Política Bolivia

OPINIÓN

Murillo se ve “tentado” para una confrontación en el Trópico cochabambino

Luego de la expulsión de 85 policías de la localidad de Shinahota, el "Gobierno de transición" de Áñez amenazó con encapuslar el Chapare y determinó cerrar los bancos impidiendo el cobro de los bonos a cientos de pobladores de la región, en una muestra más de discriminación social y racial. Rechazamos esta política que profundiza la orientación represiva desde noviembre.

Naomi Gonzales

#YoCorresponsal y miembro del Organismo por los Derechos Humanos y contra la Represión Estatal "ProDHCre"

Lunes 20 de abril | 18:29

Foto: NODAR

Ayer, en horas de la mañana, el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, en una conferencia de prensa manifestó resueltamente la intención de encapsular el Chapare: “Si los cocaleros no quieren y no les importa, nosotros vamos a encapsular Chapare; nadie sale y nadie entra a Chapare, si no quieren que se cobren los bonos, no se cobran, pero no vamos a ir a la confrontación; es hora de que la población misma se dé cuenta del daño que hacen estos dirigentes criminales”. Así mismo, pretendiendo demostrar de qué lado de la balanza se inclina el poder, acota lo siguiente: “Una vez haya eso (que pidan disculpas) no tenemos ningún problema (los policías) van a retornar a cuidar los bancos y a cuidar el tema del coronavirus”.

Así adoptando un discurso que sobrepasa ampliamente el cinismo, continuó señalando que el Gobierno de Áñez y él, precisamente él, que en cada oportunidad que se le presenta, amenaza a la población con meterla a la cárcel, son de la cultura de la paz: “Nosotros somos gente de la cultura de la paz, no queremos que haya heridos(...)”. Dicha afirmación solo la pueden creer los afines a la política de la represión desplegada por este autodenomiando Gobierno de transición.

Pero continuemos analizando el discurso del “todopoderoso” Murillo; éste señala que es una “tentación” ir a la confrontación con el pueblo del trópico de Cochabamba, pero que se resiste a tal “tentación”. Esto queda documentado en su misma declaración donde señala: “…por qué no se preocupan de esa pobre gente que no puede cobrar, solamente sirve para perseguir a la policía, al ministro de Gobierno y acusarnos de todo, buscar la confrontación. No, nosotros no vamos a caer en esa tentación”. Es preocupante hasta qué momento podrá resistir, el ministro, la “tentación” de ir a la confrontación, y más preocupante aún es cuando ya no puedan resistirse a esa “tentación” y se produzcan nuevas masacres como las suscitadas en noviembre del año pasado.

Pero recapitulemos un poco, estas declaraciones se dieron a raíz de lo suscitado el pasado jueves 16 de abril en Shinahota, donde 85 efectivos policiales fueron expulsados de la comuna, según los dirigentes, por haber violado los protocolos de bioseguridad y no haberse sujetado a la cuarentena impuesta por el Gobierno.

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El gobierno de Áñez como represalia, ordenó el cierre de todas las instituciones bancarias del Chapare, dejando sin la posibilidad de cobrar los bonos a cientos de familias que necesitan de esos recursos para poder sobrevivir, ya que no pueden desplegar una vida económica normal que les permita el sustento diario.

Sin lugar a dudas van a existir las lógicas incongruentes de que, por el hecho de ser “masistas”, “chapareños” o contrarios a éste régimen, no debieran cobrar los bonos, porque son políticas del Gobierno de Áñez. Estos criterios además de carecer de profundidad y seriedad, tienen la intención de hacer creer que cobrar un bono es un acto de incongruencia política respecto del repudio al Gobierno golpista de Áñez.

Sin embargo, nada de esto es cierto, Áñez no ve la implementación de bonos como una medida en favor del campo y de los sectores populares, sino como una estrategia que frente a las terribles condiciones económicas de la población le permita "contener" una posible situación catastrófica de los sectores económicamente vulnerables y que pueda derivar en una abierta manifestación de disconformidad generalizada de la población contra su Gobierno. Este escenario no está descartado, ni aún con la implementación de dichos bonos.

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Si bien es cierto que el Chapare es uno de los reductos del Movimiento Al Socialismo (MAS) ¿se debe castigar a la población más vulnerable a no acceder a por lo menos esos 500 bs.?, ¿cómo estuvo funcionando la banca en el chapare en estos 5 meses donde no existía la presencia policial?

Claramente las declaraciones del “pacíficista” ministro Murillo, representan la intención de reestablecer el control del Chapare, después del golpe de Estado de noviembre del año pasado, y al ver el momento oportuno para ingresar con las fuerzas policiales, en plena cuarentena, no lo dudó dos veces en intentarlo. No nos dejemos engañar creyendo que fue para hacer cumplir la cuarentena, a este Gobierno lo último que le interesa es la salud de la población, de más está mencionar las medidas de su ministro de Salud que ha restringido la utilización de test para la población.

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Por otro lado, como se ha dicho líneas arriba, el Chapare es un reducto del MAS. No obstante, los jerarcas del partido sorprenden con su silencio obsecuente para con el régimen, no se han pronunciado con relación a las eventuales medidas que implementaría Arturo Murillo. Así mismo, los dirigentes que se han pronunciado como Francisco Córdova, Segundina Orellana, han señalado que la razón por la que no ingresaron los policías es por la falta de cuarentena y medidas de bioseguridad, haciendo comentarios tibios sobre la desconfianza que se ganó la policía después de las masacres de Sacaba y Senkata, por pobladores del trópico.

En esta pulseada, entre el ministro Murillo como representante del Gobierno, que pide que la gente se disculpe de la policía, y la dirigencia sindical del MAS, que pide que se realice la cuarentena de los policías, sale damnificada la población con escasos recursos económicos y que se constituyen en rehenes en esta contienda.

Debemos ser categóricos en repudiar la política de represión para el manejo de la crisis sanitaria a causa del coronavirus y exigir la implementación de test masivos, medidas de bioseguridad para el sector salud. Claramente, el Gobierno se inclina por lo primero, en oposición de lo segundo.






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