Internacional

El fin de década en Chile: divorcio entre las instituciones y la población

Termina una década de grandes hechos políticos y de la lucha de clases que provocaron la caída estrepitosa en la confianza en las instituciones. Una década en la que también creció la brecha entre un puñado de grandes empresarios cada vez más enriquecidos y más miseria y falta de derechos para los más desposeídos.

Lunes 30 de diciembre de 2019 | 20:30

¡Chile despertó! Este grito que vociferan decenas de miles en cada manifestación relata el abrir de los ojos de millones quienes están cansados de más de 30 años de miserias que trajo consigo el modelo económico del neoliberalismo, y con ello, las instituciones del Estado que se han encargado de proliferar las desigualdades y los abusos para la mayoría de la población trabajadora.

En ese marco hay que situar el desplome de la aprobación de las instituciones, marcado en decenas de encuestas, y particularmente en el último reportaje de la edición Domingo del diario La Tercera.

En dicho reportaje se muestra cómo una transversal gama de instituciones estatales han sufrido una baja sostenida y profunda en su aprobación desde el 2010 a la fecha.

Destacan así el caso de Carabineros, por casos de corrupción, desfalco y represión, que pasaron de un 61% de aprobación el 2010 a un 35% este año.

Otro desplome marcado es el de la Iglesia, que llegó a un 19% a finales del 2019, perdiendo durante toda la década más de un 26% de aprobación. Otro tanto sufrió la fiscalía, que perdió en 10 años 14 puntos de aprobación, bajando al 19%.

Por su parte el Congreso, marcado por legislar a favor de un puñado de poderosos empresarios y contra las grandes mayorías también marcó una desaprobación del 19%.

Cabe destacar que este estudio del diario La Tercera se basa entre otras, en las cifras de la empresa encuestadora CADEM, de Roberto Izkison, reconocida por su cercanía a Sebastián Piñera y al mundo de la centro derecha, y que son decenas las encuestas que han reflejado esta caída, en algunos casos de manera mucho más pronunciada.

¿A qué se debe este fenómeno?

Las y los estudiantes: Protagonistas del primer estallido

Para dar respuesta a esta pregunta primero debemos detenernos en las movilizaciones estudiantiles 2011. Acá se marca el primer antes y después de la política en Chile, en donde las y los estudiantes, motivados principalmente por las demandas de educación gratuita, laica, no sexista, así como profundos cuestionamientos al autoritarismo y la represión del Gobierno de Piñera, así como la represión de Carabineros, entran a la escena a cuestionar las instituciones del régimen, tanto la educación de mercado como a los Carabineros, quienes fueron responsables del cobarde asesinato del joven secundario Manuel Gutierrez.

La fuerza de las y los estudiantes en la calle fue un gran remezón para el Chile de ese entonces, en donde las multitudinarias movilizaciones hicieron sacar a flote aquellos secretos que la “democracia” se había empeñado en mantener bajo llave.

De esto da cuenta el gran cuestionamiento a la Iglesia, debido a los miles de casos de abusos sexuales, que estalló en Chile con el escandaloso caso del ex párroco Karadima, quien tuvo una misera condena de “oración y penitencia” por el resto de su vida.

Pero esto también adquirió otras escalas. La política cambió, y los políticos del régimen estaban puestos en la mira. Es aquí en donde cual efecto dominó comenzaron a destaparse una serie de casos de corrupción, que develaron completamente la calidad de “democracia” bajo la cual se había construido Chile y desnudaron la relación entre los partidos tradicionales y los grandes empresarios como en los casos SQM y Penta. Millones para parlamentarios que terminaban haciendo leyes para empresarios (como en el caso Corpesca, donde el diputado UDI Jaime Orpis prácticamente presentó una ley redactada por las empresas pesqueras), quienes los financiaban para mantener sus intereses y su gobierno a flote.

En definitiva, varias cosas podemos rescatar de esos estudiantes que decidieron salir a la calle a luchar por una educación gratuita. Una de ellas es la de recuperar los métodos que habían anunciado las y los pingüinos, con las marchas, tomas, asambleas y enfrentamientos con la policía. Pero también la de cuestionar la educación de mercado, como un pilar heredado de la dictadura, y de paso, dejar la puerta abierta para rasgar el velo de la democracia pactada, en donde la Constitución, las leyes, las privatizaciones de todos los recursos naturales, etc, son parte de los grilletes que cargan día a día millones de personas en Chile, a costa del beneficio de los Piñera, los Matte, los Angelini, los Luksic, los Larraín, los Edwards, entre otros.

Movilizaciones parciales y descontento latente

En definitiva el estallido de los estudiantes aquel 2011 vino a remover la conciencia de millones de personas, que se demuestra con las distintas luchas parciales del movimiento obrero, como lo fue el paro portuario el año 2013, la lucha de “Los Indignados”, profesores movilizados quienes se rebelaron en contra de sus paupérrimas condiciones de trabajos, sueldos precarios y sus direcciones sindicales que apostaron a desmovilizar en cuanto tenían la oportunidad, con fuertes críticas desde las bases a Jaime Gajardo (PC), en ese entonces presidente del Colegio de Profesores, el cual no apostó a movilizar por mantener los acuerdos y la tranquilidad para el gobierno de Michelle Bachelet, traicionando así a las bases.

Por otro lado, el año 2017 y 2018, las mujeres despertaron en contra de la violencia machista, debido al incremento de femicidios en Chile y distintos países a nivel internacional, por una educación laica y no sexista, donde la iglesia no tenga nada que decir ni decidir, y por anticonceptivos gratuitos y aborto legal para que las mujeres tengan opción de decidir y no mueran en la clandestinidad. Con movilizaciones históricas, con millones de mujeres en las calles, cuestionaron así otro de los pilares heredados de la dictadura: la penalización del aborto, y el control y la represión sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y las disidencias sexuales.

A esta larga cadena de herencias pinochetistas de la “democracia pactada”, se suma Carabineros de Chile. Expresión de esto fue el cobarde asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca, quien fue baleado por la espalda el 14 de noviembre del 2018, y posteriormente fue acusado por Carabineros y por el mismísimo Chadwcik como un ladrón, un delincuente. Cual dictadura, los medios de comunicación tradicionales, el Gobierno y Carabineros desplegaron un montaje enorme para encubrir el asesinato de Camilo Catrillanca.

A esto se suma el caso Huracán, y fundamentalmente el Paco-gate, con más de $28.300 millones robados por los Altos Mandos de Carabineros, demostrando que era una práctica institucional establecida, y a la cual además se agregaron cientos de denuncias de irregularidades, abusos y hechos represivos, que se multiplicaron por las violaciones sistemáticas a los Derechos Humanos ocurridas estas últimas semanas.

El estallido social entre el viejo y nuevo Chile

No se puede pensar hoy en día ningún análisis que se refiera a la distancia entre las instituciones y la población sin tener en cuenta todos estos hechos puntualizados anteriormente, y es que si algo demuestra la década marcada por movilizaciones es que ese mismo divorcio entre las instituciones y la población se debe a que la “democracia” que conocemos hoy en día Chile ha sido construida a favor de un Chile de los ricos, los poderosos, los empresarios. Un Chile neoliberal que en más de 30 años no ha tenido nada que ofrecernos, solo miseria y una profunda desigualdad.

Es bajo esta cadena de hechos históricos que la década vuelve a tener su expresión radicalizada en este 2019, el cual ha venido a ser la principal movilización de masas que se han vivido desde el retorno de la democracia.

Sin embargo, aún está planteado el desafío de que este estallido social no sea desviado institucionalmente, nuevamente por estas instituciones desgastadas y deslegitimadas, como el mismo Parlamento, a través de un proceso constituyente tramposo, organizado para que nada cambie, controlado por los partidos tradicionales y con poder de veto de la derecha y los grandes empresarios.

Para que esto no ocurra, hay que proponerse derrotar este proceso constituyente trucho, exigiendo a la Mesa de Unidad Social y a las centrales sindicales a que convoquen a un plan de movilización y a un paro nacional, en perspectivas de poner en pie una verdadera huelga general para derrotar este proceso constituyente tramposo y al gobierno, y conquistar así una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que pueda discutir sobre todo, y que ninguna institución de este viejo régimen esté sobre ella, para debatir una salida realmente favorable para las grandes mayorías trabajadoras.






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