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¿Qué fue la “pacificación de La Araucanía”? La guerra del Estado de Chile contra el pueblo mapuche

Al conmemorarse este 12 de octubre nuevamente el día de la resistencia indígena, llamada hipócritamente el Encuentro de los dos mundos, recordamos la guerra genocida que el Estado de Chile libró contra el pueblo mapuche para usurparle sus tierras.

Martes 13 de octubre | 07:41

Pasada la mitad del siglo XIX el Estado de Chile inició una guerra de conquista contra las tribus indígenas al sur de la frontera marcada durante la colonia en el río Bío-Bío. Cornelio Saavedra fue el general a cargo de tal desafío para la oligarquía chilena que buscaba expandir las tierras productivas para consolidar el modo de producción capitalista primario exportador en el territorio controlado por el joven Estado de Chile.

Luego de la independencia a España, Chile nunca logró una verdadera independencia económica al someterse tempranamente a alianzas con potencias imperialistas, principalmente con Inglaterra. Y los distintos gobiernos que se sucedieron en el siglo XIX no hicieron más que profundizar el modo de producción de exportación de materias primas como metales de las minas, o distintos productos agrícolas.

En el territorio latinoamericano convivían (y conviven aún hoy) distintos modos de producción, unos precapitalistas, como serán los de las tribus y pueblos indígenas, y capitalistas propiamente tal. Y que al irse consolidando los Estados nación en los países independientes representaba un inconveniente para los intereses de aquella élite, por lo que iniciaron planes de conquista contra los territorios que aún quedaban en manos de los mapuche a ambos lados de la cordillera.

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En Chile, durante el gobierno de José Joaquín Pérez (presidente durante 1861-1871), se le encomendó al general Cornelio Saavedra la “pacificación de La Araucanía” para incorporar esos territorios a la cadena productiva chilena, en manos de nuevos latifundistas nacionales o extranjeros como Adán Luchsinger Martí, quien llegó a Chile en 1883, ocasión en que se derrotó, aunque no definitivamente, al pueblo mapuche.

Fue una guerra despiadada contra los indígenas, que se inició con la primera campaña de Saavedra el año 1862 fortificando Mulchén, Negrete, Angol y Lebu. Hubo división en las tribus ya que algunas se aliaron con el ejército conquistador chileno, como fue el caso de los pehuenches y los llamados costinos.

En el otro bando se encontraban las tribus arribanas bajo la dirección del cacique Quilapán, que entre 1867 y 1869 se enfrentaron a la segunda campaña de “pacificación”, que expandió la frontera hasta el río Malleco.

Este plan de conquista se basaba en la necesidad de aumentar la exportación de cereales debido a la llamada “fiebre del oro” en California, EEUU en 1848. Que desde el comienzo significó roces entre los colonos y los pueblos originarios, y que luego se transformó en un “problema” entre el Estado de Chile y los Araucanos libres.

En perspectiva histórica, este es otro plan más para conquistar los territorios que no pudieron usurpar los colonizadores españoles, y que la oligarquía descendiente continuó ahora al mando de un Estado y de una nación que, para ellos, justificaba la incorporación de aquellas tierras para fortalecer su economía, o sea sus mecanismos para acumular. Que sostienen hasta el día de hoy los herederos de aquella élite colonizadora, como es el caso de la familia Luchsinger Mackay.

El Estado de Chile hasta el día de hoy defiende aquellas tierras robadas a las comunidades indígenas, militarizando cada vez más aquellos territorios en disputa, como lo hemos visto con el Comando Jungla que se ideó en el último gobierno de Bachelet y que se implementó durante este gobierno de Piñera, teniendo como una de las víctimas más recordadas, a Camilo Catrillanca.

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La “pacificación de la Araucanía” fue una empresa criminal que entregó las tierras usurpadas a privados para beneficiar sus propios intereses. Hoy, las comunidades que se mantienen en lucha por sus tierras tienen el derecho a exigir lo que les corresponde históricamente. Tienen el derecho legítimo como pueblo a su autodeterminación.

Es por eso que quienes somos socialistas y revolucionarios luchamos por la unidad de los explotados y los oprimidos para combatir y derrotar al capitalismo, que con sus Estados y aparatos represivos como los militares y la policía, defienden los intereses de unos pocos.






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