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Red Internacional

Ante el anuncio del Gobierno provincial de enviar a la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia para forzar a volver a trabajar a las y los anestesistas que llevan 80 días de lucha por su salario, se concentraron para denunciar las consecuencias que tendría para todos los mendocinos y mendocinas. Con el aval del PJ, se votaría este martes

Martes 17 de mayo | Edición del día

La lucha que llevan adelante las y los médicos anestesistas de Mendoza se profundizó en estos últimos días cuando el Gobierno provincial anunció que enviaría a la Legislatura un proyecto de Ley de Emergencia con el que busca derrotar forzar el cierre del conflicto sin dar respuesta al reclamo.

Según explicó la ministra de Salud, Ana María Nadal, el proyecto establece la suspensión de la matrícula profesional de quienes no retomen el servicio y la convocatoria de anestesistas jubilados para cubrir las guardias vacantes por más de 60 trabajadores y trabajadoras que no renovaron sus contratos en rechazo a la miseria salarial de Suárez.

El conflicto lleva más de 80 días, y luego de minimizarlo durante semanas diciendo que el reclamo no afectaba el servicio en los hospitales, ahora el Gobierno pretende forzar a volver a trabajar a médicos jubilados e incluso que presten servicios de anestesiología otros profesionales que no están formados para esa tarea, ante la gran cantidad de cirugías reprogramadas por el conflicto.

"Este proyecto atenta contra la libertad del trabajo, quieren hacernos trabajar de manera forzada bajo pena de suspender la matrícula por remuneraciones bajísimas, respecto al resto del país, de la realidad económica y de la capacidad de pago provincial, porque Mendoza tiene 35 mil millones de pesos de superávit fiscal del año pasado. No hay ningún motivo real por el que hayan empobrecido de esta manera a los trabajadores estatales en general y de la salud en particular", denunció Arturo Salassa, vocero de los anestesistas y explicó que "en 80 días tuvimos solo 3 reuniones de diálogo estéril".

"Hablar de reclutamiento castrense de jubilados para volver a trabajar es una locura, hablar de que profesionales afines pueden dar anestesia es de un desconocimiento absoluto del sistema sanitario. Atenta contra la salud de la población, puede tener graves consecuencias", alertaron las y los anestesiólogos.

Mientras la Canasta Básica en la provincia supera los $ 80.000 y la inflación acumulada en la provincia superó el 26 % en lo que va del año, un anestesiólogo cobra $ 30.000 por las guardias de fin de semana. "Hemos perdido dos tercios del poder adquisitivo en tres años, de lo que cobrábamos en 2019 estamos, en términos reales, un tercio. Lo que ha destrozado el tejido de la salud, hay médicos que han renunciado por las condiciones laborales, estamos cobrando dos veces menos que el resto de la región", denunciaron.

El reclamo cuenta con el apoyo de más de 16 organizaciones sindicales y profesionales de la salud que se pronunciaron en apoyo a las y los anestesiólogos. También se hizo presente para acompañar la concentración la dirigente del PTS en el Frente de Izquierda Unidad, Mailé Rodriguez Abalo.

La convocatoria se realizó en el marco de la visita a la ministra Nada a la Legislatura para explicar el proyecto envíado. Tras la reunión, en la que no permitieron el ingreso de las y los representantes de los trabajadores, desde el PJ anunciaron que votarían el proyecto este martes cuando se vote en el senado y diputados. Según informaron desde el bloque del Frente de Todos, ante una serie de cambios al proyecto (como a 120 días la emergencia, además de que elimina la convocatoria a anestesiólogos jubilados), acompañarán el proyecto. Sin embargo, no se trata de un artículo u otro, sino que es un proyecto que de conjunto es contra las y los trabajadores y que busca quebrar la lucha por el salario de quienes no tuvieron aumento durante la pandemia.

En conferencia de prensa, desde la la Asociación Mendocina de Anestesiología (AMA), exigieron que se rechace de conjunto el proyecto y advirtieron que los que voten a favor serán "responsables solidarios junto al Ejecutivo de cualquier evento que como consecuencia de esta ley ponga en riesgo la vida de un paciente".




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