Política Bolivia

CRISIS POLÍTICA EN BOLIVIA

Áñez ratifica a ministro de Defensa inconstitucionalmente

El ministro de Defensa, Fernando López, luego de faltar a 3 sesiones consecutivas a un acto de interpelación convocado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) fue censurado por la misma. Áñez tuvo que destituirlo de su cargo sin embargo, horas después volvió a posicionarlo. Más muestras de impunidad. Áñez y los golpistas no tienen nada que envidiar al MAS de Evo Morales.

Juana Runa

Militante de la LOR-CI y de Pan y Rosas

Miércoles 11 de marzo de 2020 | 14:00

Foto: EFE

La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) había convocado al ministro de Defensa, López, para que presente un informe de su gestión. López faltó 3 veces consecutivas al acto de interpelación lo que conlleva según el numeral 18, parágrafo 1 del artículo 158 de la Constitución Política del Estado, a la destitución del cargo. Claramente con una ALP que está conformada por 2/3 del MAS se conminó a que Áñez acate el mandato constitucional. Frente a esta situación Áñez optó por los mecanismos que fueron tan criticados al MAS, de utilizar de manera leguyela las normas. Es decir, en la forma destituyó a López del cargo, por lo tanto “cumplió con la sanción” sin embargo, al día siguiente en un acto en Palacio Quemado lo volvió a posicionar en el cargo señalando que ratificaba su confianza y destacando el rol de López en haber recuperado lo que el movimiento cívico, clerical, empresarial, policial y militar llama democracia.

En medio de las tensiones que generó la ausencia de López al acto de interpelación se conoció que el candidato del frente “Creemos” y uno de los artífices clave del golpe de Estado, Luis Fernando Camacho, señaló -según información difundida por el diario La Razón- en un programa con el periodista Carlos Valverde, que López no era su cuota sino de las FF.AA. Seguidamente en un video que circuló en redes sociales, Camacho admitió que el ahora exministro fue el nexo con los militares antes de la caída de Evo Morales; información que el propio López habría reconocido.

Hay que decir que es evidente la razón por la que López no asistió a la interpelación de la ALP ya que al hacerlo tendría que explicar el rol del Gobierno golpista con el uso de los aparatos represivos del Estado, policía y ejército, en las masacres de Sacaba, Senkata y Ovejuyo (zona Sur de La Paz) que dejó alrededor de 38 familias en luto, así como su rol en las cientos de detenciones arbitrarias contra gente humilde de El Alto y los casos de torturas producidos los primeros días del autodenominado Gobierno de transición. Cada vez es más difícil sostener que el brutal despliegue militar y policial que supuestamente era para defender a la población de los vándalos terroristas hace aguas. Pese al cerco mediático se empieza a conocer que las mujeres, madres, hermanas esposas que hoy lloran a sus muertos y las que sin parar por meses han venido luchando para exigir la liberación de sus detenidos son gente trabajadora y humilde. El desacato de López al llamado de la ALP también se explica porque se da en momentos que el Estado boliviano participaba de la 15 versión de la CIDH en Haití con el objetivo de lograr una reformulación del primer informe emitido por esta instancia en la que reconocía que en Bolivia luego del golpe de Estado se produjeron masacres.

No solo Áñez dispuso en su momento el DS N° 4078 que le sirvió para "pacificar" el país con bota militar y garantizar impunidad por los asesinatos. Decreto que fue derogado pero que consumó su objetivo luego de negociar dicha “pacificación” con el MAS, sino que hay otras medidas que fortalecen las fuerzas represivas para cuidar la "estabilidad" de su gobierno. Es el caso del DS N°4082 que dispuso un incremento de más de 5 millones de dólares para reforzar el presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a las Fuerzas Armadas y más recientemente, el 7 de febrero, el ministerio de Economía y Finanzas Públicas anunció la modificación del Manual de Operaciones del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), para que no exista obligatoriedad en el registro de las compras de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana, argumentando “razones de seguridad nacional y defensa de los intereses del Estado”.

En el acto del Palacio Quemado, Jeanine Áñez, señaló en su discurso que el MAS con el acto de interpelación a López “pretende desestabilizar a su gobierno y a la democracia”. A pesar de esta denuncia si algo es cierto es que el MAS con sus 2/3 se ha encargado permanentemente de negociar con los golpistas utilizando las masacres como moneda de cambio para hacerlo en mejores condiciones. A título de “pacificación” han derivado la crisis, abierta en el país luego de los comicios del 20 de octubre, a unas nuevas elecciones generales para el próximo 3 de mayo.

La ALP programó para este miércoles 11 de marzo las interpelaciones de las ministras de Comunicación, María Isabel Fernández; de Medio Ambiente y Agua, María Elva Pinckert, y de Desarrollo Rural y Tierras, Eliane Capobianco. El viernes sería el turno del ministro de Gobierno, Arturo Murillo quien al igual que López debe informar sobre los operativos desplegados en Senkata, El Alto y Sacaba.

El domingo el acto de interpelación convoca a Iván Arias; ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y finalmente el viernes 20 será el turno de Karen Longaric, ministra de Relaciones Internacionales.

Áñez al igual que Evo durante su Gobierno utilizan de manera leguleya las normas. Sin embargo, un matiz, Evo Morales lo hacía sosteniéndose en la legitimidad –cada vez más debilitada- que le daba el voto de la gente, Áñez en cambio, ni siquiera eso tiene, lo hace apoyándose en la “legalidad” de la bayoneta. Esto no justifica en absoluto a Evo Morales, es más, como hemos reiterado desde la LOR-CI no dimos ni antes ni ahora apoyo político al MAS pero esto no significa que no denunciamos la brutalidad y el giro profundamente reaccionario que de manera acelerada se instaló en el país luego del golpe de Estado.

La situación hace que nuevamente, en medio de una profunda crisis política expresada en la profunda polarización política y social que vive el país, surja con fuerza la idea del mal menor. El MAS mantuvo las leyes de flexibilización del trabajo así como diferentes mecanismos legales y de uso instrumental del aparato judicial y represivo para imponer sus medidas y por la vía de la coacción o la prebenda acallar la protesta social. Estos mecanismos son utilizados hoy por los golpistas a escala industrial y de manera acelerada lo que hace que en los diferentes sondeos de intención de voto le den el primer lugar al MAS con una diferencia de más de 10 puntos del segundo que para algunas encuestas ubican al candidato de la centro derecha, Carlos Mesa de Comunidad Ciudadana, y para otros, a la candidata del frente Juntos, Jenanine Áñez.

El escenario está abierto y lo cierto es que quienes hoy administran y controlan el Estado no estarán dispuestos a perder en las urnas lo que conquistaron en las calles de la mano de la policía y los militares.

Hay que seguir como se desarrollan los siguientes actos de interpelación. La presidenta de la cámara de senadores Eva Copa criticó la restitución de López; señaló que Áñez pisoteó la constitución y que “(…) para nosotros el Ministro de Defensa es el exministro y todo lo que haga es nulo de pleno derecho y está usurpando funciones y será la Cámara Baja la que tendrá que iniciar los procesos correspondientes.






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