Política Bolivia

REPRESIÓN Y CRIMINALIZACIÓN DE LA PROtEStA

K’ara K’ara: entre el abandono histórico, la criminalización de la protesta y la crisis sanitaria

Para entender la política punitiva que está empleando el Gobierno de facto en K’ara K’ara, debemos conocer cuál es la problemática de este sector que, al igual que la mayoría de la población en nuestro país, es víctima de una política económica criminal amparada en la excusa de la crisis sanitaria y un Gobierno que se sostiene solo en base al amedrentamiento y al miedo.

Dalila Fabreger

Militante de Pan y Rosas

Miércoles 8 de julio | 15:59

Foto: Los Tiempos, José Rocha

La asunción del gobierno de facto de Añez se dio a partir de discursos de odio contra sectores populares, específicamente El Alto- Senkata y Cochabamba-Zona Sur- K’ara K’ara y el Chapare. Aprovechando la polarización política imperante antes y después del golpe el año pasado, el gobierno de Añez identificó y encasilló a sectores de la población como el enemigo, el cual era necesariamente masista, terrorista y sedicioso.

A partir de este discurso de odio y de la aceptación acrítica y vergonzosa del mismo por gran parte de las clases medias y altas del país, se dio inicio a una persecución y hostigamiento directo a amplios sectores populares y el caso de K’ara K’ara es uno de los más emblemáticos.

El botadero de K’ara K’ara y la crisis sanitaria

K’ara K’ara es un barrio ubicado en la zona sur de la ciudad de Cochabamba, compuesto por 15 Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), donde viven aproximadamente 15.000 familias (Los Tiempos, 14/03/2016). En 1987 se instaló un botadero que viene funcionando ya por 23 años sin cumplir con las normas ambientales mínimas, contaminando el agua de los pobladores y provocando serias afectaciones a la salud. Por mucho tiempo los vecinos del lugar han exigido el cierre del lugar, dado que no existió nunca voluntad por parte de la alcaldía para cumplir con el reglamento ambiental. Todos los mejoramientos que se han hecho del relleno solo surgieron a partir de las protestas activas de los vecinos, con varios convenios firmados entre comunarios y autoridades para el cierre definitivo del lugar, todos incumplidos.

Las autoridades han logrado sostener este botadero ilegal mediante obras de compensación (insuficientes) a los comunarios, y sobornos a dirigentes cooptados [1]aún luego de que en 2009, el Tribunal Departamental de Justicia emitió el fallo judicial que ratificó el cierre técnico y abandono del vertedero. La resolución prohibía “echar basura en el relleno sanitario de K’ara K’ara” a partir de esa fecha. Sin embargo, el lugar sigue activo.

Uno de los principales problemas que acarrea este vertedero es la contaminación del agua. En pleno 2020 los pobladores de K’ara K’ara no tienen alcantarillado y pagan caro el acceso al agua que se realiza a través de cisternas que reparten el agua por comunidades, es decir que, luego de haber contaminado las aguas que abastecían a la zona, ahora la alcaldía cobra por el agua que se reparte.

Si esto no es suficiente para que los pobladores de K’ara K’ara ejerzan su derecho de protesta por mejores condiciones de vida, debemos agregarle la crisis sanitaria, a la que ellos están más expuestos por el escenario en el que están obligados a vivir. Vecinos denuncian que los niños se enferman constantemente con diarrea y erupciones de la piel por estar expuestos a sitios contaminados (Los Tiempos, 14/03/2016). Es obvio que ante estas circunstancias los focos de contaminación en K’ara K’ara son mucho mayores, lo cual es realmente preocupante en la actual crisis.

Contexto socio-político

Si bien existe mayor afiliación política al gobierno del MAS en los sectores populares, y K’ara K’ara no es la excepción, lo cierto es que las protestas de los habitantes de este sector no se limitan exclusivamente a cuestiones político-partidarias, como afirma contundentemente el gobierno y es replicado por la mayoría de los medios de prensa afines al régimen, sino que, sobre todo, sus protestas están en enmarcadas en mejores condiciones de vida, no solo por lo expuesto anteriormente, sino por las necesidades económicas que se acrecientan día a día y que golpean con mucha más dureza a los sectores periféricos y populares.

Los pobladores de K’ara K’ara, al igual que muchos sectores actualmente en protesta en el país, exigen que se les deje trabajar, a sabiendas que esta cuarentena solo ha servido para empobrecer y precarizar terriblemente a gran parte de las y los trabajadores, sin ninguna política ni orientación enfocada seriamente en paliar la emergencia sanitaria. Porque es evidente que a Áñez y su gabinete no le importa que la gente muera de hambre mientras la cuarentena sea una excusa para seguir reprimiendo a quienes no aceptan como legítimo su Gobierno de facto. Esperan que la gente no proteste mientras vemos cómo se destapan escandalosos hechos de corrupción que gozan de impunidad, mientras el pueblo trabajador se muere en las calles y los hospitales colapsan.

Lo que pasa en Kara kara ya es una burda muestra de provocación del Gobierno, quienes nunca han buscado el diálogo ni la solución del conflicto, más bien esperan tener excusas para volver a reprimir y amedrentar brutalmente a la población.

El pasado mes de mayo, cuando los pobladores de K’ara K’ara bloquearon el ingreso al relleno sanitario tenían un pliegue petitorio con 16 puntos, y cuando se abrió la mesa de negociación el Gobierno ni siquiera se hizo presente, ¿qué muestra más clara de que no existe ninguna intención de arreglar el conflicto de parte de Áñez y Murillo? Por otra parte, en uno de los puntos acordados se exigía garantías judiciales para los manifestantes de K’ara K’ara, para evitar la criminalización de la protesta. Este acuerdo fue roto por el Gobierno el pasado 2 de julio, cuando detuvieron a 5 personas: 3 mayores y dos menores de edad en situación de calle acusados de atentado a la salud y de sedición. Según testimonios de los vecinos, los obligaron bajo amenazas a decir que reciben dinero del MAS.

El mismo día amedrentaron a la población sobrevolando la zona con aviones y helicópteros como apoyo a los policías que fueron al lugar a reprimir, en concordancia con la política de Áñez y Murillo de tratar de imponer su “legitimidad” con una lógica punitiva, en base al miedo y amenazas.

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Ante esa situación, reiteramos nuestro apoyo a los pobladores de K’ara K’ara y la zona sur de Cochabamba, y denunciamos nuevamente la política represiva y criminal de Áñez contra los sectores populares del país, a quienes condena al hambre, la precariedad y la exposición sanitaria. Exigimos la inmediata nacionalización del sistema de salud privado, sin indemnización, y que este sea puesto en manos de las y los trabajadores para que todas y todos tengamos igual acceso y derecho a la salud. Exigimos que se deje de criminalizar la protesta social legítima y que se atienda de manera urgente las necesidades de los sectores más vulnerables y precarizados del país.






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