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En Jujuy el Ministerio de Educación presentó lineamientos de evaluación que excluyen a miles de estudiantes

La Resolución Nº 1891-E-20 del Ministerio de Educación de Jujuy establece criterios y lineamientos de evaluación para el ciclo lectivo 2020, que parecen realizados desde una burbuja al no atender la grave situación sanitaria, económica, social y de conectividad que sufren miles de estudiantes, familias y docentes. En toda la resolución no se dice una palabra de los 41 mil niños/as y jóvenes que las propias autoridades dijeron que no tenían forma de conectarse virtualmente. Otra normativa excluyente que no atiende a los más necesitados/as.

Martes 15 de septiembre | 21:56

Desde los escritorios de los funcionarios se escriben, redactan e imparten resoluciones y mandatos que poco y nada tienen que ver con la realidad que sufren miles de estudiantes, familias y docentes en el marco de la crisis sanitaria, económica y social profundizada por la pandemia de Covid y por las propias opciones políticas de los gobiernos y los grandes empresarios, que siempre ponen el lucro por encima de las vidas y los derechos de las mayorías populares.

En los últimos días se conoció la resolución ministerial Nº 1891-E-20, con fecha del 27 de julio del corriente año. La misma establece una serie de lineamientos y criterios para la evaluación, acreditación de saberes y promoción del ciclo 2020. Dicha resolución es para los niveles inicial, primario y secundario y sus respectivas modalidades.

La misma establece una serie de criterios que definen de qué manera los/as estudiantes pueden pasar de grado/año de acuerdo al nivel correspondiente. En inicial, atendiendo a normativa vigente, el criterio es la edad por lo que en este caso no habrá repitencia.

Pero para los niveles primarios y secundarios se plantea que: “los aprendizajes construidos por cada estudiante y sus evidencias, serán consignados en un Registro de Proceso elaborado por los docentes analizando las trayectorias educativas al término del ciclo”. A lo que se agrega que: “Registro de Proceso: tendrá en cuenta la trayectoria de cada estudiante en este tiempo excepcional de educación. Además, en el Registro se consignarán los saberes prioritarios trabajados, los criterios de evaluación y la valoración usando una escala conceptual explicitada en criterios generales. En diciembre se acreditarán los aprendizajes y saberes prioritarios seleccionados y trabajados en cada espacio curricular”. Además, este proceso de registro formará parte del SINIDE.

Ahora bien, ¿Qué pasará con los/as estudiantes que no pudieron mostrar “evidencias” por no tener acceso a la conectividad, es decir por no tener acceso al proceso en el que se deberían construir esos saberes prioritarios a ser evaluados? ¿O con los estudiantes que no alcancen las dos primeras cualificaciones de esa escala conceptual? Tengamos en cuenta que el Estado debiera garantizar las mismas herramientas para que todos y todas tengan acceso a ese proceso de construcción de los conocimientos.

Sin nombrar en momento alguno a lo largo de las extensas 14 páginas de la resolución el “problemita” estructural de más de 40 mil pibes sin acceso a la conexión, la resolución ofrece unas pocas y vagas líneas acerca de esta cuestión: “los estudiantes que no hayan construido los aprendizajes esperados y/o destacados durante el período 2020 contarán con una instancia de fortalecimiento de los aprendizajes mediante tutorías entre diciembre y marzo de 2021”. Nada se dice acerca de cómo se llevaría adelante dicho “fortalecimiento” ni con qué mano de obra, ni tampoco si eso alcanzará para acreditar los saberes del ciclo 2020 para no perder el año.

Si bien, de la resolución se desprende que no se evaluará a partir de las tradicionales calificaciones numéricas, igualmente se intenta implementar un sistema de evaluación alternativo que sirva a los fines de la acreditación y promoción del año escolar. Sin atender ni dar respuestas a los problemas de una profunda desigualdad estructural, desde el gobierno se pretende mostrar una normalidad que no existe, dejando la puerta abierta a la repitencia y posible deserción de miles de estudiantes, basándose en criterios meritocráticos de esfuerzo y trabajo, cuando de lo que se trata es que desde el Estado se garantice el derecho a la educación pública y gratuita para todos y por igual.

Todo marco evaluativo que se quiera imponer sin atender los profundos problemas estructurales citados será claramente excluyente de los que menos tienen. En este sentido, hay que exigir que ningún estudiante pierda el año ni repita por no poder conectarse y que el Gobierno garantice conectividad y dispositivos para estudiantes y docentes. Las direcciones sindicales, en vez de seguir jugando un rol pasivo cómplice, deberían convocara debatir a la docencia junto a la comunidad educativa para rechazar este tipo de resoluciones excluyentes.

Esto no va en contra del derecho a acreditar los saberes construidos de aquellos estudiantes que sí pudieron conectarse ni de reconocer el enorme esfuerzo de la docencia. Sino que va a favor de los derechos de los estudiantes y las familias más vulnerables y necesitadas que ven cómo desde los gobiernos hacen caer la crisis sobre sus espaldas lesionando los derechos básicos a la educación, la salud, la vivienda y el trabajo.

Las particularidades de Calsina

Hace unas semanas, desde el Consejo Federal de Educación (CFE), que reúne a los ministros/as de cada provincia bajo la autoridad del ministro de educación nacional Nicolás Trotta, se había anunciado que ningún estudiante podía repetir este año, al tiempo que se aclaraba que eso no era una promoción automática, ya que los saberes de este año deberían acreditarse en el año siguiente, para lo que se establece la unión de los ciclos 2020-2021. Sin embargo, se brindaba a cada provincia la posibilidad de establecer sus propios criterios de evaluación y acreditación de acuerdo a la particularidad de cada lugar. Con la ambigüedad que lo caracteriza, Trotta dice hacer una cosa pero deja hacer otra.

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Así, la ministra Calsina, luego de esos anuncios del CFE, declaró a los medios que en Jujuy los estudiantes y docentes “tenían todas las herramientas necesarias”, que “no era necesario la unificación de los ciclos”, “que el ciclo 2020 terminará en diciembre” y "que había que intensificar los aprendizajes en lugar de promover automáticamente". Isolda en el país de las maravillas. No es casualidad que su renuncia sea exigida desde hace tiempo por miles de docentes.

Este es el marco, en el que se le da entidad y difusión a la resolución Nº 1891-E-20, que como se mencionó anteriormente tiene fecha del 27 de julio de este año. Una resolución que al ubicarse por fuera de las resoluciones del CFE deja la puerta abierta a una repitencia (y deserción) masiva.

A espaldas de la comunidad educativa

Desde el mismo Gobierno que no ha invertido un peso en brindar conectividad y dispositivos gratuitos a todos los estudiantes y docentes que los necesiten, que mantiene paritarias congeladas mientras crece el costo de vida o condena a la desocupación a miles de familias, mientras no les toca un centavo a los grandes empresarios; se determina de manera completamente inconsulta y a espaldas de la comunidad educativa cómo y bajo qué criterios se va a evaluar y acreditar. Surgen muchas preguntas y cuestionamientos.

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¿Qué pasará con los 41 mil estudiantes que el propio Ministerio señaló que no tienen acceso a la conectividad? ¿Qué consideración se tendrá con las familias que tienen un solo celular (con suerte) para varios niños/as lo que dificulta, casi que imposibilita, el proceso de enseñanza-aprendizaje? ¿Pueden evaluarse los saberes en el marco de una educación de emergencia (mal llamada virtual o a distancia) en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje basado en más de cien años de presencialidad, se vio profundamente trastocado? ¿Por qué no se escucha a los estudiantes que vienen pidiendo ser escuchados, o a las familias, docentes y especialistas pedagógicos? ¿Puede evaluarse a los miles de chicos/as que conforman las familias que se quedaron sin empleo, cuya prioridad es el plato de comida y no la conectividad o los datos? ¿O a los chicos de las familias que tienen que arriesgarse a tomar un terreno para luchar por el derecho constitucional a la vivienda y lo único que reciben del estado es represión? ¿Cuántos pibes van a dejar afuera del sistema educativo y de su derecho a la educación con este tipo de resoluciones de escritorio?

Superexplotación, exclusión y una falsa normalidad

Si algo de continuidad educativa existe en todo el país es gracias al enorme esfuerzo de los y las trabajadores/as de la educación, los estudiantes y las familias que tienen la posibilidad de conectarse. Desde los escritorios ministeriales se busca mostrar (a modo de gran relato) que la virtualidad ha sido un éxito, para lo que tendrán que esconder a decenas de miles de “desconectados/as” debajo de la alfombra de extensas resoluciones. Este relato es una bella serenata para los oídos de las grandes empresas de comunicación y plataformas que ven en la “educación virtual” un área más de lucro.

Pero la realidad está bien alejada de la burbuja de los funcionarios/as. El trabajo docente en “modo virtual” se basa, por un lado en una mayor precarización laboral y en miles de docentes sin cargos en todo el país que tiene como resultado que existan docentes sin trabajo y estudiantes sin docentes. A su vez, quienes tienen trabajo han visto flexibilizada de hecho su jornada laboral a “24x7”, en el marco del congelamiento salarial. De esta manera no sólo se avanzó en una super-explotación de esa mano de obra, sino también en que la educación pública y “gratuita” se base en los bolsillos de docentes y familias que pagan la conectividad y los dispositivos para poder “estudiar”. Lo que debería ser un derecho para todos por igual, se convierte en una especie de privilegio.

Desde arriba, se busca imponer por todos los medios una falsa normalidad (acá si cabría la expresión de una verdadera realidad virtual), que naturalice la exclusión de miles y miles de pibes en todo el país del derecho a la educación. Los gobiernos imparten directrices, lineamientos, análisis pero no garantizan derechos elementales mínimos. Resultado: mayor desigualdad y exclusión.

¿Cómo enfrentarlos?

La crisis educativa no puede verse como una isla en el marco de una crisis social y económica que se profundiza. Este tipo de resoluciones ministeriales lleva a que por un lado se acreciente el control sobre los docentes de cuánta tarea se manda y cuánta “evidencia” tienen de los estudiantes. Esa presión termina repercutiendo también en los estudiantes y sus familias, lo que multiplica el malestar y las muestras de la imposibilidad de cumplir con todas las tareas en hogares de muchos chicos y un solo dispositivo, atravesados por la crisis económica y sufriendo las consecuencias sanitarias de la pandemia.

Pero el malestar no puede expresarse entre familias, estudiantes y docentes. Sino que debe dirigirse hacia los responsables de esta situación que son los gobiernos y grandes empresarios.

La defensa del derecho a la educación pública, como a la vivienda, la salud o el trabajo tiene que unir a los trabajadores de la educación con los estudiantes y sus familias, y al conjunto de la clase trabajadora para organizarse y luchar por una salida propia frente a esta crisis. Exigiendo también a las cúpulas sindicales asamblea y plan de lucha por estos derechos.

Este jueves 17 en todo el país se realizará una jornada nacional de lucha por todas estas demandas. Teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios y sabiendo que cuidando nuestros derechos también nos cuidamos.






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