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Ministro peruano propone retirar seguridad policial a congresistas

Para cubrir la profunda crisis política del ejecutivo que costó hasta ahora el desaforo de cuatro ministros por su involucramiento con los negocios de Odebrecht, el ministro del Interior, Carlos Morán, no tuvo mejor idea que anunciar el retiro del personal policial como seguridad de los congresistas, lo cual abrió un debate sobre el papel de la policía y el rol del parlamento peruano.

José Rojas

Militante de la Corriente Socialistas de las y los Trabajadores "CST" de Perú

Domingo 23 de febrero | 12:00

Foto: ministro del Interior, Carlos Morán (GEC)

Carlos Morán es un general en retiro de la Policía Nacional, al cual se le asocia con prácticas de espionaje telefónico (chuponeo) a los enemigos políticos del Gobierno y de promover una serie de psicosociales para desviar la atención del pueblo en relación a temas sustanciales. Moran también es responsable de implementar desde su ministerio, y en alianza con la dirección contra el terrorismo DIRCOTE, una persecución macartista contra los estudiantes de la universidad San Marcos de Lima quienes el año pasado realizaban estudios de marxismo.

Esta medida populista que recorta los derechos constitucionales de los parlamentarios, demostraría que el presidente Vizcarra y sus ministros estarían dispuestos a pisotear la propia institucionalidad burguesa con tal de mantener y acrecentar su poder y evitar de esa manera que sus vínculos con el gran capital salgan a la luz. Sin embargo, la propuesta de Morán al enfocarse solamente en el Parlamento y no en los beneficios y medidas de seguridad de las cuales gozan los miembros del poder ejecutivo como el presidente, los ministros y otros altos funcionarios públicos, ha puesto en evidencia el carácter tendencioso y político de esta iniciativa que nos hace prever que la estrategia de escudarse en la impopularidad del congreso para fortalecer la figura presidencial y de esa manera seguir aplicando las políticas de ajuste contra el pueblo y los trabajadores, seguirá siendo la estrategia de Martín Vizcarra para el año que le queda de mandato.

Esta medida también busca evitar el cuestionamiento social a los vínculos del entorno más cercano del presidente Vizcarra con las coimas y la corrupción de funcionarios y políticos promovidos por Odebrecht y otras empresas privadas de gran envergadura, vínculos que fueron puestos en evidencia las últimas semanas a través de investigaciones periodísticas. Para ello, Morán apela a la salida muy utilizada en estos últimos tiempos por el ejecutivo de golpear al congreso – el cual goza de muy poco prestigio a pesar de su última renovación – para de esa manera empoderar al presidente y al conjunto del poder ejecutivo el cual, a partir del acrecentamiento de la crisis orgánica que se vive en el Perú, ha ido adquiriendo cada vez mayor poder político, asumiendo así rasgos bonapartistas, sosteniéndose para ello en un sector del poder judicial, las fuerzas armadas y las fuerzas policiales.

El rol de la Policía Nacional

Por otro lado, la propuesta del ministro Morán también ha generado que se abra un debate a nivel del pueblo y de los sectores de la izquierda sobre el papel de la policía nacional. En ese entender, el congresista electo por Lima por el Frente Amplio, Enrique Fernández Chacón, ha declarado en su cuenta personal de twitter:

Si bien es cierto, nosotros rechazamos categóricamente el hecho que los miembros de la policía nacional terminen resguardando a las grandes empresas mineras como Southern o Yanacocha o a congresistas y ministros como el mismo Morán, o incluso al presidente de la República Martín Vizcarra, tampoco consideramos que el rol de la policía, en una sociedad de clases como la peruana, sea “dar seguridad en las calles” como desliza Fernández Chacón o que la incapacidad del actual ministro del Interior se reduzca a no “combatir la delincuencia”.

Y decimos esto porque consideramos que el gran crimen organizado que generalmente se asocia al narcotráfico o a la trata de personas, encuentra en la policía nacional y en los políticos de turno a sus más grandes aliados y cómplices, sino como entender los cientos de toneladas de droga que salen todos los días por el aeropuerto Jorge Chávez de Lima o las miles de mujeres, muchas de ellas menores de edad, que son prostituidas a vista y paciencia de la policía nacional. Y si hablamos del crimen común, el cual para nosotros es consecuencia directa del desempleo y la precarización laboral que viven millones de peruanos y peruanas, veremos que aquí el papel de la policía nacional se reduce a estigmatizar y reprimir violentamente a los sectores más pobres, a los cuales asocian de manera simplista a la delincuencia y al crimen. No tener claro esto ha llevado a que personajes reaccionarios como Daniel Urresti, que hacen gala del endurecimiento de las prácticas represivas de la policía, ganen protagonismo y peso político.

Por tanto, a diferencia de lo que dice Fernández Chacón, nosotros no esperamos que la policía nacional, la cual por cierto no ha dudado nunca en reprimir violentamente a los que luchan por mejores condiciones de vida, nos dé ahora seguridad en las calles o que el ministro Morán sea más eficiente combatiendo la delincuencia, ya que tanto la policía nacional como el ministerio del Interior son instituciones completamente corrompidas y al servicio de los empresarios y la casta de políticos que se alinean al gran capital. Por esa razón es necesario repudiar ampliamente el accionar de este tipo de instituciones que con su accionar atentan todos los días contra las luchas del pueblo trabajador. Ello nos lleva a romper con la hipocresía de generar consenso con una institución imposible de reformar y con las posturas centristas o conciliadoras que solo buscan reconciliarnos con este aparato represivo.






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