discurso muy instalado en importantes sectores de la población argentina. Hacemos un recorrido histórico para entender la conformación del Estado Nacional.

Domingo 13 de junio | 09:22

Esa idea de que argentinos y argentinas venimos de los barcos fue una construcción histórica de las elites gobernantes durante el proceso de organización del Estado argentino que recobra nuevos sentidos en la actualidad. En ese entonces, los grupos dominantes intentaban justificar un origen común de la nacionalidad afirmando que descendemos de sectores de inmigrantes y bajo esta concepción se construye la metáfora de “los barcos”.

En este sentido, los inmigrantes europeos son resaltados frente a otras migraciones como las de los países limítrofes, la peruana, la venezolana o la colombiana. Esta positividad hacia los migrantes europeos es la contracara a otras afirmaciones como: “los bolivianos nos sacan el trabajo”, “los colombianos son todos narcos”, “argenzuela”, “los mapuches son terroristas” entre otras. Sin poner en tela de juicio los aportes migratorios y la diversidad cultural de la Argentina, está claro que los dichos de Fernández no se refieren a los barcos que trajeron a los conquistadores, los que trasladaron esclavos, los que se llevaron el oro y plata de las tierras americanas.

La larga historia indígena en el actual territorio argentino

La historia indígena en el actual territorio argentino constituye un largo proceso que incluye diversas formas de vida, ocupaciones de distintos espacios con características regionales y organización política particulares. Con la conquista y colonización española, se fue construyendo en Europa y en las elites criollas locales, una primera visión de los indígenas americanos por la cual fueron considerados “inferiores” a los grupos europeos y por lo tanto había que “colonizarlos”. Sin embargo, el continente americano fue el último continente en poblarse hace 30/15 mil años y a diferencia de los demás fue ocupado únicamente por el Homo sapiens sapiens.

Hombres y mujeres con características anatómicas similares a las nuestras, que impulsaron distintas estrategias eficaces para aprovisionarse de recursos y desarrollaron tecnologías y utilizaron el lenguaje como medio de comunicación verbal para expresar pensamientos, ideas, sentimientos y procesar la información. Las expresiones artísticas como el arte rupestre y mobiliar están cargadas de simbolismo e identidad.

En el actual territorio Argentino, diversas investigaciones arqueológicas describen que hay ocupaciones tempranas desde hace 12 mil años en la meseta central de la Patagonia. Las pinturas rupestres de la llamada “Cueva de las Manos” que constituyen un bien patrimonial mundial están datadas en 9 mil años antes del presente. En la llanura pampeana se registran ocupaciones tempranas desde hace 10 mil años en las sierras de Tandilia, en Arroyo Seco y a orillas del río Quequén. En la Puna la presencia de cazadores recolectores data de hace 11 mil años y los hallazgos arqueológicos permiten deducir que había un control variado de recursos que incluían la puna, los valles y las quebradas. Los sitios encontrado en la región de Cuyo indican una ocupación de hace 12 mil años atrás. En las Sierras Centrales las primeras ocupaciones datan de 9 mil años atrás.

En síntesis, hace 8 mil años los grupos cazadores recolectores estaban ocupando el territorio patagónico y fueguino, el sudeste de la llanura pampeana y la puna. También había comunidades en tierras cuyanas, en las sierras centrales y el litoral fluvial. La diversidad de paisajes ocupados significó un conocimiento de los recursos del medioambiente, la utilización de tecnologías adecuadas y el desarrollo de estrategias de subsistencia orientadas por la movilidad estacional. Se organizaron en grupos igualitarios conocidos como bandas basadas en redes familiares y con líderes consensuados. La forma de vida cazadora recolectora continuó en algunos grupos hasta la conquista española.

La forma de vida cazadora y recolectora comenzó a cambiar en la región del noroeste y cuyo (andes meridionales) del actual territorio argentino hace 2 mil años con la producción de alimentos (domesticación de plantas y alimentos), el desarrollo de la alfarería, la metalurgia y la formación de las primeras aldeas. Junto a estos cambios se extiende la ocupación diferenciada del espacio destinados a actividades ceremoniales y rituales: culto a los muertos en enterratorios y centros ceremoniales como el Mollar en Tafí de Valle (hoy Tucumán). En el resto del territorio aún predominó la forma de vida cazadora recolectora. Otro cambio importante se da en los andes meridionales hace 1 mil años destacándose un proceso de integración regional y de desigualdad social con la influencia de Tiwanaku desde el sur del lago Titicaca en el norte y el desarrollo de jefaturas o señoríos en la actual región de Catamarca.

La llegada de los barcos con el conquistador

Hace unos 500 años, los territorios de los andes meridionales se encontraban dominados por los incas. La presencia de los pueblos guaraníes se extendía por el sur del actual Paraguay hasta el río de la Plata. En la llanura pampeana y en la Patagonia la forma de vida cazadora recolectora se complejizaba. Hacia el 1600 los españoles controlaban los territorios desde el actual México hasta Chile y parte de las tierras del Río de la Plata. Sin embargo, durante mucho tiempo la colonización se ocupó centralmente de la explotación dos áreas: Centroamérica y los Andes Centrales.

En el actual territorio argentino se realizaron distintas expediciones colonizadoras durante el siglo XVI, las comandadas por Hernando de Magallanes, Juan de Garay, Pedro de Mendoza, Juan Nuñez de Prado, Diego de Almagro, entre otros. El resultado fue el establecimiento de algunos núcleos urbanos como Santiago del Estero, Córdoba, Tucumán, Jujuy, Salta y Catamarca. Sin embrago estas colonizaciones territoriales no fueron pacíficas. El avance en el territorio del Plata de los conquistadores generó distintas resistencias y enfrentamientos, es conocida la experiencia de Juan Díaz de Solís durante su desembarco en el río de la Plata. El núcleo de mayor resistencia fue el norte impulsado por los caciques Juan Calchaquí y Viltipoco. En síntesis, a fines del siglo XVI diversos espacios quedaban aún controlados por los pueblos indígenas: el chaco, norte de las actuales provincias de Córdoba y Santa Fé, al sur de río Salado hasta Mendoza, abarcando al región pampeana y la Patagonia en su totalidad.

Luego del proceso independentista, durante las primeras décadas el siglo XIX en Argentina el Estado convirtió “la lucha contra el indio” en una gran empresa de conquista y expoliación que puso las bases de la conformación de la gran propiedad latifundista, pilar del “modelo primario-exportador” junto con la dependencia del imperialismo británico. En la década de 1820 se impulsaron expediciones militares contra las comunidades indígenas en los actuales territorios de la provincia de Buenos Aires. Son conocidas las “campañas al desierto” impulsadas por Rosas y su articulación política con los “indios amigos” a los que intentaba controlar. Hasta la década de 1870 las políticas contra los indígenas quedaron bajo las orbitas de las autoridades provinciales que utilizando distintas estrategias militares combinadas con pactos y acuerdos con las etnias, fueron preparando el terreno para la política centralizada genocida impulsadas por Roca con el aval de los poderes legislativos del Estado.

El problema de la tierra y el genocidio indígena

Al concluir la Guerra con el Paraguay (1864-1870), el problema de la frontera sur comenzó a reverse cuando Nicolás Avellaneda llegó a la presidencia de la Argentina en 1874 y la cuestión indígena se tornó un tema central. En el contexto de una Argentina que atravesaba una profunda crisis económica, Avellaneda afirmaba que los límites productivos asociados a los asuntos agropecuarios tenía en la cuestión de la frontera un lugar preferencial y para resolverlo había que dejar de lado las expediciones punitorias y ocupar el territorio indígena (Mases, 2010). De esta manera, la cuestión de la ocupación de los territorios patagónicos se vinculó con el ejercicio del Estado sobre la soberanía nacional y los conflictos limítrofes con Chile que se intensificaron durante su presidencia. En este contexto, la política de Adolfo Alsina como ministro de Guerra y Marina, significó un cambio importante en la estrategia sobre el tratamiento de las fronteras interiores y tuvo la finalidad de avanzar en líneas sucesivas hasta llegar al río Negro. Durante la campaña de Alsina se incorporaron al dominio del Estado nacional 56.000 kilómetros cuadrados de tierras para la producción de la fértil pampa húmeda.

A su muerte le sucede en su cargo el general Julio Argentino Roca quién propuso un cambio en la estrategia de dominación indígena estableciendo una política ofensiva para eliminar la presencia indígena en los núcleos nodales de su existencia: la confluencia de los ríos Negro y Neuquén. En agosto de 1878 con el aval de Avellaneda el proyecto llegó al Congreso de la Nación donde fue convertido en ley en octubre del mismo año poniéndose en marcha el operativo genocida. La Campaña de Roca fue pedida y financiada por los grandes oligarcas que luego formaran la Sociedad Rural. E. Zeballos fue quien desde la intelectualidad justificó dicha conquista en su Ensayo para la ocupación definitiva de la Patagonia en 1878 como una “cruzada” de la civilización.

La “conquista del desierto” avanzó contra las etnias originarias de la región pampeana y patagónica. El 25 de mayo de 1879, Roca da por culminada su tarea en Choele-Choel en las márgenes del río Negro centro de reunión de las rutas comerciales del ganado y de las comunicaciones étnicas. El circuito del ganado consistió en distintos acuerdos entre etnias indígenas para aprovisionarse de ganado que sería vendido a grupos transcordilleranos. Acompañó a este circuito comercial otras estrategias menores como son los malones y el comercio a pequeña escala en los núcleos urbanos.

Se inicia así una serie de campañas militares (1881-1885) que penetraban lentamente en los territorios indígenas estableciendo el control estatal sobre la Patagonia. Para esto fue importante cortar el tránsito intercordilerano ocupando la actual provincia de Neuquén. La persecución militar obligó a los principales caciques de la región a cruzar la cordillera. Sayhueque se rinde ante el ejército nacional en 1884. Al mismo tiempo se decretaría la “conquista del chaco” impulsada por Victorica (1884).

Se calcula que hacia fines del siglo XIX, hay 30.000 indígenas asesinados, muchos secuestrados, desaparecidos y torturados. Lenton (2014) y Delrío y Ramos (2011) definen a este proceso como genocidio: durante el proceso de formación del Estado Nacional, las clases dominantes llevan a cabo grandes campañas militares con el fin de exterminar y someter a las poblaciones originarias y así extender sus fronteras, expropiando e incorporando grandes extensiones de tierras

A la par de estos avances, se fortaleció el discurso de “civilización vs barbarie” y en este sentido se impulsaron diversas políticas para atraer la inmigración europea tal como queda expresado en el preámbulo de la constitución de la Argentina. Hasta los primeros años del siglo XX, las políticas migratorias fueron vistas como positivas. Luego los sectores de trabajadores migrantes organizados en diversas federaciones obreras comenzaron a ser reprimidos cuando impulsaron importantes huelgas.

“Una nación sin indios” como matriz de origen del Estado nacional

Los argentinos llegamos de los barcos”. Alberto Fernández (junio, 2021)

En Sudamérica todos somos descendientes de europeos” Mauricio Macri (enero 2018)

Somos hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes. Esto es la Argentina” Cristina Fernández de Kirchner (abril 2015).

“Nuestro país se forjó en base a la colonización española” Néstor Kirchner (enero 2005)

Las políticas migratorias impulsadas por el Estado desde mediados del siglo XIX, tal como lo expresa el preámbulo de la constitución de 1853, tienden a afirmar la idea de progreso vinculada a la inserción de la Argentina en el mercado capitalista mundial como productora de materias primas. En este sentido se entramaron distintos discursos con prácticas políticas tendientes con el objetivo de expandir el modelo agroexportador al interior del país y de esta manera a “conquistar” un desierto habitado por los pueblos originarios. De esto se desprenden dos ideas muy instaladas: una de ellas es que la Argentina es un país “sin indios”, una invisibilización histórica que se amalgama con tonos racistas cuando en la actualidad los pueblos originarios emergen en la esfera pública con sus reclamos y más aún si cuestionan la propiedad capitalista. La otra es aquella que aún, reconociendo la presencia indígena en el actual territorio argentino en la actualidad niega o menosprecia el rol genocida del Estado para avanzar hacia el capitalismo.

En la Argentina, las narrativas oficiales de los grupos dominantes se originaron de la propuesta mitrista que supuso un imaginario de la población nacional a partir de la asimilación de la población indígena a un patrón civilizatorio encarnado en la sociedad blanca y europea. Esta idea de nacionalidad se consolidó a la par del Estado capitalista y la inserción de la Argentina en el mercado capitalista mundial como país dependiente y productor de materias primas. De ahí se construyó un ideario de nación moderna, civilizada y poderosa. Briones (2008) analiza la categoría de “progreso” asociada al puerto de Buenos Aires y a la llegada de importantes contingentes de inmigrantes.

Estas concepciones no caen del cielo, habían surgido del grupo intelectual de la Generación de 1837 junto a la idea de “desierto” que fue retomada por las sucesivas generaciones de las elites políticas gobernantes en la Argentina hasta la actualidad. Asociado a este concepto , está la idea de “civilización y barbarie” es el desierto el que contiene al “salvaje” al que había que civilizar incorporándolo al sistema nacional y al proceso productivo. Rita Segato (2007) se refiere a las narrativas propagadas por el Estado utilizando la categoría de “formación nacional de alteridad” para analizar las representaciones hegemónicas concebidas por la imaginación de las elites estableciendo una división entre estas y los sectores subalternos. Durante el siglo XIX, los sectores subalternos a dominar fueron los pueblos indígenas. Sobre estos presupuestos el Estado nacional impulsó una política genocida aún no reconocida por ningún gobierno.

Para Marcelo Musante, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina, el genocidio va a estar asociado a las prácticas de invisibilización de los pueblos originarios pero también al ocultamiento de sus formas de resistencia o a plantearlas como unas acciones de desobediencia social o terrorismo. Y las formas de resistencias que serán invisibilizadas serán no sólo las físicas (los reclamos en la esfera pública como acampes, marchas, cortes de ruta, etc.) que incluirán en muchos casos procesos represivos, sino también, por ejemplo, dejando su forma de testimoniar la historia, la memoria oral de las comunidades como un registro de segunda categoría.

Durante el siglo XX las políticas represivas hacia los pueblos indígenas continuaron. Las políticas del Estado argentino marcaron una línea de continuidad que atraviesa a los gobiernos radicales y peronistas. Sólo a modo de ejemplo, en 1924 bajo el gobierno del radical Alvear se produce la matanza de Napalpí en Chaco. Allí fueron asesinados 200 indígenas que se negaban a seguir siendo explotados en las fincas de algodón de los grandes terratenientes. Durante el peronismo en 1947 los Pilagás fueron masacrados en Formosa por la Gendarmería Nacional mientras el entonces presidente, Juan Domingo Perón, daba un discurso en la Real Academia de Letras con motivo del 12 de Octubre de ese año, defendiendo la conquista y la avanzada española sobre territorio americano. Los Pilagás pedían el pago en tiempo y forma de su trabajo realizado en campos azucareros. La mayoría de ellos trabajaba en el Ingenio San Martín Tabacal conocido por los ritmos de explotación a los que eran sometidos por su dueño Patrón Costas. El pueblo Pilagá fue perseguido y masacrado en el transcurso de un mes en los alrededores del pueblo Las Lomitas. En ambos casos el Estado también es garante de la impunidad.

2021: No son frases, son políticas

Ante los dichos de Fernández, el jefe de gabinete Santiago Cafiero declaró que “los gobiernos no se evalúan por las frases, sino por las políticas públicas y los hechos".
Aun bajo el ropaje de la interculturalidad y los discursos decoloniales a los pueblos originarios se les siguen negando sus derechos elementales con diversos expresando distintas variables de un racismo institucional. Sufren la desnutrición que lleva a que mueran niños y ancianos por enfermedades evitables (los casos más resonantes con los niños wichis) en un país que exporta millones de toneladas de alimento. Fueron los principales perjudicados con la pandemia se Covid 19 destacando la desigualdad al acceso a la salud, otro derecho vulnerado como describen diversos estudios realizados por universidades públicas y el Conicet.

Además durante el contexto Covid 19 sufrieron importantes violaciones a los derechos humanos agravadas por el empoderamiento de distintas fuerzas represivas avaladas por los poderes del Estado. Según el periodista Darío Aranda, en el contexto de pandemia, integrantes de las comunidades originarias fueron reprimidas en varias ocasiones, sufrieron detenciones arbitrarias y torturas en diversas provincias (Chaco, Misiones, Jujuy, Río Negro, Formosa, Santa Fe y Neuquén entre otras).

Como antecedentes, en los 10 últimos años, y sólo a modo de ejemplo, la represión hacia las comunidades originarias se mantuvo y se agravó. En el año 2010, durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en Formosa asesinaron al qom Roberto López y Eber Falcón. Otras víctimas indígenas fueron asesinadas por patotas que defienden el feudo peronista de Insfrán y al agronegocio. Durante el gobierno de Cambiemos se reprimieron diversos conflictos indígenas, el caso de mayor resonancia es la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado que apoyaba la lucha mapuche en tierras de Benettón y de Rafael Nahuel que defendía el territorio junto a su familia. En ambos casos lo único que avanzó fue la impunidad de los responsables. Hace unos días las fuerzas policiales de Capitanich se cobraron la vida de un adolescente Qom en Chaco.

En el año 2006 se sancionó la Ley de Emergencia Territorial con el objetivo de frenar los desalojos de las comunidades indígenas, retomando el artículo 75 de la constitución nacional que menciona el derecho al territorio de las comunidades indígenas. Además esta ley de emergencia propuso un relevamiento de los conflictos y de las comunidades indígenas del territorio argentino con la finalidad de impulsar políticas sectorizadas. Poco y nada se ha avanzado en este sentido.

En algunos casos son las comunidades acompañadas por investigadores como las y los integrantes del Grupo de Estudios de Memorias Alterizadas y Subordinadas quienes han impulsado el relevamiento. Por el contrario avanzan los desalojos a las comunidades en Chubut, Jujuy, Neuquén y Río Negro. Es el Estado el principal infractor de sus propias legislaciones. Esta ley fue prorrogada hasta noviembre del 2021. En esta oportunidad el gobierno de Fernández deberá decidir sobre el pleno derecho de los pueblos originarios al territorio ancestral y al manejo comunitario de las tierras y territorios que habitan.

Hoy en día en la Argentina son los pueblos originarios junto a importantes sectores de la población los que resisten las políticas extractivista, del gobierno nacional y los gobiernos provinciales (Mapuche y Tehuelches en Chubut, Huarpes en San Juan) peleando por el derecho al agua y a la vida; los que se enfrentan a los desmontes como la comunidad Wichi en Salta, diversas comunidades Mbya guaraní de Misiones, al extractivismo contaminante de Vaca Muerta en Neuquén, entre tantos otros. Demuestran los límites al modelo impulsado por las políticas públicas y no sólo a los discursos.

En educación, la perspectiva intercultural de la Ley de Educación Nacional y la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe sigue siendo muy dispar y son los gobiernos provinciales los que deciden o no su implementación según los recursos. En la provincia de Buenos Aires que es la provincia con mayor cantidad de población indígena no se ejecuta ningún plan o programa que garantice el derecho a la EIB. El programa surgido en el año 2007 se desarticuló gradualmente hasta su desaparición en el gobierno de Vidal.

El actual territorio de la Argentina está integrado por 38 pueblos o naciones indígenas dispersas en todas las provincias. Se hablan 36 lenguas originarias. El año 2019 fue declarado como el año de las lenguas indígenas. Cerca de un millón de personas se reconocen pertenecientes a distintos pueblos originarios. Una vez más, es necesario apoyar a las comunidades originarias, su resistencia y lucha para mantener viva la pelea por sus demandas históricas, su cosmovisión y autonomía.
Briones, C. 2008. Formaciones de alteridad: contextos globales, procesos nacionales y provinciales. En Cartografías argentinas: políticas indigenistas y formaciones provinciales de alteridad. Buenos Aires: Antropofagia.

Fuentes.

Delrio, W. y Ramos, A. 2011. Genocidio como categoría analítica: Memoria social y marcos alternativos. Corpus [En línea], Vol 1, No 2.

Lenton, A. 2014. Apuntes en torno a la aplicabilidad del concepto de genocidio en la historia de las relaciones entre el estado argentino y los pueblos originarios. En Lanata J. L. Prácticas genocidas y violencia estatal en perspectivas transdiciplinar. Bariloche: IIDyPCa-CONICET.

Mandrini, R. 2008. La Argentina aborigen. De los primeros pobladores a 1910. Buenos Aires: Siglo XIX.

Segato, R. 2007. La Nación y sus otros. Raza, etnicidad y diversidad religisosa en tiempos de políticas de identidad. Buenos Aires: Prometeo Libros.






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