Internacional

Crisis política en Perú

Congreso del Perú: “interpretación auténtica” de Fuerza Popular contra PPK

El pasado martes, la mayoría fujimorista aprobó un informe de opinión consultiva, estableciendo que el presidente Pedro Pablo Kuczynski está obligado a comparecer ante una comisión investigadora.

Viernes 10 de noviembre | 10:51

Foto: La República: El abogado Miguel Ángel Torres defendió la nueva "interpretación auténtica" junto con Letona, presidenta de la Comisión de Constitución.

Los congresistas aprueban en la Comisión de Constitución un informe, “interpretando” la Carta Magna, para empujar al presidente Pedro Pablo Kuczynski a declarar ante la Comisión Lava Jato. Fueron diez votos los que aprobaron el cambio, nueve de Fuerza Popular y el décimo de la congresista, Yeni Vilcatoma. Sólo cinco de los otros partidos políticos votaron en contra. El actual mandatario está en la mira de la justicia de su propia clase, por haber sido funcionario en el Gobierno de Toledo, período en el que Odebrecht realizó las mayorías de sus negociados con funcionarios del país.

Pese a que en febrero este mismo grupo había aprobado otro informe que establecía exactamente lo contrario, la maniobra del partido del genocida, Alberto Fujimori, sigue pateando el tablero al Ejecutivo. Las alianzas temporales de estos personajes políticos manifiestan el escaso interés que abogan para responder a las demandas del pueblo.

Esta decisión, adoptada con “prepotencia e ignorancia”, en palabras del abogado Ronald Gamarra, ocurre en un contexto en el que la bancada mayoritaria de Fuerza Popular tiene en curso en el Congreso un proceso que podría culminar con la destitución de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC).

A su vez, bancada naranja acordó respaldar la acusación constitucional tramitada por Daniel Salaverry en contra del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez. Este hecho es interpretado desde distintos sectores como una represalia del fujimorismo por el reinicio de la investigación fiscal contra Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori, por el presunto delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico.

En medio de una crisis de representatividad y legitimidad, PPK se expone ante la ofensiva de la oposición que hace caso a la tradición burguesa y ataca a sus aliados en el momento de calma en las calles, y se une a ellos cuando el conflicto social sube a la cresta. Por ejemplo, el decreto que dio vía libre a la represión de las y los maestros no fue denunciado por ninguna fuerza que de “populares” sólo llevan el nombre. Y cuando las aguas están calmas, por responsabilidad de las burocracias sindicales y su pasividad ante la crisis, la disputa entre burgueses sale a la superficie. ¿Y los intereses de los oprimidos quién los interpreta?

La historia se repite

Corría el año 1996, un año después de la holgada victoria de Alberto Fujimori que le daba un nuevo mandato presidencial hasta el 2000. La oposición se la jugó por las urnas y perdió.

En los 10 años hubo un período específico en el cual Fujimori gobernó con poderes totales al haber cerrado el Congreso y mandado a reestructurar el Poder Judicial (1992-1993). Pero Fujimori y sus seguidores no se conformaban con tener el poder hasta el 2000. La nueva Constitución de 1993, aprobada con irregularidades en las urnas, permitía la reelección presidencial.

Basados en ello, la mayoría fujimorista en el Congreso aprobó, el 23 de agosto de 1996, la "Ley de Interpretación Auténtica", con la que Fujimori podía postular a un tercer mandato en el año 2000. Esta norma indicaba que el período 1995-2000 era el primero desde la nueva Constitución, y se invocaba la no retroactividad de las leyes.

La oposición, que ya vislumbraba el plan fujimorista de perpetuarse en el poder, se movió de inmediato y apeló al TC, que el 16 de enero de 1997, declaró dicha norma "inaplicable".

La mañana del 20 de agosto de 1996, la sede del Congreso fue escenario de un hecho que fue considerado luego como el inicio de un fraude: la Comisión de Constitución, presidida entonces por Carlos Torres y Torres Lara, había aprobado un dictamen interpretando a su antojo la Carta Magna para permitir la re-reelección del hoy preso Alberto Fujimori.

El mismo oficialismo bautizó aquella norma como la “ley de interpretación auténtica de la Constitución”. Dos décadas después, los herederos del régimen de los años 90 volvieron a hacer una “interpretación auténtica”, esta vez con la participación de Miguel Torres, hijo de la abogada y el abogado.

Si en 1996, Torres y Torres Lara citaban como argumento político que Estados Unidos había resaltado la lucha contra el narcotráfico, en la sesión de ayer, los nuevos fujimoristas hacían énfasis en la “obligación moral” de Kuczynski de responder ante la Comisión Lava Jato, ya que había sido un ministro clave en el gobierno de Alejandro Toledo. Esta clase dirigente están muy cerca del “no fui yo, fue él”.

Yonhy Lescano acusó a Fuerza Popular de tener “doble moral”, al forzar una investigación contra Kuczynski y, por otro lado, blindar a Keiko Fujimori, con la acusación lanzada contra el fiscal Sánchez.

Javier Velásquez Quesquén pedía evitar el circo, pero en paralelo alimentaba el espectáculo con una frase circense y despectiva contra Lescano: “parece que ha estudiado en una universidad de Puno”.

Sólo una organización genuina de las y los trabajadores junto al pueblo podrá tomar las riendas seriamente de los problemas innumerables a resolver que padecen las y los oprimidos de la sociedad.

El documento

El 9 de febrero la Comisión de Constitución, presidida entonces por Miguel Torres, dio cuenta del informe consultivo N° 01-2016-2017.

El documento concluye que la Constitución y el Reglamento del Congreso “otorgan a la Comisión Investigadora la atribución de citar a autoridades, funcionarios y servidores públicos a fin de que comparezcan y brinden información. (...) Están exceptuados el presidente de la República (...) y los congresistas”.

Sin embargo, ayer los fujimoristas aprobaron el informe N° 01-2017-2018, que establece ahora que el presidente “sí tiene la obligación constitucional de comparecer ante una comisión investigadora del Congreso de la República para prestar su declaración testimonial por hechos ocurridos antes de asumir el cargo”.

Fue precisamente por este cambio de opinión en apenas nueve meses que la jefa del gabinete ministerial, Mercedes Aráoz, subrayó ayer por la tarde que estamos ante una nueva “interpretación auténtica”, como ocurrió en los 90. La lucidez política de una tortuga.

“Estas interpretaciones auténticas cambian las certezas jurídicas y eso le quita la estabilidad que requiere el país”, apuntó Aráoz, abriendo el paraguas.

Un Parlamento que parece un estudio de televisión, un presidente ausente, un puñado de burócratas forrados en dinero, lujos y antecedentes, del otro lado una enorme masa de trabajadoras y trabajadores que ponen en marcha el país cada día, estos deben conformar una organización política independiente que represente las demandas del conjunto de la población.






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