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Argentina: default selectivo, vaciamiento y enésimo fracaso del FMI

El anuncio del ministro de Hacienda argentino, Hernán Lacunza, es la confesión de la quiebra del macrismo. Los buitres vienen por más. Es urgente romper con el FMI, no pagar la deuda y nacionalizar la banca.

Pablo Anino

@PabloAnino

Jueves 29 de agosto | 17:30

Con el anuncio de este miércoles, Hernán Lacunza, un ministro de emergencia ofrecido a préstamo por la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, emitió el certificado de defunción de un gobierno insepulto, que en los hechos perdió el poder político en las PASO del 11 de Agosto.

El "mejor equipo de los últimos cincuenta años" como se autodenominaba el oficialismo, que copó los ministerio públicos con los CEO de las finanzas internacionales, culmina decretando una reestructuración y default selectivo de la deuda pública, lo opuesto a la “tarea histórica” para la que se postuló: volver al mundo, terminar con los litigios con los fondos buitres arrodillándose ante el fallecido juez neoyorquino Thomas Griesa y traer una lluvia de inversiones.

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El default es selectivo en tanto que, por el momento, solo comprende la imposición de la extensión de los plazos de pago para la deuda de corto plazo (Letes, Lecap, etcétera) con inversores institucionales (bancos, fondos de inversión). En las próximas semanas, aquellos especuladores que vayan a cobrar sus acreencias van a recibir un pago parcial del 15 %, lo que equivale a un no pago (default) del otro 85 %, que cobrarán en cuotas.

La deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción argentina (regida por las leyes locales) será enviada para su discusión en el Congreso para alcanzar una extensión voluntaria de los plazos. La deuda de largo plazo emitida bajo jurisdicción extranjera será sometida a una negociación con acreedores internacionales, lo mismo que la deuda con el FMI. Los últimos datos de Hacienda, correspondientes al 31 de marzo, exhiben que el 50 % de la deuda está emitida bajo jurisdicción extranjera.

Argentina fue el país de los denominados emergentes (en realidad países dependientes de las potencias imperialistas) que más deuda emitió en los últimos años hasta que en abril de 2018 se cortó el financiamiento internacional y el banco J.P. Morgan se llevó unos U$S 2.000 millones. El FMI vino al rescate de los acreedores, pero hundió, como era previsible, a todo el mundo: la recesión y la inflación condujo a que la pobreza trepe hasta alrededor del 35 % y la desocupación supere el 10 %. Con los anuncios del miércoles, Lacunza develó que también se interrumpió el financiamiento interno de corto plazo por “falta de interés de los inversores”. La gestión macrista deja un crecimiento de la deuda de U$S 100 mil millones a pesar de haber realizado pagos por más de U$S 200 mil millones.

El anuncio intenta ordenar el caos financiero causado por el propio gobierno. Pero no hay garantías que los buitres internacionales, ni los locales, acepten extender los plazos. Jugar a que el Estado llegue a situación de no pago generalizado para cobrar seguros de default es un negocio que conocen bien los sospechosos de siempre. Para muchos de ellos también se abriría la posibilidad de establecer litigios en tribunales imperialistas, como ocurrió con Paul Singer y otros fondos que litigaron en el juzgado de Thomas Griesa. El objetivo: esquilmar a mayor escala las riquezas del país.

La reestructuración anunciada no comprende quitas y puede moderar los ánimos de los especuladores. Pero la crisis puede seguir escalando. Tiago Severo, analista de Goldman Sachs, señaló que "los riesgos de implementación son altos, especialmente en el entorno actual caracterizado por una cooperación limitada entre los principales bloques políticos en Argentina y una administración que acaba de sufrir una derrota electoral y que podría estar llegando al final de su mandato". Todos los escenarios están abiertos: el default selectivo se puede transformar en generalizado. Esperar y ver.

Todo lo sólido se desvanece en el aire

Todos los actores del régimen capitalista procuran ocultar ante los ojos de las mayorías trabajadoras la crisis que se está desarrollando. Mientras tanto, los dueños de todo vacían el país. A principios de junio, Nicolás Dujovne afirmaba que “la Argentina no tiene que reestructurar su deuda”. Diez días atrás, el 19 de agosto, Emmanuel Álvarez Agis, exviceministro de Economía con Cristina Fernández reconvertido en gurú de Alberto Fernández, declaró a la cadena CNN que “Argentina no necesita reestructurar la deuda o incumplir con los pagos, sería insólito que un candidato lo estuviera anticipando”.

Finalmente, la crisis cambiaria por la escalada del dólar se transformó en una nueva crisis de deuda. Pero el virus de la crisis amenaza a tomar todo el cuerpo económico. Existe una sangría, por el momento de no gran escala, de depósitos en dólares de los bancos. Además, en el Banco Central, se instaló una bomba de tiempo llamada Leliq (Letras de Liquidez). La crisis cambiaria y la de deuda, puede mutar a una crisis bancaria si el oficialismo no logra estabilizar la situación, para lo cual carece de recursos políticos.

Las reservas del Banco Central se redujeron desde U$S 66 mil millones el viernes antes de las PASO hasta U$S 54 mil millones estos días. La pérdida de unos U$S 12 mil millones se debe a la financiación de la fuga de capitales con las ventas de la entidad monetaria y del Tesoro (Ministerio de Hacienda) y a la salida de depósitos en dólares del sistema bancario. Cuando se restan ventas de dólar futuro, el “swap” con China, encajes de los depósitos en dólares y otros conceptos, las reservas netas -el verdadero poder de fuego- del Banco Central, están por debajo de los U$S 15 mil millones. Existe un vaciamiento rápido y furioso.

En julio, diez bancos concentraron el 82% de las operaciones de compra venta de dólares: Santander Río, Citibank, BNP Paribas, Galicia, HSBC, BBVA Francés, ICBC, Banco Provincia, Banco Nación y el JP Morgan Chase. Conforman una asociación ilícita para vaciar el país.

En perspectiva, la amenaza se focaliza sobre el pequeño ahorrista, tal como ocurrió en otros episodios equivalentes de crisis: es lo que sucedió con la confiscación que realizó Carlos Menem de los plazos fijos con el Plan Bonex en 1989 o Fernando de la Rúa con el “corralito” en 2001. La nacionalización de la banca bajo gestión de los trabajadores es una medida urgente, no sólo para cortar de raíz con el vaciamiento del país que tiene curso mediante la fuga de capitales, sino también para defender el patrimonio del pequeño ahorrista y reestablecer el crédito orientado a necesidades sociales, como el préstamo para la vivienda.

La especulación con el dólar tiene otros actores centrales: los agroexportadores que no liquidan las divisas que obtienen por ventas en el exterior. El Banco Central anunció que les limitaba el crédito para presionar a que liquiden los dólares. Se trata de una medida decorativa. El monopolio estatal del comercio exterior es la única medida realista para que las divisas no sean utilizadas para especular, sino para atender las necesidades sociales más urgentes.

Memoria del saqueo

“De esto es de lo que no se quieren hacer cargo. Presidente, no busque culpables fuera de su propio gobierno”, sentenció en Twitter el martes 27 el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández. Y adjuntó un gráfico que comparaba la evolución del endeudamiento con la suma de la fuga de capitales y pago de intereses en la era Macri.

La denuncia sigue la misma línea que se había expresado en el comunicado posterior a la reunión de Fernández con el FMI, en el cual se denunciaba que el 80 % de los desembolsos del Fondo financiaron la salida de capitales del país.

No es ninguna novedad. Es lo que viene ocurriendo al menos desde la dictadura militar. En una entrevista con La Izquierda Diario, Alejandro Gaona Olmos (hijo) afirmó que el propio Banco Mundial determinó que el 40 % de la deuda contraída durante la dictadura genocida financió la salida de capitales, otro 30 % fue a pagar intereses de la deuda previa y el 30 % restante se destinó a la compra de armamentos e importaciones no declaradas.

La fuga de capitales fue un rasgo central del “golpe de mercado” en el final del gobierno de Raúl Alfonsín. En el caliente 2001, los bancos extranjeros que conformaron el principal apoyo a Domingo Cavallo en simultáneo vaciaban el país. De acuerdo a Llorens y Cafiero, los bancos privados dieron curso al 80 % de la fuga: las principales entidades involucradas fueron Citibank, Bank Boston, Banco Galicia, Banco General de Negocios y BBVA [1]. El desembolso del FMI que siguió al “déficit cero” de Cavallo se evaporó prácticamente todo en la fuga.

La fuga de capitales no es exclusiva de la era Macri. Durante la “década ganada” se fugaron U$S 102 mil millones (U$S 8 mil millones promedio por año) que se financiaron principalmente con el superávit del comercio exterior. Con el macrismo la fuga adquirió una nueva dimensión y se financió con endeudamiento. Son dólares que terminan en paraísos fiscales donde esconden su riqueza la familia Rocca dueña de Techint, Coto y los familiares del presidente, entre muchos empresarios y ricos del país.

La denuncia de Alberto Fernández sobre la fuga de capitales tiene dos aspectos contradictorios: es totalmente correcta como así también absolutamente inconsecuente, en tanto jura que va a honrar los pagos de la deuda y el acuerdo con el FMI. ¿Piensa pagar sin beneficio de inventario una deuda que financió la fuga? ¿Va a aceptar pagar al FMI incluso cuando autorizó la venta de reservas del Banco Central en contraposición a lo que señala su propio estatuto?

Todo el régimen político patronal se apresta a discutir en el Congreso la reestructuración de la deuda con jurisdicción local y a entablar negociaciones con el Fondo y los bonistas internacionales para establecer nuevos plazos de pago. Ya ni siquiera se habla de una módica quita como hizo Ucrania, tal la idea con la que coqueteaban los referentes económicos del Frente de Todos. La orden del FMI fue iniciar una renegociación sin quita.

El juez Jorge Ballestero detectó 477 ilícitos en una causa iniciada por Alejandro Olmos sobre la constitución de la deuda de la dictadura genocida, entre ellos la nacionalización de deudas privadas, como la de la familia Macri, o el endeudamiento artificial de YPF. El caso fue enviado al Congreso, que nunca tomó ninguna acción con semejante investigación. Sin embargo, ese mismo Congreso votó pagar a los fondos buitre lo que dictaminó un juez de Nueva York. Ese pago contó con el aval, entre otros, de Sergio Massa, el reconvertido referente del Frente de Todos. En estas condiciones el Congreso va actuar como escribanía de los fondos buitres.

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En 2014, con la Ley de Pago Soberano se creó la Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Exterior de la Nación. Según relata Claudio Lozano, al 30 de noviembre de 2015, la comisión no se juntó nunca para “aprobar informe alguno”, lo cual da motivo a la publicación de su libro La deuda ilegítima.

Dentro del régimen político patronal no hay ninguna fuerza que esté dispuesta, ya no digamos a dejar de pagar, tal como plantea el Frente de Izquierda, sino ni siquiera plantear medidas mínimas como la suspensión de pagos y una auditoría. Existen numerosos fraudes a develar además del financiamiento de la fuga de capitales: ¿Se va a seguir honrando una deuda que en el macrismo de los orígenes comenzó a escalar por el pago a los buitres bajo el comando de los CEO que estaban de los dos lados del mostrador, siendo muchos de ellos exempleados de la banca internacional como el J.P. Morgan y el Deutsche Bank? ¿Se va a honrar el bono a cien años emitido por Luis Caputo en beneficio de un fondo de inversión del que fue parte integrante?

La izquierda plantea romper con el FMI, terminar con la estafa de la deuda y tomar medidas urgentes en favor de las mayorías. Como en diciembre de 2017 en rechazo del cambio en la movilidad jubilatoria, es necesario apostar a la movilización obrera y popular, el único lenguaje que entienden los poderosos que vacían el país.

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