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México: ¿qué significa el triunfo de López Obrador?

Pablo Oprinari

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México: ¿qué significa el triunfo de López Obrador?

Pablo Oprinari

El domingo 1 de julio, un verdadero tsunami político electoral sacudió México. Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición encabezada por el Movimiento de Regeneración Nacional, obtuvo el 53 % de los sufragios. En una jornada con alta participación, AMLO –como se lo conoce en México– y su partido, cuya primera participación electoral fue hace apenas 3 años, triunfaron en 31 de las 32 entidades del país, conquistaron la mayoría en las cámaras del Congreso de la Unión, 5 gobernaturas de las 9 en disputa y la mayor parte de los cargos locales puestos a votación.

Los tres partidos claves del andamiaje político sufrieron una catástrofe. El Partido Revolucionario Institucional, del actual presidente Enrique Peña Nieto, apenas llegó al 16,40 % –el peor resultado de su historia– y perdió bastiones como el Estado de México e Hidalgo. La coalición encabezada por Ricardo Anaya (del Partido Acción Nacional) obtuvo el 22,50 % de los votos, y el otrora centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática podría perder el registro por su baja votación. El candidato derechista “independiente”, Jaime Bronco Rodríguez, un expriista, se desinfló y sólo alcanzó un magro 5 %.

López Obrador asumirá al gobierno el próximo 1 de diciembre, después de una transición de 5 meses, como el presidente más votado de la historia de México. Aquí analizamos las causas del resultado electoral, las contradicciones y las perspectivas que se abren.

Crisis y elecciones

Los últimos años, a partir de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las movilizaciones multitudinarias que recorrieron el país, fueron los de un profundo cisma entre los partidos tradicionales y el movimiento de masas, que marcó la segunda mitad del sexenio.

En diciembre de 2012, al inicio del gobierno de Peña Nieto, el PRI, PAN y PRD firmaron el Pacto por México, que blindó las “reformas estructurales” impulsadas de forma arrolladora por la administración priista. Los planes neoliberales encarnados por la reforma energética y educativa, el saqueo de los recursos naturales por las trasnacionales imperialistas, la precarización laboral que afecta a la clase obrera, así como los terribles efectos de la militarización y la llamada “narcoguerra”, junto a la barbarie de los feminicidios y el atropello a las libertades más elementales se acumularon en el hartazgo de millones.

La brecha que se abrió en las movilizaciones por Ayotzinapa, con el grito de “Fue el estado” y la bronca popular, se profundizó de ahí en más. El cambio fue evidente. Nunca se recuperó la popularidad de Peña –siempre debajo del 20 %– y la progresiva caída del PRI, el PAN y el PRD en las elecciones intermedias fue termómetro de la desconfianza y la crisis de representación burguesa. La portada de la revista Time con una imagen de Peña al inicio de su mandato y la frase “Saving México” quedó en el olvido.

Posteriormente, con la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos fue puesto en cuestión el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), bandera de Peña Nieto y los partidos mencionados. Como planteamos previamente, desde el 2014 se abrieron fuertes tendencias a una crisis orgánica –entendida como la combinación de una crisis hegemónica y de la “gran empresa” neoliberal de la burguesía mexicana– que recorrió todos los niveles de la sociedad.

México entonces vivió un proceso de politización de amplias franjas de la juventud y el movimiento obrero, un cambio en las formas de pensar que se expresó en el quiebre respecto a los partidos tradicionales.

Pero, contradictoriamente, después de las movilizaciones por Ayotzinapa, contra el aumento de las gasolinas y las luchas del magisterio y otros sectores de trabajadores, asistimos a una creciente pasivización del descontento. Se mantuvo presente, sí. Pero ya no se expresó de forma extendida en las calles.

En la medida que se acercaba el 1 de Julio, primó la ilusión en que, con la llegada de AMLO a Palacio Nacional, se lograrían los deseados cambios. El líder de Morena era percibido por amplios sectores de la población como una alternativa.

Mientras tanto, López Obrador profundizaba su moderación: si durante su carrera política nunca cuestionó las bases del capitalismo mexicano ni la brutal opresión imperialista, en la campaña electoral dio un paso más allá. Incorporó tanto empresarios como tránsfugas de los demás partidos, y combinó su discurso de lucha contra la corrupción con una preocupación obsesiva por darle tranquilidad a los mercados y los grandes capitalistas.

En esta pasivización y desvío del descontento fue crucial el accionar de las principales direcciones sindicales y políticas del movimiento de masas. Primero evitando la confluencia y generalización de la protesta obrera y popular. Luego apoyando abiertamente su candidatura o llamando a votar “contra los partidos del Pacto por México˝. MORENA incorporó a sus listas a dirigentes sindicales –como Napoleón Gómez Urrutia– y luchadores sociales, como Nestora Salgado.

El triunfo de AMLO no puede entenderse sin este proceso de politización y de quiebre mayúsculo con los viejos partidos. Y es, a la vez, la llave para contener el descontento y recomponer, en una nueva situación política, las desprestigiadas instituciones del régimen. En el horizonte está la intención de restablecer la alicaída hegemonía burguesa, cuestionada desde las movilizaciones por Ayotzinapa.

Una catástrofe anunciada

El escenario actual está signado entonces por el colapso del sistema de partidos, pilar del llamado régimen de la “transición democrática”.

Desde el 2000, la alternancia entre el PRI y el PAN y su fortaleza institucional mediante el control compartido de las cámaras y el gobierno de los estados, permitió la aplicación de la agenda neoliberal y la estabilidad de los negocios capitalistas. Esto mientras el PRD actuaba como contención del descontento mediante su influencia en los sindicatos antigubernamentales y el movimiento popular. Este “tripartidismo” –algunos lo llamaron bipartidismo con el PRD como partido “bisagra”– se acabó.

La derrota del 1 de julio profundiza las crisis internas de estos partidos, con posibles y nuevas rupturas y pasajes al partido ganador.

Punto aparte es la situación del PRI. Su caída tiene alcance histórico. Surgido como el ala burguesa triunfante en la revolución de 1910/17, fue pilar de la dominación capitalista durante décadas, primero bajo el viejo “priato” y luego en la transición democrática. Y orquestó la contención del movimiento obrero, mediante el control corporativo de la mayoría de los grandes sindicatos. Su debacle, con la pérdida de prerrogativas y cotos de poder, puede alcanzar consecuencias insospechadas.

Lo que vendrá ahora es un gobierno fortalecido por un capital político de 30 millones de votos y el control hegemónico del Congreso, a través de una coalición que incluye al evangélico Partido Encuentro Social. El MORENA es ahora la primera formación política del país, en tanto que el derechista PAN aparece como la principal oposición institucional junto a un muy disminuido PRI. El PRD entra en un camino franco de disgregación y posible disolución.

El gobierno de López Obrador se basará en grandes ilusiones de las masas populares, que ansían un cambio en las condiciones sociales reinantes en las décadas pasadas. Esta relación lo distinguirá de las administraciones previas, y en particular de la brecha que surgió entre los viejos partidos y el movimiento de masas.

Amplios sectores de la clase trabajadora votaron por el candidato del MORENA. Es lo que se vio en concentraciones obreras como Ciudad Juárez –la urbe de mayor densidad proletaria del país–, en los municipios industriales del Estado de México y en sectores extendidos por toda la geografía nacional, como los maestros y los mineros. Estas expectativas se pondrán a prueba desde el 1 de diciembre.

Ilusión y realidad

Ya los primeros gestos del presidente electo enseñan su apresuramiento por mostrarse como garante de la estabilidad política y económica post-electoral.

La relación con Estados Unidos es sin duda un elemento crucial para el próximo gobierno. En los meses anteriores, ante la política agresiva de Trump frente a México, López Obrador afirmó repetidas veces que buscaría una “relación de respeto” con el magnate.

La conversación telefónica sostenida con el presidente de EE. UU. marca la intención de un acercamiento, confirmado con la invitación a la ceremonia de asunción presidencial. Estos gestos se dan en el contexto de la crisis migratoria por las políticas xenófobas de Trump (construcción del muro, el apresamiento de menores y la separación de las familias), que alientan el descontento a ambos lados de la frontera. La actitud conciliadora de López Obrador es congruente con la ausencia de todo cuestionamiento a la subordinación económica y política a los EE. UU., el pago de la deuda externa –¡que asciende a 500 mil millones de dólares!– y la entrega de los recursos naturales a las trasnacionales.

Una de las primeras acciones de AMLO, después de una tensa reunión con Peña Nieto para establecer una transición ordenada, fue el encuentro con el Consejo Coordinador Empresarial donde, entre otros acuerdos y en el contexto de un amistoso cónclave, destacó un programa para que contraten, con subsidio del Estado, a estudiantes en calidad de “aprendices”. Al día siguiente, circuló en redes sociales un video de un selecto grupo de la gran patronal en apoyo al nuevo gobierno, a lo cual se sumó luego el magnate Carlos Slim. Todo esto fue saludado de forma exultante por los mercados e incluso se revaluó el peso.

Integrantes de su futuro gabinete –donde aparecen los nombres de empresarios, ex funcionarios priistas y Carlos Uzúa, un neoliberal confeso al frente de la Secretaría de Hacienda– dejaron claro que, más allá de las promesas de campaña, las acciones clave del gobierno anterior, repudiadas por amplios sectores populares y de los trabajadores, no serán cuestionadas. Es el caso de la construcción de un nuevo aeropuerto, el aumento a las gasolinas, los contratos petroleros o la evaluación docente.

Ratificando su posición conservadora, el equipo de López Obrador propuso someter a consulta derechos democráticos –ya reconocidos parcialmente en la CDMX–, como la legalización del aborto, el matrimonio igualitario y la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Esto mientras su aliado, el evangélico Partido Encuentro Social, sostiene una agenda antiabortista y homofóbica. El pastor Hugo Eric Flores, líder del PES, dijo que “el matrimonio homosexual en México es una moda” y que “respetamos el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, pero no sobre la vida de otros. Para ello hay anticonceptivos”. En la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México del 2016, su legisladora Aída Arregui propuso reformar uno de los artículos de la constitución local para reconocer a la "familia natural y definir al matrimonio como la institución formada por una mujer y un hombre", y que se reconozca la vida desde la fecundación, para abolir en la ciudad el matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. El empuje dado por AMLO a esta formación ultraconservadora es evidente: mientras el acuerdo de coalición le permitió quintuplicar su bancada, los votos cosechados por cuenta propia no le alcanzarían para mantener el registro.

En síntesis, López Obrador no pretende tocar las bases del capitalismo mexicano ni retrotraer las políticas neoliberales que caracterizaron a las administraciones previas, lo cual está en la base de su aceptación por parte del empresariado.

Esto se combinará con acciones que marquen cierta distancia de los anteriores gobiernos (como el combate contra la corrupción y la “honestidad y austeridad republicana”) y la posible implementación de medidas de asistencia social, obteniendo los recursos para ello de una reducción del presupuesto del estado en determinadas áreas, como la prometida baja de salarios a los altos funcionarios; una medida que genera amplia simpatía por la extensión de la pobreza y la realidad de los salarios, los más bajos de la región.

El margen para esto vendrá signado por el contexto económico internacional, y en particular por la suerte del TLC. Sin duda, se trata de condiciones más restringidas de las que tuvieron los gobiernos posneoliberales de la década anterior en América Latina que –con diferencias y matices entre sí– se beneficiaron de un ciclo ascendente de las materias primas, para otorgar determinadas concesiones, mientras preservaban las bases de los respectivos capitalismos semicoloniales.

En ese sentido, el proceso electoral en México se inscribe en un contexto signado por la agresividad imperialista hacia la región y en particular su patio trasero, que incluye desde la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio hasta la injerencia en países como Nicaragua. Así como en las tendencias aún no definidas en el continente, cruzadas por el ascenso de la derecha en Colombia, la crisis de los gobiernos derechistas de Macri y Temer en Argentina y Brasil, y ahora la victoria de López Obrador al sur del Rio Bravo.

Un horizonte de inestabilidad

El curso inmediato que asumió AMLO después de la elección es incluso cuestionado por analistas como Jorge Zepeda Patterson, quien en su columna en El País, afirma “En su afán de no enemistarse con Peña Nieto y sus círculos, López Obrador podría terminar diluyendo el mandato de cambio que recibió de los ciudadanos”.

Efectivamente, el triunfo del candidato de Morena y el caudal enorme de votos evidencia las enormes expectativas que ha generado y a las cuales deberá responder. Esto es una fuente potencial de inestabilidad política y social, tanto por los límites de su moderado programa como por los problemas estructurales que enfrenta la relación con el imperialismo estadounidense. Pasaremos revista a varios aspectos en ese sentido.

La política trumpiana para reformular el TLCAN e introducir nuevas reglas plantea nuevas contradicciones en el próximo periodo y puede agravar las tendencias a la crisis orgánica.

Tanto por las implicancias en la economía, donde la integración productiva y comercial de ambos países trasciende las fronteras y alimenta el grueso de las exportaciones mexicanas, como por las consecuencias sociales y políticas en un país que tiene una división estructural entre un sur con mayor peso rural, y las regiones industrializadas del norte y parte del centro que dependen del TLC, con un numeroso proletariado anclado en la industria de exportación. Si se profundiza la crisis –y eso no podrá ser evitado por los gestos conciliatorios de AMLO– los resultados pueden ser explosivos para el nuevo gobierno y la estabilidad del capitalismo mexicano.

Por otra parte, el programa de gobierno de Morena es incapaz de afrontar los grandes problemas estructurales de México, resultado del sometimiento a los Estados Unidos.

Desde la precarización laboral –de la cual se nutren las ganancias de las trasnacionales imperialistas y sus socios nativos– hasta el saqueo de los recursos naturales. De igual forma, la militarización del país, el desarrollo descontrolado del narcotráfico, y la “guerra” contra los mismos, con sus fosas comunes y su tendal de muertos y desaparecidos son el fruto amargo de la subordinación política y militar a los dictados de la Casa Blanca. Como los feminicidios, la trata y otros fenómenos monstruosos no pueden disociarse de la descomposición social que reina en un país que se encuentra tan cerca de los Estados Unidos.

Sin enfrentar la dominación imperialista es imposible resolver los problemas que están en la base del hartazgo popular. Aún su propuesta de acabar con la corrupción chocará con la podredumbre de un régimen al servicio de los grandes empresarios, con férreos vínculos entre la llamada “clase política” y el narco, y con el cual AMLO evidentemente no se propone acabar.

En las coordenadas del periodo que se abre están las expectativas de amplios sectores obreros y populares que protagonizaron en los años pasados distintos episodios de protesta y movilización social. La caída electoral del PRI, sentida como un triunfo por aquellos, puede empujar la decisión de echar abajo políticas claves del gobierno anterior –como la reforma educativa–, defender y ampliar los derechos democráticos y laborales, por largo tiempo mancillados.

En esta sintonía, cabe preguntarse ¿El proletariado industrial, gigante sometido a la esclavitud del capitalismo mexicano en concentraciones estratégicas, puede despertar y empezar a enfrentar el control charril? Lejos de una utopía, es un escenario alentado tanto por la caída del PRI como por la resistencia y organización democrática que se empezó a mostrar en la industria maquiladora de exportación en los años previos.

Sin duda, el nuevo gobierno buscará aceitar y construir nuevos lazos con las burocracias sindicales para subordinar al movimiento obrero; una necesidad ineludible considerando además que el masivo voto trabajador cosechado por AMLO no tiene aún correlato en una fuerte estructura política que lo contenga.

Más allá de eso, está planteado que el limitado programa de Morena, su política de recomposición de las instituciones del régimen político y su negativa a afrontar la resolución de los problemas estructurales que marcan la vida del pueblo trabajador, choque –más temprano que tarde– con las aspiraciones que recorren el México profundo.

En ese camino, se actualiza la necesidad histórica de una gran organización socialista, antiimperialista y revolucionaria, que participe de las luchas por las demandas obreras, populares y democráticas y se postule como una alternativa ante la clase trabajadora y la juventud combativa que iniciarán una experiencia con el Morena y su programa. La bandera de la independencia de clase respecto a los partidos y el nuevo gobierno es una tarea impostergable, para enfrentar consecuentemente los planes de los empresarios y el imperialismo.

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Pablo Oprinari

Ciudad de México / @POprinari
Sociólogo por la UNAM, autor de México en Llamas. Interpretaciones marxistas de la revolución. Dirigente del Movimiento de los Trabajadores Socialistas.
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