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GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
En la “democracia” de Áñez la libertad de expresión debe tener límites
Juana Runa | Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Foto: Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación del Gobierno golpista

El gabinete de Áñez continúa haciendo gestión para tomar medidas contra quiénes a su juicio estarían excediendo los “límites a la libertad de expresión”. Roxana Lizárraga, ministra de Comunicación, revisa impuestos de distintos medios y emite criterios sobre qué medios de radio, televisión o prensa “mal informan” acusándolos de ser sediciosos.

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En poco tiempo entre las medidas que de manera ágil viene implementando el gobierno de facto de Áñez destacan aquellas orientadas a “regular” la libertad de expresión y de prensa. Recordemos que el control de los medios y redes alternativas de comunicación empezó con la consolidación del golpe de estado, no solo mediante un cerco mediático y la complicidad de los medios hegemónicos sino también, como denunciaron los vecinos de Senkata y Sacaba, la señal de Entel misteriosamente se cayó en los distritos en conflicto cuando se desplegaba la brutal represión policial y militar del pasado noviembre.

Estas medidas continúan desarrollándose coartando la libertad de expresión y de prensa. Más de 50 radios comunitarias tuvieron que suspender su labor informativa cortando la transmisión o en algunos casos, limitándose a transmitir solo música. También se cortó la transmisión de canales de televisión internacionales como TeleSur y Actualidad RT (Rusia TV). Detuvieron a jóvenes vinculados a la Resistencia Radio y acusados de sedición todo esto en un operativo de “rastrillaje cibernético” donde hasta las cuentas de Facebook personales que consideran “peligrosas” son motivo suficiente para ser sindicado por sedición.

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En esta línea, durante la última semana estamos presenciando un salto en el acoso a los medios de prensa alternativos. Explícitamente Lizárraga se refirió a la radio de la región del Chapare, Kawsachun Coca, como “voces sediciosas” y que había límite para la libertad de expresión. En sus palabras: "Nosotros hemos permitido que esa radio siga funcionando, eso es parte de la libertad de expresión, no hemos apagado esas voces sediciosas que siguen llamando a la confrontación pero también la libertad de expresión tiene sus límites", según reportó Página Siete. Kawsachum Coca por su parte denunció como un golpe a la libertad de expresión el decomiso de sus equipos de transmisión por parte de una comisión de técnicos del ministerio de Comunicación.

Así mismo, como parte de estas medidas, Lizárraga sostuvo una reunión con Impuestos Nacionales para revisar el estado impositivo de medios identificados como masistas. Entre ellos se encuentra el canal de televisión ATB que según declaraciones de la ministra tendría deudas millonarias por impuestos internos sembrando la duda sobre la continuidad de este medio. Esta situación fue desmentida por la red ATB afirmando que estarían todas sus obligaciones tributarias al día.

Por otra parte, lectores de La Izquierda Diario Internacional nos reportaron que no pudieron acceder a nuestras páginas desde la red abierta de los aeropuertos en Bolivia.

Estos hechos ponen en evidencia que el resultado del movimiento cívico, policial y militar fue un movimiento de derecha y con una proyección creciente de limitar las libertades democráticas. Es urgente en esta coyuntura impulsar la denuncia nacional e internacional de todos los ataques a estas libertades, empezando por exigir el desprocesamiento y la libertad de los cientos de detenidos, la absoluta e irrestricta libertad de prensa y de expresión y el cese de la persecución política a todos los opositores al régimen golpista de Áñez.

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