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Sin pruebas, Sergio Moro acepta la denuncia contra Lula

Como era de esperarse, el Juez Sérgio Moro aceptó la denuncia del Ministerio Público Federal contra Lula, convirtiendo al ex presidente en procesado en la Operación Lava Jato.

Miércoles 21 de septiembre de 2016 | 23:24

La presentación en power point del procurador en jefe de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, y las acusaciones del Ministerio Público Federal contra Lula causaron un gran impacto. En internet se viralizaron los gráficos donde todas las flechas apuntan al supuesto centro de la trama de corrupción que sería Lula. La expresión de los fiscales federales de que no tienen pruebas contundentes contra Lula pero que son suficientes para generar “convicción”, se convirtió en el nuevo hit de las redes sociales.

Como el golpe militar de 1964, este golpe institucional de 2016 ya ha producido sus shows de cosas absurdas. Sin embargo, hasta las afirmaciones - y acciones - más bizarras, en política, tratan de lograr algún objetivo. En este caso, no podemos ver la presentación de los fiscales federales como un simple caso de la locura o de falta de competencia. Nos parece que su denuncia, eminentemente política y carente de pruebas, tiene un objetivo que es agitar a la opinión pública contra Lula y medir hasta dónde podría llegar la Operación Lava-Jato.

El ridículo en el que cayó el Ministerio Público Federal (MPF) y “sus convicciones sin pruebas”, obligó al juez Sergio Moro a ser más medido en el despacho que emitió al aceptar la denuncia de los fiscales. Para Moro, "ciertamente, tales elementos probatorios son cuestionables, pero, en esta fase preliminar, no es necesaria una conclusión en cuanto a la presencia de la responsabilidad penal, sino sólo justa causa". Es de destacar también que casi justificando el discurso del MPF, el juez declaró "que será durante el mismo (en alusión al proceso de acción penal) que corresponderá a la acusación producir prueba más allá de toda duda razonable en sus alegaciones en caso de que pretenda condenarlo".

Ironías de lado, lo que se pretende en esta fase de la Operación Lava Jato es muy grave. La prisión de Lula sin pruebas busca anular sus posibilidades de ser electo en 2018. Por eso sería necesario, además de la condena del tribunal de Curitiba, una nueva condena en segunda instancia.

Para muchos sectores que incluso se consideran de izquierda, la convicción de que Lula encabezó esquemas de corrupción debería ser suficiente para detenerlo. De este modo, dan su apoyo a la Operación Lava Jato y a la forma, ilegal, con la que se está actuando. El esquema en esta operación ya resulta conocido: escuchas telefónicas, delaciones, filtración de información selectiva a los medios, crean un clima político favorable para las detenciones arbitrarias y condenas carentes de pruebas efectivas.

Justifican su posición a partir de la denuncia, más que correcta, de que Lula gobernó el servicio del gran capital, engañando a los trabajadores y que implementó un método de la corrupción sistemática para asegurar la gobernabilidad y aplicar ataques tales como la reforma de las pensiones, entre otros ejemplos. Por lo tanto, su detención sólo podría ser favorable a la lucha de la clase trabajadora. Nada más falso y vergonzoso.

En primer lugar, si Lula es golpeado y no puede presentarse como candidato por el accionar de la derecha, por una justicia corrupta y comprometida con los intereses extranjeros, en nada favorecerá a los trabajadores. Sólo legitimará la actuación de los jueces y de esta justicia de clase. Al mismo tiempo, para sectores considerables de trabajadores que están indignados por el golpe que se está consolidando, Lula quedaría como el héroe de la historia y no como el verdugo que gobernó durante 8 años para los poderosos de siempre.

Tal vez aún más grave es el precedente. En una democracia controlada por la burguesía, como la que existe en Brasil, cualquier atentado contra los mínimos derechos democráticos, tarde o temprano se volverá contra los trabajadores y la izquierda. Lula puede ser condenado porque para algunos jueces parece razonable que sea culpable de las tramas de corrupción partiendo de que fue él quien designó los ministros y cargos de confianza involucrados. Esta misma lógica podría causar estragos si fuera aplicada contra los movimientos políticos de protesta.

Por ejemplo, imaginemos una manifestación de masas donde ciertos individuos se organizan para resistir la represión de la policía con palos y piedras. Uno de ellos es detenido y afirma que la dirección del sindicato que convocó la protesta fue quien organizó la resistencia "armada". A pesar de la falta de pruebas, puede resultar razonable suponer que el sindicato es responsable. Con esta lógica, y teniendo en cuenta el alto grado de infiltración de agentes de policía y provocadores de los servicios de inteligencia en las manifestaciones de masas, ningún dirigente de centros de estudiantes o sindicato que llamara a una manifestación podría sentirse seguro. La dictadura de la toga y los tribunales, en estas condiciones, puede ser tan perjudicial como una dictadura militar, a pesar de preservar una apariencia constitucional.

Por estas razones, sin dudar un instante, la clase obrera tiene que ajustar las cuentas con el PT y Lula, y sin dar ningún apoyo político a ese partido o a Lula, que aplicaron los ajustes contra la clase obrera y se enriquecieron (de forma lícita o ilícita) a costa nuestra, y ahora, por eso mismo, se niegan a organizar una lucha seria contra el gobierno golpista. Así también rechazamos - como es nuestra obligación- las detenciones y los procesos arbitrarios como el que está en curso en contra Lula.






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