Géneros y Sexualidades

FEMINICIDIOS

Alertas de género, una solución que queda pequeña ante un problema estructural

A casi seis meses de la implementación de la ley de Alerta de Género en el departamento de Tarija se puede evidenciar que la misma no viene cumpliendo los objetivos trazados. Reflexionamos acerca de los problemas estructurales del machismo en nuestra sociedad.

Dalila Fabreger

Militante de Pan y Rosas

Sábado 1ro de junio | 08:59

Foto: redes sociales

El fracaso particular

Una ola de feminicidios en un lapso corto de tiempo, dio lugar a que el año pasado se establezca en el departamento de Tarija la ley 363 “LEY DE DECLARATORIA DE ALERTA POR VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA”. Esta ley, correspondiente a las normativas que delimita la SIPPASE (Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la violencia en razón de género), permite asignar un presupuesto especial al departamento para adoptar medidas de emergencia que tiendan a la disminución de la violencia de género.

Entre estas medidas se encuentran:

  •  Fortalecer los SLIM (Servicio Legal Integral Municipal), con personal capacitado en temas de género.
  •  Implementar un sistema de monitoreo y evaluación que provea información cualitativa sobre la violencia hacia las mujeres.
  •  Conformar una Comisión Interinstitucional para poder implementar, coordinar, y dirigir campañas departamentales de prevención y sensibilización orientada a disminuir el índice de casos.

    Sin embargo, a medio año de que se haya promulgado dicha ley, aún no se ven resultados positivos, por el contrario, en las pasadas dos semanas se dieron dos casos, uno de feminicidio, y otro de suicidio a raíz de una violación, que dejan al desnudo las fallas en el sistema judicial, el Slim y las autoridades. En el primer caso, Teresa Rodríguez, mujer de 41 años que fue asesinada por su esposo, había hecho ya varias denuncias por violencia doméstica, que no fueron debidamente tomadas en cuenta ni atendidas por la justicia patriarcal en la que vivimos, lo que derivó finalmente en el hecho trágico y en la fuga del feminicida que, hasta el momento, sigue prófugo.

    En el segundo caso, una joven se quitó la vida a raíz de una violación sufrida en el mes de enero, que la sumió en la depresión y en la tristeza crónica, más aún después de constatar que el violador seguía libre y que la justicia no avanzaba para ella, a pesar de sus denuncias. Tampoco nadie le brindó ayuda psicológica y fue el sistema mismo el que terminó arrojándola a tomar esta decisión drástica. A estos dos casos se suman dos anteriores feminicidios ocurridos en el año dentro del departamento.

    ¿Qué es lo que falló en esta ley de alerta? Una respuesta inmediata sería que, más allá del presupuesto asignado, no existen recursos humanos, es decir, gente realmente capacitada para llevar a cabo las acciones que propone dicha ley. Sin embargo, el problema es mucho más profundo; la razón por la que esta alerta estaba destinada a fracasar desde antes de ser implementada se puede rastrear desde el mismo sistema del que hacemos parte todos.

    El problema estructural

    Esta ley de alerta tuvo su primera experiencia y su primer fracaso en México. Sin embargo, este choca con una estructura judicial corrompida hasta la médula, patriarcal y al servicio de los poderosos y ese es el primer punto al que se debería prestar atención a la hora de establecer estas políticas. Una alerta de género, tal y como está planteada por el SIPASSE, presupone la colaboración del aparato judicial y no solamente eso, sino que pretende que, a través de “capacitaciones” realmente se va a poder incorporar el “enfoque de género” a instituciones históricamente machistas como es, por ejemplo, la policía.

    Las reformas en el código penal, que han logrado las mujeres a raíz de la lucha contra la violencia machista, no han tocado el sistema que sostiene al aparato judicial. Pese al aumento del enfoque punitivista desde el Estado, las mujeres aún siguen siendo violentadas y asesinadas y, además, revictimizadas en los juzgados y estaciones policiales.

    Muchas veces, a raíz de las frustraciones y los largos procesos que tienen que llevar las mujeres y las familias de las víctimas para obtener justicia, la lucha se queda en la obtención de pena máxima para el sujeto en particular que llevó a cabo el delito, sin profundizar en el hecho de que el feminicidio es el final de una larga cadena de violencias que el Estado permite y hasta legitima, donde las víctimas siguen y seguirán en la indefensión a raíz de un sistema que no las toma en cuenta, y que luego pretende erigirse como justiciero ante una circunstancia particular.

    Como dijo Andrea D’Atri, fundadora de la agrupación feminista socialista Pan y Rosas, es imposible dentro del sistema judicial en el que vivimos, sentar al patriarcado en el banquillo de los acusados. La justicia se centra en casos particulares, no le conviene profundizar en el problema, considerando que se encuentran muy cerca del corazón podrido de la manzana. Además, al centrarse en el castigo en un sujeto particular, proponiéndolo como un “inadaptado”, “un enfermo mental”, “criminal”, escinde de algún modo el problema de fondo del cual emergen estos sujetos, que son “sanos hijos del patriarcado”.

    Aún podemos profundizar más, pues sabemos que los tres poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, hacen parte del Estado que, en una sociedad capitalista, no es neutro, sino absolutamente burgués, garante de la explotación y de la propiedad privada por medio de la violencia. ¿Es a este estamento al que le pedimos que nos garantice una vida libre de violencia hacia las mujeres?

    Es utópico pensar que con “capacitaciones” o una “educación con perspectiva” de género en instituciones como el sistema judicial, las fuerzas represivas del Estado, etc., que son las mismas que legitiman y sostienen este orden social basado en la violencia y en la explotación, pueda solucionarse el problema.

    Demás está decir que en un plan a corto plazo no se contempla en absoluto la Educación Sexual Integral en los colegios, la enseñanza no machista ni sexista, la lucha contra los estereotipos de género desde la más temprana edad. Algo que es fundamental para que la sociedad deje de seguir reproduciendo machistas. La educación es algo que se va adquiriendo a lo largo de la vida, no se puede adquirir con un par de talleres y capacitaciones que, al final del día, solo sirven para justificar el uso de un presupuesto que hay que utilizarlo en un plazo sea como sea.

    Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos no es ¿por qué no funciona determinada alerta de género?, sino ¿estamos enfocando correctamente el problema? No son sujetos particulares, es un sistema que los legitima. Es más, al llevarnos a enfocar la lucha en casos e individuos concretos, perdemos un gran horizonte político. Esto no quiere decir, bajo ningún punto de vista, que dejemos de acompañar a las víctimas en la búsqueda de justicia, pero significa que no debemos perder de vista contra quién es que luchamos principalmente y a quién debemos responsabilizar en última instancia por esta larga cadena de violencia que culmina en el feminicidio: el Estado capitalista y garante del orden burgués y patriarcal.

    El mismo Estado que, junto con la policía está metido en las mismas redes de narcotráfico que realizan la trata de mujeres y niñas, que socapan a la iglesia y todos sus crímenes, que condenan a cientos de mujeres a morir en la clandestinidad por causa de la penalización del aborto.

    Reforma o Revolución

    Por lo dicho, desde Pan y Rosas creemos que no hay reforma posible de un sistema cuyas bases son el Estado capitalista, las fuerzas represivas y el régimen judicial y penitenciario. La única salida posible es enfrentar directamente este régimen patriarcal que se sustenta en el capitalismo. Debemos buscar métodos de lucha que no se enmarquen dentro de los mismos métodos que utiliza el sistema opresor, o que sean delimitados por este: exigir una educación sexual integral y laica en los colegios y escuelas, cambiar el sistema judicial de manera que los jueces sean elegidos democráticamente por el pueblo y no puestos a dedo por el ejecutivo, que se establezcan comisiones de protocolo, como propuso Andrea D’Atri, para intervenir en casos de violencia que se den dentro de las instituciones educativas, laborales y sindicales y que existan comisiones de mujeres dentro de todos estos espacios.

    Recalcamos una vez más que, la violencia hacia las mujeres también es parte de un sistema capitalista estructuralmente violento en donde una minoría explota a millones para su beneficio. Pero que esto, unido al sistema patriarcal, nos supone a las mujeres a una doble y triple explotación, además de una exposición mayor a la violencia machista. Debemos derrocar ambos sistemas, pues se alimentan mutuamente y eso no se dará a través de pequeñas reformas, sino a través de una revolución que mueva los cimientos mismos de esta sociedad.

    "La violencia contra las mujeres está inscrita en relaciones de dominación patriarcal. Estas relaciones patriarcales están basadas en el dominio de los varones heterosexuales adultos sobre las mujeres y las niñas y niños. La violencia es constitutiva de toda política de opresión y sirve, en el caso de la opresión de género, para reafirmar la posición de inferioridad social y sexual de las mujeres. No se trata de problemas aislados, de patologías individuales, de personas inadaptadas, como muestran las concepciones ideológicas hegemónicas. Se trata de una cuestión estructural, constitutiva de la dominación. De allí que poner fin a la violencia no puede ser el producto de algunas reformas legales más algo de asistencia y una pizca de psicoterapia, sino de un cambio de raíz en las relaciones de poder patriarcales."(M. Bellotti y M. Fontenla: “Políticas feministas antiviolencia y estrategias legales”, Travesías, CECyM, 1995.)






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