Política Bolivia

DÍA INTERNACIONAL DE LA PROHIBICIÓN DE LA TORTURA

#26J: familiares y víctimas del golpe marcharon por justicia

La "Asociación de Presos y Heridos Políticos víctimas de tortura durante el Golpe de Estado del 2019-2020" integrada por familiares y víctimas de los hechos de represión suscitados durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez realizaron una marcha en conmemoración y apoyo al Día internacional de la Prohibición de la Tortura que se celebra cada 26 de junio.

Naomi Gonzales

#YoCorresponsal y miembro del Organismo por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal "ProDHCre"

Sábado 26 de junio | 15:22

A más de un año del golpe, los asesinatos, torturas y violaciones a los DD.HH. suscitados durante el Gobierno de facto de Jeanine Áñez aún no se han esclarecido. Son apenas unos pocos detenidos mientras los principales responsables y cómplices, como militares y policías, siguen gozando de libertad. Así mismo, como ya denunciaron familiares de las víctimas de las masacres, hasta ahora no hay avances en la investigación de las denuncias de tortura que se constituyen en delitos de lesa humanidad.

Durante la marcha las víctimas y familiares exigieron justicia y el resarcimiento a las víctimas de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad perpetrados en las masacres de Sacaba, Senkata, Ovejuyo, Rosales y el Pedregal.
En la movilización el representante de la Asociación de Heridos y Presos Políticos de Senkata, El Alto señaló que lo que ellos piden es “que se haga justicia, porque nuestros familiares han sido torturados física y psicológicamente”.

Desde La Izquierda Diario no hemos dejado de acompañar y visibilizar la lucha de las víctimas y familiares del golpe que siguen bregando por justicia. Por eso mismo, creemos que el camino para avanzar en esta demanda sigue siendo luchando desde las calles y con independencia política del MAS ya que así como sucedió con las víctimas de Octubre del 2003 es “su justicia” la que se encarga de dilatar estos procesos preservando en la absoluta impunidad a los responsables políticos y materiales que asesinaron, torturaron y violaron los derechos humanos de las víctimas del golpe.






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