Sociedad

OPINIÓN EN TRIBUNA ABIERTA

La "guerra" contra las drogas desangra a los pueblos

Publicamos en nuestra sección de Tribuna Abierta la contribución que nos hizo llegar Andrés Serrano, desde Cochabamba, con su nota de opinión sobre el debate del narcotráfico y la legalización de las drogas.

Lunes 25 de enero | 09:49

Pintor: Fernando Botero/ Obra: Masacre de Colombia

No existe día que no leamos noticias relacionadas al narcotráfico. Las autoridades constantemente revelan los “logros” de esta guerra ficticia, desde incautaciones de dinero y toneladas de drogas, hasta detenciones de supuestos narcotraficantes. Por lo general detienen a la “mano de obra”, personas de escasos recursos que, debido a la falta de oportunidades laborales ingresan a este mundo, trabajando días completos en fábricas clandestinas, recibiendo un pago mínimo de los capos de la droga.

El tráfico de drogas ataca las estructuras de las sociedades, corrompiendo la política, la economía, el desarrollo de los países, y sí, también a militares y policías, que son las principales instituciones relacionadas con el crimen organizado. El narcotráfico fue evolucionando y creciendo de forma imparable; existe tal demanda de drogas que a los productores solo les queda expandir el negocio, precisando el apoyo de autoridades y de funcionarios militares para que puedan encubrir sus delitos. Sin ellos, su negocio no podría ser tan eficiente. En los países donde el narco tiene mayor influencia, el Estado funcionará como ente promotor, ya sea de países que producen o de países consumidores, demostrando una relación cercana, un cierto casamiento para seguir con sus actividades ilegales y que continúen ganando millones de dólares. “Son los beneficios que deja el narco a la economía de un país, los empleos que genera, la infraestructura que crea, los vacíos que llena ahí donde el Estado no llega. Es el papel de proveedor de servicios públicos que el propio Estado no alcanza a desempeñar. En otras palabras, el peso del narco en un país va más allá de la corrupción: es un actor económico importante, y puede llegar a ser imprescindible” (Jorge Chabat, 2005) [1].

Los Estados latinoamericanos optan por la lucha frontal contra las drogas, sancionando duramente a personas (por lo general consumidores) que no tienen relación directa con el crimen organizado, mostrando a la sociedad una falsa esperanza de que la lucha contra las drogas está rindiendo frutos. Detener a estos individuos que poco o nada tienen que ver con el narcotráfico solo sirve para seguir ampliando la campaña demagógica de la política injerencista de EEUU. La legalización en Latinoamérica, avanza a pasos lentos, y el motivo está en los gobiernos como en nuestras sociedades que optan por políticas mucho más severas, continuando con esta "guerra" que resultó todo un fracaso, rechazando cualquier propuesta de despenalización o legalización.

En Argentina, hasta el 12 de noviembre del 2020 la tenencia de semillas y plantas de marihuana estaba penada por la ley de drogas (23.737) con hasta 15 años de prisión, limitando únicamente la regulación del cannabis medicinal para una sola patología “la epilepsia refractaria”. Valeria Salech, presidenta de la organización Mamá Cultiva nos dice: “En 2017 no reglamentaron el auto-cultivo y otra vez quedamos a la deriva, como delincuentes a las que nos podían imponer una pena de entre cuatro a quince años. Cualquiera podía ser allanada o si me entraban a robar en casa no podía llamar a la policía porque tenía plantas”. La lucha de las organizaciones que fomentan el uso del cannabis y del auto-cultivo lograron una victoria importante en el tema legal y también legitimidad social; ya no se criminalizará ni se cometerán atropellos contra los consumidores de cannabis, lo que significa un avance muy importante para centrar la investigación en los individuos que controlan el mercado negro de la droga.

Hablemos de México, donde la situación del narcotráfico es muy compleja, la influencia del crimen organizado en las instituciones estatales corrompe de tal forma al Estado que los narcotraficantes pueden hacer lo que se les plazca. México es el segundo país con más oficinas de la DEA (Administración de Control de Drogas​), pero esta agencia de inteligencia estadounidense no sigue las leyes mexicanas, operan como ellos creen pertinente. Podemos decir que las agencias de inteligencia norteamericanas hacen lo que quieren no solo con México, sino, con toda Latinoamérica. Estas agencias tienen la reputación de ser de las más taxativas, con operativos “muy temerarios” enfocados a capturar grandes capos, pero la realidad muestra que el narcotráfico sigue causando terrible dolor al pueblo mexicano. La DEA no trabaja para defender a las personas de la violencia del crimen organizado, simplemente siguen la política de seguridad para proteger los intereses del gobierno de EEUU.

La legalización de la marihuana llegó al senado mexicano, aprobando la regulación del consumo personal lúdico del cannabis. "México Unido Contra la Delincuencia" criticó las decisiones del senado ya que dicha organización seguirá criminalizando a los consumidores: “Se mantiene la criminalización de las personas usuarias, pues se permite que sean perseguidas penal y administrativamente todas aquellas que posean de 28 a 200 gramos de cannabis aun cuando hayan tramitado un permiso” (Infobae. Legalización del Cannabis, 2020). Estas limitaciones y vacíos legales no acabaran con las extorsiones ni la terrible corrupción de las fuerzas del orden, además, hay que destacar que esta Ley de regularización favorece en especial a los sectores más privilegiados, continuando con la criminalización de los sectores más empobrecidos.

El dinero es el denominador común, todos los agentes involucrados se mueven por la codicia, por la ambición de poder. El narcotráfico es uno de los tentáculos del sistema capitalista, creando una red financiera enorme, y como la historia mundial nos viene mostrando, los países tercermundistas funcionamos como fábricas de explotación y vulneración de derechos. La naturaleza consumista del capitalismo no conoce de parámetros, el generar mayor acumulación de plusvalía es por mucho más importante que la vida misma. A los gobiernos de EEUU y de la Unión Europea no les importa que en países Latinoamericanos se cometan crímenes de lesa humanidad, con semejante demanda, que genera alrededor de 90.000 millones de dólares (El Periódico, estudio de la organización Global Financial Integrity) solo en el continente americano, las muertes no significan nada, y mucho menos para los que manejan la economía mundial capitalista. La producción de cocaína, por ejemplo, sigue en aumento, y EEUU es el país que mayores ingresos recibe de parte de Colombia con respecto al tráfico de drogas.

“La descomposición estatal provocada por la profunda injerencia imperialista que se desarrolló a partir de los acuerdos del TLC a mediados de los 90, ha permitido el surgimiento de grupos y carteles que han logrado desplazar incluso a las instituciones estatales del control de ciudades y regiones enteras” (Javo Ferreira).

El narco supo aprovechar muy bien el libre comercio, generando empresas, negocios y comprando fábricas para poder justificar sus ganancias y transportar sus mercancías al exterior. Claro que los defensores de estos tratados niegan categóricamente que esta libertad económica sea una causa favorable para el narco, atribuyendo este problema únicamente a las políticas que se implementan en México y la corrupción de sus funcionarios, buscando liberarse de responsabilidades o de culpa con cualquier tipo de desacreditación. El narco, al ser un agente más del sistema capitalista, busca crear mejores vínculos con empresas privadas, en especial para implementar nuevas formas de comerciar las drogas y ver qué artículos del mercado son los ideales para ocultar sus productos ilícitos.

Bolivia desde hace varios años que tiene un rotulo muy llamativo, somos considerados como uno de los principales países productores de cocaína del mundo. Generamos millones de dólares al año con este negocio ilegal, y evidentemente tienen que existir personajes que protejan celosamente a estas mafias. Nuestra sociedad, en especial los sectores de clase dominante y los gobernantes, enaltecen de forma reiterativa a la institución militar, esto va más allá de ser gobiernos "progresistas" o de derecha. La institución policial y militar, es parte activa en el incremento de los atropellos y vulneración de los derechos humanos. Es necesario cuestionar a estas instituciones por su naturaleza instrumental y cómplice no solo del narcotráfico sino del conjunto de los negocios y de los intereses de la clase dominante.

A comienzos del siglo XXI con la administración del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y el discurso “la lucha contra el narcotráfico es una política de Estado”, se planteaba una lucha directa contra los productores de hojas de coca, gestionando un programa de erradicación similar al de la DEA y mencionando que su fin era salir de la coca y del narcotráfico, pero esto no es lo que realmente les importaba. Al tener una relación tan cercana con las agencias imperialistas, utilizaban el pretexto de la lucha contra las drogas para favorecer la política injerencista de EEUU, buscando criminalizar únicamente a los productores de hoja de coca y a los campesinos, simulando las políticas pasadas injerencistas para asesinar a dirigentes sociales y sindicales. Esto, sin embargo, fue un fracaso, debido a que la política anti-droga no resultó como esperaban, obviando la resistencia de los movimientos populares y el tremendo rechazo a la intromisión extranjera.

En el Gobierno del MAS se implementaron leyes y estrategias que fueron presentadas como medidas "más planificadas y equilibradas" para frenar el tráfico de drogas y la expansión de los cultivos de coca excedentaria. Por ejemplo,
"la reducción de la oferta"; "fiscalización y control a las sustancias controladas" para fortalecer las acciones de fiscalización; "secuestro e incautación de sustancias químicas controladas" para evitar su desvío hacia actividades ilícitas; o la "incautación de bienes" para disponer de bienes incautados provenientes de actividades ilícitas del narcotráfico y delitos conexos, todas estas con el objetivo de fortalecer la lucha contra el narcotráfico y sustancias controladas [2]. Sin embargo son medidas que ya se venían implementando con los neoliberales.

Así, durante los primeros 14 años de Gobierno del MAS presentaron informes en los cuales se mostraban los números de las incautaciones y los supuestos “daños económicos al narco”, pero a este monstruo, poco o nada le interesan esas pérdidas. Con la cantidad de dinero que generan, para ellos esas incautaciones resultan ser pequeñeces.

Varias autoridades sabían de los movimientos del crimen organizado. El año 2019 se confirmó que en el Beni operaban familias muy poderosas que únicamente se dedicaban al tráfico de drogas, y que era común ver avionetas saliendo de Magdalena, San Borja, San Ramón, Santa Ana del Yacuma y Guayaramerín con rumbo al Brasil (Página 7. Beni: cuatro clanes familiares manejan el narcotráfico). Esta situación provocó que algunas poblaciones como Bella Vista tomen la justicia por sus manos, destruyendo algunas de las pistas clandestinas y exigiendo el abandono de personas de otras nacionalidades que llegan a la región para hacer sus negocios ilícitos (Correo del Sur. La población beniana de Bella Vista se levanta ante el narcotráfico que actúa en la cuarentena 22/06/2020). La falta de logística en estas regiones del departamento del Beni y la normalidad con la que el crimen organizado funciona, son el reflejo de un Estado cómplice de estos crímenes, ya que el discurso prohibicionista y los supuestos golpes al narco, son solo una burda pantalla para mantenernos engañados y que ellos puedan generar millones de dólares.

Si hablamos del Gobierno de facto de Jeanine Áñez, igual nos encontraremos con estas irregularidades, siendo otro Gobierno más manchado por estos crímenes. El Gobierno de facto vivía en un país ficticio, ellos igual fueron cómplices de estos delitos, inculpando y sembrando noticias falsas sobre el tráfico de drogas y los vínculos políticos. El ex-ministro Murillo utilizó el discurso de los gobiernos anteriores al MAS, tratando de involucrar y criminalizar a los movimientos sociales y a todos los que protestaban en su contra con grupos de narcotraficantes: “El pueblo de Bolivia tiene que saber la verdad, el narcotráfico está detrás de la conspiración y de tratar de debilitar y voltear a este Gobierno, y nosotros estamos en guerra contra el narcotráfico” (El Deber 17/6/2020).

La guerra contra el narcotráfico ha matado a más gente en el continente americano que el consumo de drogas. El prohibicionismo no es el camino a este problema tan complejo, y la solución no está en encarcelar a miles de consumidores. Al final, la prohibición resulta completamente inútil para evitar el consumo. La legalización podría poner fin al negocio del narcotráfico, desmantelando la clandestinidad de este negocio ilícito. La fabricación de las sustancias estaría regulada por un mercado legal que brinde garantía de calidad y control sanitario a los productos, reduciendo los niveles de mortalidad a causa de envenenamiento y sobredosis. Sin embargo, el motivo que para mí resulta más importante sería acabar con la criminal alianza del narcotráfico con los gobiernos, porque es esa alianza la que continúa flagelando a nuestros pueblos de América, desangrándonos para que unos cuantos personajes corruptos puedan ganar millones.






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