Política Internacional

CRISIS POLÍTICA

Claves para entender el pedido de confianza del presidente Martín Vizcarra y la probable disolución del Congreso peruano

El presidente peruano, Martín Vizcarra, amenaza con cerrar el Congreso y exige la aprobación de reformas constitucionales. El fujimorismo y el aprismo entre la espada y la pared.

Julio Blanco

Dirigente de la Corriente Socialista de las y los Trabajadores de Perú

Martes 18 de septiembre de 2018 | 08:18

El domingo 16 de septiembre, en horas de la noche, el presidente peruano Martín Vizcarra dio un mensaje a la nación, donde el eje central fue el pedido de confianza al legislativo para poder ejecutar las cuatro iniciativas de reforma política planteadas por él el pasado 28 de julio. Iniciativas que tienen como objetivo descomprimir la conflictividad social y desviar la bronca popular generada por la aguda crisis del régimen del 93, cuyos cimientos fueron impuestos por el gobierno de Alberto Fujimori. La crisis por la que atraviesa el régimen político peruano, en lo que va del último año, ha pasado por momentos muy álgidos como cuando Pedro Pablo Kuczynski fue obligado a renunciar a la presidencia por estar implicado en la compra de votos congresales o, últimamente, cuando salieron a la luz una serie de audios que mostraron la corrupción del consejo nacional de la magistratura, del poder judicial, del parlamento y de los empresarios nacionales.

El pedido de confianza presidencial está amparado en el artículo 133 de la Constitución Política del Estado que claramente señala que: “El Presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo. Si la confianza le es rehusada, o si es censurado, o si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete”. Cabe mencionar que ya en el 2017 el ejecutivo a través de su consejo de ministros presentó al parlamento una cuestión de confianza la cual fue rechazada, por esa razón si este pedido de confianza nuevamente es rechazado por el legislativo, el presidente de la República estaría facultado para disolver el congreso, como claramente lo señala el artículo 134 de la constitución, que a la letra dice: “El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si éste ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros”.

Con el pedido de confianza solicitado por el ejecutivo, podemos inferir que lo que se buscaría es obligar a la bancada fujimorista, la cual es mayoría en el parlamento, a allanarse e implementar las medidas propuestas por Vizcarra las cuales están orientadas a reformar la constitución de 1993 y consisten en: que los miembros del consejo nacional de la magistratura se elijan por concurso público, que se elimine la reelección congresal, que se vuelva a la bicameralidad bajo la modalidad de cámara de diputados y cámara de senadores y por último que se legisle sobre el financiamiento a los partidos políticos. Desde el 28 de julio pasado hasta la fecha, el fujimorismo y el APRA han tratado por todos los medios de evitar desde el congreso que estas medidas se concreten, no sólo porque a través de ello pierden incidencia en el poder judicial y de esa manera la posibilidad que tanto Alan García como Keiko Fujimori terminen en prisión se convierte en una posibilidad tangible, sino también porque son conscientes que la materialización de estas medidas potenciarían el liderazgo político de Martin Vizcarra. Lo paradójico para el fujimorismo es que, con su actitud obstruccionista lo único que han logrado es terminar de achicharrarse políticamente.

Por esa razón, si se oponen a otorgar la cuestión de confianza al ejecutivo, amparándose en argucias legales como lo vienen haciendo hasta ahora, la posibilidad de disolver el congreso no nos parece lejana. Este hecho no sólo podría significar el fin del fujimorismo, sino también estamos seguros que sería aplaudido por millones de peruanos que ven en el parlamento la caja de resonancia más importante de la corrupción, por tanto, esta medida convertiría a Martin Vizcarra en la principal pieza de recambio para la burguesía en las próximas elecciones presidenciales ya que pasaría a la historia como el presidente que se atrevió a cerrar el congreso y a liquidar al fujimorismo.

Podemos decir entonces que agitar estas iniciativas de reforma política expresadas en los cuatro puntos ya señalados como la única salida posible a la crisis y hacer girar en torno a ellas a las diferentes fuerzas políticas del país, fue una hábil maniobra del ejecutivo que logro sacar de escena la crítica al modelo neoliberal, del cual Vizcarra es fiel devoto, así como el cuestionamiento al régimen político en su conjunto que se expresaba en la demanda por una Asamblea Constituyente, consigna que ya empezaba a ser voceada en las masivas movilizaciones de rechazo a la corrupción de los magistrados expuesta por los audios propalados por el Instituto de Defensa Legal IDL. La táctica del ejecutivo fue convertir al fujimorismo, enquistado mayoritariamente en el congreso de la República, en el único responsable de la crisis y con ello encorsetar el descontento social por las vías institucionales expresadas en el referéndum para modificar la constitución y aislar al fujimorismo. El creciente rechazo popular del cual gozan los seguidores de Keiko Fujimori abonado por su derrotero delictuoso y sus modales lumpenescos sirvieron de mucho para concretar este objetivo.

La izquierda parlamentaria del Nuevo Perú y del Frente Amplio y las centrales sindicales, por su carácter reformista que los lleva a carecer de una estrategia de independencia de clase, terminaron fagocitados por el discurso y la política de Martin Vizcarra, por eso no dudaron en convertirse en promotores del referéndum, aduciendo, en algunos casos, que este era el primer paso inexorable hacia una asamblea constituyente, la cual debería ser convocada por Vizcarra una vez concluida la reforma constitucional. Esta concepción no sólo peca de ser ilusa, sino que le hace un gran favor al gobierno y a los sostenedores del régimen ya que mantiene el descontento popular en los marcos de la institucionalidad burguesa y bajo la tutela del presidente Vizcarra, quien por cierto ya es considerado como el líder político del país con mayor aceptación, desplazando de ese lugar a Verónika Mendoza y a Julio Guzmán.

Frente a esta situación y porque somos conscientes que Martin Vizcarra así como el fujimorismo y el resto de partidos patronales representan la continuidad del saqueo capitalista a través de la profundización de las políticas neoliberales. Liquidan derechos laborales y restringen derechos básicos a la población como la eliminación del derecho a la negociación colectiva de las y los trabajadores del sector público. Consideramos que es necesario recuperar la lucha por imponer una Asamblea Constituyente Libre y Soberana que se sostenga en la movilización y la auto organización de los trabajadores y el pueblo.

Claro que no nos referimos a una farsa de Constituyente amañada que nazca del seno del actual poder constituido ya que ello impediría concretar las demandas del pueblo y los trabajadores, más bien ayudaría a profundizar las medidas reaccionarias contra el conjunto del pueblo trabajador. No toda constituyente es buena por sí misma, no olvidemos que Alberto Fujimori a través de una Asamblea Constituyente legitimó la Constitución de 1993 que es el fundamento jurídico del actual régimen. Por eso nosotros, desde Resistencia Sur que peleamos por el socialismo y un gobierno de las y los trabajadores, como única forma de resolver las grandes necesidades de los trabajadores y el pueblo, planteamos la necesidad de pelear por una Asamblea Constituyente libre y soberana (ACLyS), como la forma más democrática que puede ofrecernos la democracia representativa.

Peleamos por una ACLyS que sea capaz de expresar verdaderamente la voluntad popular, que sus miembros no formen una casta privilegiada como las que hoy llenan el parlamento sino que todos sus miembros sean revocables y cobren lo mismo que un docente o un trabajador calificado. Una Constituyente que tenga aborde todos los grandes problemas nacionales sin restricciones, que no esté limitada por ningún supuesto “contrapeso” (como la figura presidencial o el poder judicial) y ninguna de las instituciones del actual régimen tenga el derecho de suspender o vetar las medidas que esta vote.






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