Economía

PRÓRROGA DE JURISDICCIÓN

Deuda: cría cuervos y te sacarán los ojos

El Gobierno envió al Congreso un proyecto para que sea sustentable el pago de la deuda pública externa. Un artículo autoriza a incluir cláusulas que establezcan prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros. Regirán las reglas de las potencias imperialistas.

Jueves 23 de enero | 23:12

La deuda se pagará como sea. Ese es el fin del Gobierno, que ya demostró con la ley de Solidaridad aprobada en diciembre pasado que avalará el endeudamiento macrista y que la prioridad es la sostenibilidad del pago de la deuda.

La semana próxima se tratará en sesiones extraordinarias en el Congreso el proyecto de Ley de Gestión de Sostenibilidad de la Deuda Pública Externa. Otra ley para los especuladores.

El artículo 3 de dicho proyecto señala “autorízase a la Autoridad de Aplicación a contemplar en la normativa e incluir en los documentos pertinentes las aprobaciones y cláusulas que establezcan la prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros…”. Es decir que el gobierno, como sucedió en la era Kirchner, ofrece a los especuladores una cesión de soberanía, los tribunales de los países imperialistas podrán legislar sobre la deuda.

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Abren la puerta a nuevos jueces Griesa

El kirchnerismo decide como ya lo hizo durante su gobierno conceder a los acreedores la prórroga de jurisdicción. Esto significa que, en caso de litigio, los especuladores se asegurarían la posibilidad de volver a demandar en cortes de Nueva York como lo hizo el juez Thomas Griesa.

El gobierno de Néstor Kirchner comenzó en 2005 con la primera etapa de la reestructuración de la deuda. En 2010 se realizó la segunda ronda de reestructuración, y al finalizar la regularización de la deuda llegó al 92,4 % de los títulos defaulteados en 2001.

“Un aspecto igualmente importante para asegurar los resultados del canje fue que los nuevos bonos también habían sido emitidos bajo jurisdicción norteamericana”, señaló Esteban Mercatante en La economía argentina en su laberinto.

Claudio Lozano (recientemente nombrado como director en el Banco Nación) cuestionó lo que llama el megacanje de Kirchner, Duhalde, Lavagna y Prat Gay (quien hasta 2004 fue presidente del Banco Central) y señaló que que fue un canje inconstitucional, ilegal y sospechado.

Tras los canjes de deuda que permitieron a los acreedores jugosas ganancias, hubo otros buitres que apelaron a los tribunales imperialistas para exigir que el gobierno kirchnerista pague el 100 % del valor de sus bonos en default. El pedido de los buitres fue aceptado por Thomas Griesa en febrero de 2012, y reafirmado en junio de 2014 por la Corte Suprema de los EE.UU. Ante la negativa del gobierno argentino a cumplir el fallo porque podría habilitar a nuevos litigios derivó desde septiembre de 2014 al “Griefault”, que significó un default parcial de la parte de los bonos pertenecientes a los canjes de 2005 y 2010 que fue emitida bajo legislación norteamericana. Los bonos no se podían pagar por la orden dictada por Griesa de bloquear dichos pagos hasta que el país negociara con los fondos buitres.

En ese momento el gobierno de Cristina Fernández lanzó una campaña de “patria o buitres”, omitiendo que los buitres pudieron realizar dichas acciones gracias a la decisión del gobierno de mantener los bonos canjeados bajo ley extranjera.

El kirchnerismo buscó presentar su política de pagar hasta el último dólar como “soberana”. Lo cierto es que los acreedores que aceptaron los canjes obtuvieron grandes ganancias a pesar de la quita porque compraron dichos títulos a precio de remate.

En ese momento el ministro de Economía Kicillof, incluso con el conflicto abierto, siempre buscó la manera de volver a endeudarse.

Luego Mauricio Macri decidió pagar todo lo que los buitres exigieron. Con el aval del Congreso, y el apoyo del peronismo, el expresidente concretó el pago. Los buitres obtuvieron rendimientos siderales. El fondo NML de Paul Singer obtuvo un rendimiento de 1.308 % respecto del capital invertido, y Aurelius ganó un 846 %. Con esa operación comenzó el endeudamiento serial de Cambiemos que derivó en el regreso del FMI y la crisis. Macri lo resumió en “veníamos bien, pero pasaron cosas”.

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¿Por qué no investigar la deuda?

El diputado nacional por el PTS-Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, sostuvo que “no vamos a legalizar la estafa de Macri como propone el Gobierno”, además, presentó una nota planteando que la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda debe sesionar en forma inmediata y solicitó de que la izquierda integre la misma.

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La Comisión Bicameral de investigación sobre el origen y seguimiento de las negociaciones relativas a la deuda externa pública se creó a mediados del 2014 para la investigación y seguimiento de la deuda externa, pero no fue una política voluntaria del kirchnerismo, sino que su decisión fue motorizada por buscar apoyo en el Congreso para la Ley de Pago Soberano impulsada por Kicillof.

Claudio Lozano sostuvo que al 30 de noviembre de 2015 la comisión no tuvo ninguna reunión para “aprobar informe alguno”, lo cual impulsó la publicación de su libro “La deuda ilegítima” porque “resulta imposible producir un informe que sea el resultado de un trabajo de investigación colectivo hecho por los Diputados y Senadores que lo integran”. La comisión se reunió pocas veces, y en abril de 2018 Kicillof cuestionó a Luis Caputo y le dijo "usted tiene mucha información para llenarse de guita".

Atrás quedaron las críticas del peronismo a las irregularidades del endeudamiento macrista, ahora está dispuesto a pagar sin realizar ninguna investigación. Con el proyecto presentando por Martín Guzmán una vez más Argentina queda a merced de los buitres.

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