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CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA

Bolivia: con acuerdos parlamentarios y sindicales inicia la “pacificación” al servicio del régimen golpista

Pese a tener los 2/3 de la Asamblea Legislativa Plurinacional, desde consumado el golpe cívico y policial con el aval de las FF.AA., y el consiguiente exilio de Evo Morales y Álvaro García Linera, la bancada del MAS se encargó de dar un barniz de legalidad al golpe que ellos mismos denunciaron. Luego de dos días de negociación ayer el gobierno golpista de Áñez firmó convenio de “pacificación” con los movimientos sociales y las principales organizaciones sindicales del país.

Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Martes 26 de noviembre | 20:00

Jeanine Áñez promulgó la ley de convocatoria a elecciones llamada de “régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales”. Nominó a Salvador Romero como delegado del Órgano Ejecutivo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y concluyó las tres mesas de negociación con las organizaciones sociales y sindicales, centralmente de la COB, el Pacto de Unidad, y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y las 20 provincias de La Paz.

Entre los acuerdos suscritos esta la desmilitarización del territorio y el regreso de los militares a los cuarteles, la liberación de todos los detenidos, y el cumplimiento de las normativas y garantías constitucionales y legales al ejercicio de la representación sindical.

Los parlamentarios del MAS usaron la movilización para negociar

Desde la autoproclamación de Áñez como presidente del llamado “gobierno de transición” se han desarrollado y fueron extendiéndose masivas movilizaciones contra el golpe. Inició como un rechazo a la quema de la Wiphala y rápidamente se convirtió en una lucha contra el golpe y por la renuncia de Áñez. Mientras la lucha y la resistencia popular se extendían, Áñez de la mano de las FF.AA y la Policía inició una brutal represión. Represión que cobró más de treinta vidas, confirmadas, hasta el momento junto a denuncias de desaparecidos, cientos de heridos por la represión y casi un millar de detenidos. Esto mientras se desarrolla no solo un revanchismo contra ex funcionarios, dirigentes y otros miembros del MAS, sino también contra cualquiera que exprese críticas y repudios a la violencia ejercida por los que hoy se jactan de “haber recuperado la democracia”, levantando listas y nombres de instituciones estatales, sindicatos y organizaciones sociales para una eventual persecución política.

Este es uno de los listados que circulan. En este caso se trata del listado elaborado por la Federación del Magisterio de La Paz, dirigido por URMA-POR (Unión Revolucionaria del Magisterio del Partido Obrero Revolucionario)

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Toda la resistencia que se fue desarrollando luego de coronado el golpe con el nombramiento del llamado “gobierno de transición” a la cabeza de Áñez, al MAS le sirvió como moneda de cambio para negociar “en mejores condiciones” con los golpistas. Tal es así, que mientras en las movilizaciones, vecinos alteños, campesinos y comunarios de las 20 provincias, así como en Sacaba (Cochabamba) o Yapacaní (Santa Cruz) entre otros puntos del país, reclamaban la renuncia de Áñez, los asambleístas del MAS hoy a la cabeza de Eva Copa, terminaron no solo reconociendo al “gobierno de transición” golpista y brindándole de esta manera un manto de legalidad bajo la figura de “sucesión constitucional” a cambio de que la sigla pueda participar en los próximos comicios convocados para dentro de 120 días. Sin embargo el proyecto de ley para garantizar inmunidad a ex mandatarios y evitar la persecución política fue rechazado anticipadamente por Áñez quien afirmó que no promulgaría una ley que calificó de “ley de impunidad”. Entre tanto la cacería y detenciones de prominentes funcionarios del ex gobierno se realiza sin pausa, condicionando de esta manera la representación del MAS en las próximas elecciones ya que sus más reconocidos representantes afrontan la clandestinidad o juicios que impedirían su postulación.

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La COB levanta bloqueos que nunca convocó ni apoyó

Ayer se terminaron de firmar los acuerdos entre el gobierno con la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad que aglutina a instancias de organización sindical y campesina como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (Csciob) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia - Bartolina Sisa (Cnmciob-SB). Se establecieron 8 puntos entre los que destacan la convocatoria inmediata a elecciones, punto que ya estaba aprobado en el parlamento, la no privatización de empresas, la continuidad de los proyectos de desarrollo en marcha, la liberación de los detenidos, así como el respeto al ejercicio a los derechos al fuero sindical y a la no persecución política, cuestión que el gobierno aclaró que en este acuerdo no se protegerá a quienes hayan cometido delitos. Esta última aclaración realizada desde los representantes del gobierno sin embargo deja abierta la puerta a mecanismos de persecución judicial como ya lo viene haciendo el gobierno con varios de los funcionarios del MAS o del Órgano Electoral que ya se encuentran detenidos con fines “investigativos”.

Es evidente que los acuerdos tienen un mero carácter formal, ya que incluso el referido a la continuidad de los proyectos en marcha empieza a ser cuestionado por economistas e intelectuales al servicio del nuevo régimen, que afirman que la economía ya mostraba síntomas de desaceleración y que por lo tanto hay que terminar con gastos “superfluos”, reducir al mínimo la estructura del Estado lo que implica despidos, y aumentar los mecanismos para la exportación, que en concreto se traducen en empezar a evaluar posibles medidas devaluatorias de la moneda terminado con el cambio fijo establecido hace varios años atrás.

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La FEJUVE también llega acuerdos con el ministerio de la presidencia

Las otras dos reuniones de negociación, una entre la Fejuve de El Alto y las 20 provincias con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano, aprobó un pliego de demandas donde el único punto no acordado sería la destitución de Murillo. Se acordó un plazo de 48 horas para la liberación de todos los detenidos, el resarcimiento de daños y la atención integral para todos los heridos en la represión, y la indemnización a los familiares de las victimas fallecidas por la represión, así como el repliegue de las FF.AA a sus cuarteles. Pese a la instructiva de desmovilizar en algunos distritos y particularmente en la zona de puente Vela se registraron intentos de bloqueo de la ruta desconociendo los acuerdos de la FEJUVE, los cuales sin embargo fueron rápidamente despejados.

La traición por parte de los parlamentarios del MAS, así como los burócratas sindicales que levantan medidas que jamás convocaron ni alentaron, contribuye a asentar y estabilizar al gobierno golpista de Áñez en una transición, que ya adelanta prorrogarse por varios meses más hasta la culminación del calendario electoral. Esta estabilización del gobierno y su legalización manteniendo un barniz democrático, sin embargo se realiza luego de las salvajes matanzas producidas fundamentalmente en Sacaba en Cochabamba y Senkata en El Alto, manteniendo la impunidad de los militares y policías involucrados gracias al DS 4078, y manteniendo los mecanismos de persecución judicial contra diversos opositores buscando disminuir las posibilidades del MAS de ganar en los próximos comicios.

La defensa de los derechos y libertades democráticas para enfrentar el nuevo régimen golpista

Ante esta situación, desde la Liga Obrera Revolucionaria LOR-CI, que hemos venido denunciando el golpe y la represión consideramos urgente en estos momentos organizar a los trabajadores, la juventud alteña y a todos aquellos dispuestos a defender los derechos democráticos conquistados ante los intentos del gobierno de Áñez de avanzar sobre los mismos. La necesidad de recuperar la COB y las demás organizaciones sindicales expulsando a estas burocracias sindicales masistas pero que no tuvieron inconveniente en hacerse golpistas y colaborar con el nuevo régimen mientras decenas eran masacrados por las FF.AA, se convierte en una tarea central para las y los trabajadores junto con los vecinos alteños, los campesinos y comunarios de las provincias y de otras zonas del país que sienten que con sus muertos no se puede negociar.

La lucha por recuperar las organizaciones sindicales expulsando a estos burócratas golpistas, solo puede venir desde abajo impulsando la autoorganización de las y los trabajadores del campo y la ciudad, recuperando la democracia sindical y con el objetivo de impulsar la mayor unidad obrera campesina y popular para enfrentar el nuevo régimen golpista.

El escenario abierto nos muestra una Bolivia que difícilmente tendrá un retorno a la “paz social” de antes de los comicios del 20 de octubre (hoy anulados). Se ha instalado una profunda grieta política y social pero que ha permitido desnudar para muchos el carácter brutal de los aparatos represores del Estado y el mismo significado de la democracia que queda reducida a enjuagues legales e institucionales con la ayuda del MAS.

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