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Los dueños de funerarias, los mercaderes de la muerte

Muchas familias de fallecidos durante la pandemia peregrinan en busca de una funeraria para poder sepultar a sus seres queridos.

Naomi Gonzales

#YoCorresponsal

Martes 4 de agosto | 11:32

Foto: Martina Calle

La muerte y el dolor de las familias en esta pandemia se ha convertido en un negocio redondo en favor de las empresas que prestan servicios funerarios, el creciente número de fallecidos por COVID 19 u otras enfermedades hace que la mayoría de estas entidades estén haciendo su agosto, lucrando con el dolor ajeno sin ningún tipo de contemplación.

Familiares de los difuntos denuncian el drama por el cual tienen que pasar después de sufrir la pérdida de uno de sus familiares, los precios abusivos cobrados por las funerarias, que están haciendo de los masivos fallecimientos en estos días su temporada más alta de trabajo, aprovechándose a costa de la situación y dolor de la población, costos tremendamente altos son los que deben pagar. Este es el testimonio de una persona que tuvo que peregrinar en busca de una funeraria en la ciudad de El Alto.

“Mi mamá ha fallecido el 24 de julio a las cinco de la tarde y desde entonces hemos ido de una funeraria a otra, no querían prestar sus servicios pese a que le habíamos dicho que murió por un paro cardíaco y no por coronavirus, nos daban excusas, después de haber caminado por horas buscando, encontramos una funeraria en la Plaza Azurduy de Padilla “Cristo Redentor”, en ese lugar al principio nos dijeron que todo el servicio nos iba a costar 9.000 bolivianos, entonces hemos conseguido esa plata prestándonos de algunos conocidos, pero a eso de las doce de la noche nos llaman y nos dicen que teníamos que aumentar 500 bolivianos más porque no conseguían espacio en el cementerio, por la desesperación ya no más le he dicho, al día siguiente me vuelve a llamar y me dice que hay que aumentar otros 500 bolivianos si es que no queríamos que el cuerpo de mi mamá espere hasta el miércoles de la próxima semana, por la desesperación hemos aceptado también, ese mismo día me vuelven a llamar diciéndome que van a entrar a una reunión para decidir cuánto más teníamos que aumentar, en total nos han cobrado 11.000 bolivianos, pero la factura que nos han dado solo está por 4.000 bolivianos y le preguntamos por qué no está en la factura los 11.000 bolivianos que nos han cobrado y el dueño de la funeraria nos ha dicho que el precio del ataúd no se facturaba y que no digamos nada de esto si es que queríamos seguir contando con los servicios de esa funeraria, así nos han hecho, ‘no sabemos dónde ir para quejarnos’, no tenemos dinero, nos hemos prestado y voy a vender mis cositas para poder pagar las deudas”, cuenta Martina Calle con mucho dolor e impotencia.

Foto: France24

Este no es un caso aislado, las quejas y denuncias por el abuso de los mercaderes de la muerte son una constante pero no salen a la luz, hasta ahora nadie se ha hecho cargo de esta situación tan lamentable y los que más sufren son las familias con escasos recursos quienes optan por quedarse callados y aceptar pagar el monto fijado por estas empresas, a raíz de ello algunos dolientes prefieren enterrar a sus fallecidos en el patio de sus casas o llevarlos a los botaderos y dejar los cuerpos sin vida ahí.

Es menester que estas irregularidades sean denunciadas, no se debe pasar por alto estos abusos déspotas que ofrecen las funerarias, más aún en una crisis sanitaria como la que se está viviendo a nivel mundial, y que golpea en nuestro país a vista y paciencia de las autoridades. Estas empresas aprovechan la situación de vulnerabilidad en las que se encuentran los familiares, los cobros que realizan son exorbitantes, inclusive facturando servicios que no cumplen y que están contemplados dentro del contrato realizado por ambas partes, estas entidades deben ser denunciadas, no obstante, las autoridades municipales cuya tuición compete esta temática ni siquiera contemplan la posibilidad de prestarle atención a esta problemática.

En este contexto de emergencia sanitaria y dónde las políticas del gobierno central provocan una gran vulnerabilidad en el sector salud, queda en riesgo la vida de las personas. El gobierno de Áñez mediante el Decreto Supremo 4228 art. 6 parágrafo II establece que “El precio de servicios funerarios y de cementerios para los fallecidos por Coronavirus (COVID-19) no podrán exceder a los establecidos antes de la emergencia sanitaria.”, sin embargo, antes de la pandemia las empresas funerarias no tenían una reglamentación de precios, quedando estos susceptibles a la oferta y la demanda.

Asimismo, el mencionado artículo en su parágrafo III dispone que “En caso de que los familiares no cuenten con los recursos para contratar los servicios funerarios y de cementerios, los Gobiernos Autónomos Municipales o los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos se encargarán de los mismos”. Haciendo un contraste con la realidad antes señalada, la normativa es un instrumento demagógico reñido con la realidad, ya que en los hechos ni el Gobierno Central, ni los Gobiernos Municipales atienden esta problemática, en este sentido, denunciamos el abuso que ejercen las funerarias en los servicios que prestan, puesto que las víctimas de esta pandemia no son solamente los enfermos, son también los familiares de las personas fallecidas. Estas funerarias están aprovechando una catástrofe sanitaria mundial para lucrar con el dolor ajeno a vista y paciencia de las autoridades del Gobierno central y Municipal.

Hasta el momento no se han levantado voces críticas reprochando las formas de proceder de estas empresas. Es por esto que desde nuestra organización ProDHcre queremos poner a su conocimiento estos abusos cometidos y exhortar a que se sumen haciendo llegar sus denuncias por este medio.

*Nota publicada originalmente en el sitio web del organismo de profesionales por los derechos humanos y contra la represión estatal "ProDHCre"






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